El Supremo pide a Fiscalía que informe sobre 15 querellas y 36 denuncias contra Moncloa

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha solicitado este jueves informe a la Fiscalía sobre competencia, posible acumulación y fondo del asunto de un total de 51 denuncias y querellas formuladas desde la declaración del Estado de alarma hasta la fecha contra miembros del Gobierno en relación con la crisis del coronavirus. Tras recibir el informe del fiscal, la sala decidirá lo que proceda. Se trata, en concreto, de 36 denuncias y 15 querellas.

Así, la cuestión sobre si se debe o no investigar al presidente del Gobierno y otras personas del Ejecutivo o dirigentes de comunidades autónomas como la de Madrid por la gestión frente a la pandemia queda en manos del departamento que dirige la exministra de Justicia Dolores Delgado, ahora fiscal general. Como adelantó El Confidencial, Delgado no intervendrá en la decisión respecto a qué criterio debe defender el Ministerio Público. Fuentes de su departamento aseguran que la que fuera ministra de Justicia "no tocará un papel" relacionado con las acciones penales dirigidas contra sus anteriores compañeros, al considerar que concurren en este caso causas de abstención.

Los motivos para inhibirse se encuentran reflejados en la Ley Orgánica del Poder Judicial donde se prevé, como motivo para apartarse de determinados asuntos, el hecho de haber ocupado un cargo público "con ocasión del cual haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo". En este caso, y durante su etapa como ministra, Delgado no intervino en nada relacionado con la crisis sanitaria —posterior a su mandato—, pero su simple cercanía a los miembros del Ejecutivo se considera ya motivo suficiente para que no sea consultada sobre el criterio a adoptar.

No obstante, un sector crítico de la Fiscalía reclamaba que ese posicionamiento —que tendrá que determinarse en las próximas semanas— fuera avalado por la cúpula fiscal a través de la Junta de Fiscales. La fiscal general no se plantea, sin embargo, solicitar esta opinión y serán los fiscales a los que se designe para llevar los asuntos los que abordarán cada uno de ellos siguiendo su criterio particular. En el Tribunal Supremo, el reparto de los procedimientos no sigue un orden predeterminado. Es decir, no se asigna a cada miembro de la Fiscalía un caso u otro por azar, por ejemplo, siguiendo el número de diligencias, como ocurre en otros tribunales, sino que se atribuyen valorando las cargas de trabajo o la especialidad de cada fiscal de entre la treintena que integran el departamento. Pesa en la decisión la opinión del teniente fiscal, Luis Navajas, y de los actuales tres jefes de Penal.

Los críticos consideran que este sistema tiene agujeros. Propicia, aseguran, que se ponga en duda la independencia de las decisiones y que sean personas más afines a una determinada postura las que se hagan cargo de las causas. Este es uno de los motivos por los que algunos fiscales defienden que, en un asunto de esta trascendencia, debe ser la Junta de Fiscales de Sala quien siente el criterio por mayoría. Con esta unificación, explican, se establecería la opción tras oír a los especialistas, para que la respuesta ofrecida sea "rigurosa y técnica".

El medio centenar de denuncias y querellas acumuladas pueden dividirse por los hechos denunciados. Algunas de ellas se presentaron por la manifestación del Día Internacional de la Mujer y la decisión de no prohibirla solo unos días antes de la alarma, otras, por la ocultación de información y sus consecuencias: contagios generados por falta de datos. También se han denunciado el retraso en la compra y distribución de material de protección, la opacidad en las compras del mismo o de test y respiradores. Las muertes en las residencias de ancianos por la 'selección' de pacientes en las UCI y el rechazo de los ancianos con patologías previas o edades avanzadas también se han denunciado de forma masiva.