¿Por qué la arcoíris no puede ondear en Cádiz y sí en Alcalá? Lío en los tribunales

La Asociación Española de Abogados Cristianos ha comenzado una ofensiva en los tribunales para conseguir que se retire la bandera arcoíris de las fachadas de edificios públicos. La organización ha presentado escritos en diversos juzgados de España para que se quite este símbolo de las instituciones, peticiones que han recibido respuestas distintas en función de cada magistrado: en Valladolid y Cádiz, han logrado su objetivo y diputación y ayuntamiento, respectivamente, han retirado la bandera, mientras que en Alcalá de Henares han rechazado su solicitud y la arcoíris sigue ondeando en el consistorio. Entre los escritos que todavía no han recibido respuesta, destacan dos que presentaron ante el Tribunal Supremo, cuya postura sentará jurisprudencia respecto al uso de esta bandera en edificios públicos.

La asociación apoya precisamente su postura en una reciente sentencia del Supremo sobre la exhibición de banderas en edificios públicos: el 26 de mayo, el alto tribunal notificó una sentencia que anulaba un acuerdo de 2016 del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con el que se acordó mostrar la bandera de las siete estrellas verdes frente al consistorio, para lo que argumentaba que "no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos". A la vista de este razonamiento, la asociación de Abogados Cristianos presenta la arcoíris como "bandera no oficial" y pide su retirada.

"Esa sentencia se refiere a una bandera muy concreta que se identifica con el movimiento para la autodeterminación del archipiélago canario, que es un movimiento independentista que incluso llegó a hacer actos terroristas", explica Carlos Viader, juez y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. "Cuando salió la sentencia, muchos empezaron a usarla contra la arcoíris, pero yo considero, y es mi opinión, que se pueden utilizar banderas mientras representen valores constitucionales", añade. Ignacio González, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, muestra una postura similar: "Creo que desde las instituciones se promueven valores constitucionales como el de igualdad y no discriminación. Por tanto, tratar de equiparar la arcoíris con una ideología no creo que sea correcto".

Abogados Cristianos, sin embargo, ya ha conseguido dos resoluciones a su favor. La primera, el 26 de junio, cuando el juzgado de lo contencioso número 1 de Cádiz requirió al ayuntamiento que retirara la arcoíris. En el auto, el juez explica que "no podrá ondear en el exterior de las fachadas del edificio de la Casa Consistorial y del resto de edificios, instalaciones y centros públicos municipales ninguna otra bandera distinta a la bandera correspondiente a la nación española, a Andalucía, a la ciudad de Cádiz y a la Unión Europea". El magistrado destaca además que "no puede atribuírsele la representatividad de todo un pueblo o nación". Tres días después, el 29 de junio, el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Valladolid admitió a trámite el escrito de la asociación y la diputación retiró también su arcoíris.

A diferencia de estos dos magistrados, el titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, desestimó el escrito en el que la asociación de Abogados Cristianos pedía que se retirara la arcoíris del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. "No es propiamente una bandera, sino una colgadura, y por tanto, no entra en competencia con la bandera de España", sostiene el magistrado. El auto destaca además que existe "una práctica inmemorial en España de colgar reposteros [“paño cuadrado o rectangular con emblemas heráldicos”, según el DRAE], mantones de Manila y otras telas emblemáticas de los balcones, incluidos los de edificios oficiales, con motivo de fiestas o conmemoraciones", por lo que considera que extender el caso de la bandera canaria a todos los símbolos resulta peligroso.

La retirada o no de la arcoíris de los edificios públicos se reduce así a la interpretación de cada magistrado. Como no todos asumen la sentencia que el Supremo emitió el pasado mayo de la misma forma, resultará clave la respuesta que el alto tribunal dé a dos escritos en los que la asociación de Abogados Cristianos pide que se retire la bandera arcoíris del Congreso y del Ministerio de Igualdad. "Espero que sirva para poner término a esta cuestión y se unifiquen criterios", argumenta González. Viade muestra la misma postura, pero subraya que la jurisprudencia no es fuente del Derecho: "Sirve de orientación, pero un juez no prevarica si dicta una resolución que se aparta del Supremo". La postura del alto tribunal, por tanto, servirá como base, pero nada impedirá que en los próximos años se repita la misma polémica con resoluciones distintas.