El Gobierno no atiende la petición de ERC: presentará los PGE sin esperar a las catalanas

Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se llevarán al Congreso "en tiempo y forma". O sea, a finales de septiembre. Es la intención que tiene la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Gobierno no piensa por ahora en retrasar el calendario para dejar que pasen las elecciones autonómicas catalanas, previstas para el otoño, y así liberar a ERC de la presión. El Ejecutivo insiste en que unas nuevas cuentas públicas de reconstrucción del país tras la pandemia del covid-19 son necesarias "ya".

Cada día que pasa, la coalición gubernamental ve más complicado contar con los de Oriol Junqueras de cara a los PGE, precisamente por el clima preelectoral que ya se ha instalado en Cataluña, ya que el 'president', Quim Torra, previsiblemente será inhabilitado por el Tribunal Supremo en septiembre. De ahí que abunden los comentarios, por parte de ministros socialistas y del propio presidente, Pedro Sánchez, de que en Ciudadanos, el socio alternativo, sí observa un "cambio de actitud" que agradece. El Ejecutivo seguirá jugando a las dos barajas, la de ERC y la de Cs, mientras pueda, porque aún queda tiempo para que las cuentas de 2021 lleguen a la Cámara Baja, pero sí va lanzando mensajes de aviso a los republicanos.

Tras el Consejo de Ministros de este martes, Montero fue preguntada si contemplaba ese posible retraso en la presentación de los PGE para dar tiempo a ERC a que pasen las elecciones catalanas y se estabilice el escenario político. Porque la formación independentista entiende a su vez que ayudar a Sánchez, en un contexto previo a unas autonómicas y con JxCAT remando a la contra, puede ser peligroso para sus intereses en las urnas, en las que su objetivo es lograr la hegemonía dentro del campo secesionista. Por eso fuentes del partido habían deslizado la opción de un aplazamiento como una posible salida. "Este país necesita unas cuentas públicas y las necesita ya. El Gobierno evidentemente va a dialogar con todas las formaciones políticas para presentar las cuentas en tiempo y forma", señaló.

El Gobierno está pendiente de que se despejen dos incógnitas: la concreción de la ayuda europea y que se ajusten las previsiones de caída del PIB

La ministra de Hacienda argumentó que aún no hay "certeza" de cuándo serán los comicios en Cataluña, porque ni siquiera están convocados, pero el Gobierno se moverá bajo otras claves: comenzará a dialogar con los partidos cuando tenga "despejadas" dos incógnitas básicas: cuál será la aportación europea —España está a la espera de que se concrete el fondo de reconstrucción europea, del que espera recibir unos 140.000 millones, entre transferencias y créditos— y cómo se ajustan las previsiones de caída del PIB. "Ahí empezaremos a trabajar con las formaciones políticas, también con ERC", aseguró.

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Mirando a la Comisión de Reconstrucción

Montero defendió que es "impensable" que sigan vigentes los Presupuestos de 2018, los últimos que elaboró Cristóbal Montoro antes de la moción de censura que ganó Sánchez. "Lo sabe hasta el PP", apostilló. Porque la reconstrucción del país, añadió, no puede hacerse desde unas cuentas diseñadas hace más de dos años y en un contexto completamente diferente.

Antes de que sobreviniera la crisis del covid, Hacienda era muy insistente: solo llevaría los PGE al Congreso si amarraba previamente los apoyos. Este martes, Montero fue preguntada sobre esta misma posición y no fue tan rotunda. Sí reconoció que todavía no hay partidos políticos que hayan anticipado que vayan a respaldar un proyecto de ley que aún ni ha comenzado a redactarse, aunque el Gobierno sí tiene la "esperanza en muchas formaciones" que han expresado su "utilidad". Otra nueva referencia al papel que ahora quiere ejercer Cs.

Lo que el país necesita, siguió, es que los principales partidos se pongan de acuerdo para alumbrar unas cuentas públicas "cuanto antes", para que "haya creación de empleo, acceso a los servicios públicos de calidad y que el tejido productivo siga creciendo". Y se corrija la desigualdad, para que "nadie quede atrás". Para ese objetivo, reiteró, los PGE son "claves", pues son la herramienta "más efectiva de un Gobierno" para "cristalizar" las prioridades señaladas por los grupos parlamentarios y que han de "dimanar de la Comisión de Reconstrucción del Congreso". "Si no hay nuevas cuentas públicas, podrá haber expresiones, pero no serán realidad porque no habrá las herramientas necesarias".

La mano del Ejecutivo sigue tendida, incluido al PP, señaló, así que lo que el Gobierno espera es que "no se autoexcluya ni ponga líneas rojas". En todo momento, la ministra agradeció la "predisposición" de Ciudadanos para llegar a acuerdos con Sánchez. La siguiente prueba del acercamiento de socialistas y naranjas llega en estos días, cuando se pacten las conclusiones en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. El Ejecutivo quisiera que el consenso se ampliase al PP, pero ve complicado que vaya más allá de la cuestión sanitaria y de la UE, mientras que con la formación de Inés Arrimadas ve más sencilla la cooperación en el documento de reactivación económica.

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Tras las vascas y gallegas del 12-J

Cs, como informaba este diario, se postula para ser el socio prioritario del Gobierno si este abandona su idea de convocar la mesa de diálogo. Pero la Moncloa no renuncia a ella, porque, como reiteró la ministra, está plenamente convencido de que la única salida posible para resolver el conflicto en Cataluña es el diálogo. Ahora bien, aún no hay fecha para el segundo encuentro.

Montero agradece la "predisposición" de Cs para entenderse con el Gobierno y subraya que no es momento de "vetos cruzados" tras la pandemia

Montero señaló que, una vez superado el parón por la pandemia, el Ejecutivo quiere retomar los asuntos pendientes de la agenda política. "El presidente ya anunció que no tendría ningún inconveniente de reunirse a lo largo de julio", recordó. "Y parece oportuno que sea tras los encuentros electorales en el País Vasco y Galicia", añadió. La portavoz dejó muy claro, por tanto, que la mesa no se reunirá en la primera quincena de julio, sino en todo caso en la segunda, ya que tampoco la Moncloa ve oportuna una nueva cumbre antes del homenaje a las víctimas del covid-19, que será el día 16. Todo queda condicionado, lógicamente, a que la situación epidemiológica esté controlada, como hasta ahora. "Si eso varía, la agenda política también lo haría".

También la ministra deslizó que si no se ha señalado fecha es porque no hay siquiera acuerdo entre los socios del Govern. La Generalitat "tendrá que decidir" igualmente, dijo, y determinar si la quiere para julio. Es decir, que otro de los obstáculos es que Torra no está remando a favor.

En todo caso, Montero, y en respuesta a Cs (y a ERC), insistió en que "no es momento de vetos cruzados", sino de que los partidos se fijen más en aquello que les une que en lo que les separa y que se aparquen "diferencias históricas".

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"Irresponsable alentar falacias"

La portavoz se dirigió desde el comienzo de la rueda de prensa al PP, que ha cargado insistentemente contra el Gobierno por no poner los controles necesarios para impedir la entrada de casos importados a través de puertos y aeropuertos. Especialmente lo ha hecho la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha exigido un plan Barajas con test a los viajeros. Pero también el socio de Ayuso en Madrid, Ignacio Aguado (Cs) o el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), han demandado la realización de pruebas diagnósticas.

"Flaco favor hacen al turismo y a nuestra economía quienes día a día ponen en duda que se estén realizando los controles necesarios", denuncia

Montero adujo que ya se hacen controles visuales, documentales y de temperatura en los aeropuertos, "en consonancia" con las recomendaciones de la Comisión Europea, y en colaboración con la Agencia de Seguridad Aérea y el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades (ECDC). "Flaco favor hacen al sector turístico y a nuestra economía quienes día a día ponen en duda que se estén realizando los controles necesarios", arremetió. Para la portavoz, no es admisible una actitud de protesta permanente "sin importar si su afán de crítica al Gobierno se lleva por delante a miles de empresas que viven del turismo en nuestro país".

Es más, el Gobierno entiende que es "irresponsable alentar falacias" como que son precisas las PCR, cuando estas, que son las pruebas más fiables, son "la foto fija de un momento, de un instante" y por eso la UE "no las recomienda de forma genérica en el control del tránsito". Para la portavoz, "lo que de verdad importa" es que el Ejecutivo ha trabajado con el sector y con los demás países socios para alumbrar unas medidas "viables y útiles" para hacer un seguimiento temprano de la propagación del virus. Medidas que han sido pactadas, por tanto, con la Unión y que se están aplicando "a rajatabla en frontera" gracias a la acción de Sanidad Exterior y de las comunidades autónomas.

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La portavoz explicó que este martes el BOE publica una orden "de forma precautoria" firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para prorrogar una semana más, hasta el 8 de julio, la restricción de entrada de viajeros de países no Schengen a la espera de que la UE cierre las recomendaciones y la lista de 15 países cuyos residentes podrán acceder al territorio comunitario. Si este martes se cierran las recomendaciones en el ámbito europeo, entonces la orden de Interior se publicaría mañana en el BOE para que entrase en vigor la apertura limitada de fronteras a terceros países el 2 de julio. Si hubiera otro retraso más, se produciría al día 3. Es decir, que habrá una ligera demora respecto al calendario previsto debida a la dificultad que han tenido los Veintisiete para cerrar una relación conjunta de países.

En principio, esta lista incluye a estos 15 países: Tailandia, Argelia, Australia, Canada, Corea del Sur, Japón, Georgia, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Túnez, Uruguay, Marruecos y China. Este estadillo se ha realizado en función de criterios epidemiológicos, de suerte que tendrán acceso a la UE aquellos países que registrern en torno a 16 casos por 100.000 habitantes, y también se ha tenido en cuenta la fiabilidad de los datos y la tendencia descendente. En el caso de China, se exigirá reciprocidad (que los turistas europeos puedan entrar en el país), y con Marruecos el Gobierno está hablando para que el tránsito se haga en las condiciones de seguridad sanitaria máxima. Rabat suspendió la Operación Paso del Estrecho (OPE) porque consideraban que aún no se daban los requisitos, pero si considera que se puede reactivar, los dos ejecutivos estarán en contacto para establecer las medidas necesarias.