Balance de más de dos años de los papeles de ETA que entregó Francia: ni un caso resuelto

El 5 de febrero de 2018, Francia envió a España dos camiones con armas y toneladas de documentación incautadas en decenas de operaciones policiales contra el entramado de la banda terrorista ETA durante los últimos años. Era la primera entrega masiva de material por parte de las autoridades galas y tenía como fin impulsar algunos de los 379 casos sin resolver —según contabilizó la asociación de víctimas Dignidad y Justicia— que se encontraban atascados en la Audiencia Nacional desde hacía años.

La ingente cantidad de documentos que llegó a España fue derivada a los servicios antiterroristas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Ambos cuerpos se repartieron el material para analizarlo con orden y luego compartir la información obtenida con objeto de tratar de encontrar pistas que pudieran esclarecer los mencionados asuntos estancados en los tribunales. En paralelo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió dedicar a varios miembros del ministerio público a trabajar en la resolución de estos procedimientos con base en la mencionada documentación.

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Dos años y medio después de la llegada de la mercancía, sin embargo, las autoridades judiciales no han resuelto uno solo de los 379 casos que estaban sin autor conocido a principios de 2018. Así lo confirman desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que incluso desvincula de este proceso de análisis e investigación el caso del asesinato en 2000 del funcionario de prisiones Máximo Casado. Aquel procedimiento llegó a buen puerto gracias a una pericia caligráfica sobre una fotocopia que identificó al autor. Gracias a la nueva documentación, se hizo la misma pericia sobre el original, pero venía a confirmar las mismas conclusiones, con lo que no puede considerarse un asunto resuelto gracias al material entregado por Francia.

El resto de causas siguen empantanadas en la Audiencia. No hay ninguna que esté más avanzada, señalan las mismas fuentes de la Fiscalía, que sí admiten que la mercancía que vino de las autoridades galas más prometedora en términos investigativos es la informática. En ella, se han encontrado documentos que podrían abrir nuevas líneas de pesquisas que apuntan a la identificación de personas vinculadas con determinados atentados que anteriormente no habían sido relacionadas con estos actos terroristas. En esta vía, añaden desde el ministerio público, aún se está trabajando.

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Las mismas fuentes explican que aún queda "muchísimo" material por analizar, que se estudiará todo, pero que todavía es necesario dedicar mucho esfuerzo y trabajo para hacerlo. Otras fuentes aseguran que entre el material que llegó en los dos tráileres mencionados no había ningún vestigio o dato relacionado con balística, huellas dactilares o restos genéticos, aspectos que hubieran permitido hacer avanzar los procedimientos de forma clara. Primaba, por el contrario, mucha documentación sobre actas y comunicaciones internas entre la cúpula de la banda y sus comandos.

Esto último sí que permitiría actuar contra los máximos responsables de la organización terrorista, como han pretendido algunas organizaciones de víctimas del terrorismo, pero no tanto contra los que apretaron el gatillo, los denominados autores materiales de los atentados, ya que un análisis exhaustivo de estas comunicaciones podría arrojar luz sobre posibles órdenes de asesinar realizadas por los jefes para que las ejecuten los subordinados. Esta vía más posible, sin embargo, tampoco ha visto la luz en los análisis que dirige la Fiscalía de la Audiencia Nacional con el apoyo de los servicios de Información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que siguen estudiando la ingente documentación intervenida por las autoridades galas.

Los casos sin resolver de ETA han llegado hasta el Parlamento Europeo, que aprobó recientemente enviar una misión a España con el fin de investigar por qué sigue habiendo tantos asesinatos sobre los que no existe autor conocido. Además, los tribunales de Argentina mantienen una causa abierta que indaga dos de esos asuntos por la comisión de un presunto delito de lesa humanidad. La asociación Dignidad y Justicia denunció el asunto al otro lado del Atlántico ante la negativa de la Audiencia Nacional a hacerlo en España.