El edil de Cs que cobraba como alta dirección subió la tarifa del agua un 350% ilegalmente

El ahora edil de Ciudadanos en la localidad madrileña de Boadilla de Monte Alejandro Corral subió ilegalmente la tarifa del agua entre 2010 y 2013, hasta un 350%, a más de un millar de habitantes, cuando dirigía la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) del ayuntamiento junto a los políticos del PP que, posteriormente, fueron vinculados a la trama Gürtel. Así lo ha determinado el Juzgado Contencioso Administrativo 25 de Madrid, en una sentencia dictada el pasado 3 de junio, en respuesta a la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos Afectados por la EMSV del Olivar de Mirabal.

El juzgado, que estima el recurso de los demandantes, ha declarado "nulas" las tarifas del agua "impuestas de forma unilateral" por el ente municipal de aquel momento y ha ordenado que se apliquen de forma retroactiva "los precios legalmente vigentes" antes de junio de 2010, que fue cuando entraron en vigor las subidas ordenadas por Corral. "Las tarifas a abonar desde junio de 2010 hasta la aprobación de las nuevas tarifas el 26 de julio de 2013 son las vigentes con anterioridad a junio de 2010", sentencia con claridad la resolución firme, que impone al Ayuntamiento de Boadilla como denunciado 600 euros en concepto de costas del procedimiento.

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El Juzgado Contencioso 25 de Madrid "no aprecia" la existencia de responsabilidad patrimonial, al considerar que algunos vecinos dejaron de pagar las cuotas en forma de protesta cuando tuvo lugar la subida de tarifas. "No consta que se hayan abonado los recibos con las tarifas de junio de 2010 hasta la aprobación de nuevas el 26 de julio de 2013", explica la sala que, sin embargo, matiza que "la pretensión de la asociación de vecinos no es únicamente que se declare la responsabilidad patrimonial, sino también que se declare la nulidad de las tarifas impuestas de forma unilateral" entre junio de 2010 y agosto de 2013.

La subida de tarifas, añade la resolución, fue realizada al margen del consejo de administración de la EMSV y del pleno municipal. "No se ajusta a lo aprobado posteriormente mediante acuerdo del pleno municipal" ni a lo publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, resalta la sala. "Simplemente se envía una carta a cada miembro de la urbanización en la que se dice que las tarifas aplicables son las del Canal de Isabel II", relata la sala, que reconoce que las tarifas no estaban autorizadas por la Comisión de Precios del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid. "Aprueban unas tarifas en el pleno que no es cuestión controvertida que son inferiores a las que venía aplicando", insiste la sentencia, cuya ejecución se torna complicada, ya que hay multitud de casuísticas en torno al tema. Los perjudicados podrían reclamar daños y perjuicios, pero todos ellos tienen tarifas diferentes.

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Algunos abonaron religiosamente sus obligaciones, pero otros se negaron para mostrar abiertamente su rechazo a la subida. De estos últimos, algunos se pusieron al día cuando la nueva corporación municipal bajó de nuevo las cuotas. Las fuentes consultadas apuntan que la cifra que el consistorio tendría que reclamar ahora por impagos supera los 400.000 euros. Añaden, sin embargo, que son más los que cumplieron con los pagos en todo momento.

Desde el grupo municipal del PP, que sostiene el Gobierno de Boadilla con mayoría absoluta, valoran a El Confidencial que la sentencia era previsible. “Viene a confirmar lo que ya sabíamos, que Corral actuó de manera ilegal", subrayan los populares. "Desde que llegó el nuevo equipo de gobierno, ya no es el gerente de dicha empresa y en 2013 se regularizaron los precios; bajamos las tarifas que él había fijado sin pasarlas por pleno ni por consejo de administración”, aseguran. “Quizá la subida del precio del agua que impuso a los vecinos pueda explicar la alta indemnización que se llevó Corral cuando se le despidió de dicho organismo, un blindaje vergonzoso cuando se trata de un organismo público”, añaden desde el PP.

Corral, por su parte, explica a El Confidencial que "respeta y acata" la sentencia, pero asegura que echa de menos que esta recoja el contexto que dio lugar a la modificación de las tarifas. "Los pozos que habían suministrado agua hasta ese momento colapsaron", explica. "Para garantizar el suministro, tuvimos que comprarla al Canal de Isabel II", añade el exgerente de la EMSV, que afirma que la nueva situación transformó la empresa municipal en "intermediaria" del Canal. La urbanización, agrega, pasó de suministrar a consumir, por lo que había que aplicarle nuevos precios. "¿Qué tarifa había que aplicarle?", se pregunta antes de responderse a sí mismo. "Pues la correspondiente a lo que nos costaba a nosotros el agua", justifica Corral, quien asegura que durante tres años esa urbanización recibió el suministro cinco veces más barato de lo que le correspondía y que eso conllevó unas pérdidas para las arcas públicas, que fueron las que asumieron ese déficit, de 800.000 euros. "El resto de vecinos del municipio sufragaba el coste a los de esa urbanización, y eso no podía ser", argumenta.

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Según contó El Confidencial el pasado enero, el Juzgado Contencioso Administrativo 33 de Madrid declaró nulo el pasado 5 de diciembre el acuerdo plenario de 2 de julio anterior por el que la EMSV nombraba su consejo de administración, que los populares (con 15 de los 25 concejales) habían conformado con una docena de consejeros afines. Otro edil de Ciudadanos, Alejandro Alberto, había pedido a la Justicia que ordenara que el ayuntamiento "adoptara un nuevo acuerdo respetuoso con el derecho de participación política" y esta le dio la razón, lo que conllevó la vuelta de Corral a la que había sido su casa entre 2009 y 2012, época en la que estuvo como gerente y que siguió a la etapa posterior al estallido de Gürtel, que derivó en el procesamiento del entonces alcalde, Juan Siguero. Corral regresó como consejero.

En 2012, fue cesado por el regidor que ganó las elecciones en 2011, Antonio González Terol, hoy diputado en el Congreso. Aquel despido costó 94.000 euros al consistorio. La EMSV está personada como acusación en el caso Gürtel y ha pedido penas elevadas para el que fue jefe de Corral, el exalcalde Siguero. Corral se pasó a Ciudadanos en mayo de 2019. El partido lo fichó y lo colocó como número cuatro en las listas por Boadilla, donde los naranjas obtuvieron seis escaños. Además de consejero de la EMSV por orden del mencionado Juzgado Contencioso 33 de Madrid, el edil trabaja en el departamento de servicios jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo del Ayuntamiento de Madrid.