10 años después de captar inversores famosos

El pufo de la energía Kurata: los vips de Finca llevan al banquillo la inversión de 29 millones

Un hermano del arquitecto Joaquín Torres afirmó que había gastado 100 millones en una tecnología desconocida. Industria le prestó cinco millones y captó inversores entre la 'jet'

Foto: Fernando Hierro, Alejandro Sanz, Cristina Tárrega y Rubén de la Red.
Fernando Hierro, Alejandro Sanz, Cristina Tárrega y Rubén de la Red.
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Era una inversión fabulosa. De fábula. La energía Kurata, basada "en el campo cuántico y en un catalizador inverso", iba a producir un biodiésel limpio. Lo promovían los hermanos Torres, familia del arquitecto de La Finca, la urbanización más cara de España, y allí entraron Fernando Hierro, Carlos Sainz, Cristina Tárrega, Alejandro Sanz, futbolistas como Rubén de la Red y empresarios como los presidentes de Mutua Madrileña y Bankinter. Hasta el Ministerio de Industria concedió un préstamo de cinco millones. Ahora, y tras años de periplo judicial, la Audiencia de Madrid ha decidido que el caso llegue al banquillo pese a que el juez de instrucción no veía indicios de estafa.

Año 2010. La familia Torres, un apellido mediático gracias a Joaquín Torres, arquitecto de La Finca y que no está vinculado con esta empresa, según él mismo ha puntualizado, lanzó una planta de biodiésel. La burbuja inmobiliaria había estallado pero la de las renovables aún ofrecía suculentos rendimientos. El 29 de julio de ese año, New Meloil, que así se llamaba, amplió capital en 1.878.008 euros. Necesitaba músculo para construir una planta de biodiésel en Barajas de Melo (Cuenca) además de una en Almería.

"El proceso Kurata se basa en la presencia de un campo cuántico en el catalizador, cuya generación puede explicarse por el efecto Faraday inverso"

Inversiones en biodiésel había muchas, pero ninguna como esta. Se basaba en algo llamado tecnología Kurata y una década después los jueces afirman que no hay pruebas de que existiese realmente. "La tecnología Kurata es descrita por sus propietarios como un nuevo y revolucionario sistema de trasformación de residuos en combustible que se basa en la recreación de la frecuencia y el giro magnético de los destilados medios en una torre de reformado, permitiendo su conversión a gasoil y queroseno al entrar en una atmósfera con la frecuencia y giro magnético del hidrocarburo que se quiere obtener", señala la Audiencia Provincial de Madrid en un auto del 19 de junio al que ha tenido acceso este diario. "El fundamento del proceso Kurata se basa en la presencia de un campo cuántico en el catalizador, cuya generación puede explicarse a través del efecto Faraday inverso".

Julio Torres, el principal acusado, ha defendido que era un negocio legítimo. Y hace un año, el juez de instrucción, con apoyo de la Fiscalía, archivó la causa. Varios de los que se sentían estafados recurrieron y la Justicia les ha dado la razón. Muchos son famosos, porque el proyecto se movió entre las élites de La Finca. Entre los recurrentes, está el piloto Carlos Sainz, a través de su empresa Imacar, pero también el piloto Alberto Puig o los Carabante, que llegaron a ser dueños del equipo de Fórmula 1 Hispania. Otros de los que invirtieron, como Alejandro Sanz, a través de su empresa Gazul Producciones, o Fernando Hierro, a través de la sociedad Rodiaferso, no llegaron tan lejos en sus recursos y algunos ni acudieron al juzgado. Por allí pululaba Mónica Gil, asidua de los programas de televisión y que fue detenida por estafa hace dos años.

Carlos Sainz, los Carabante, Tárrega o el presidente de Mutua Madrileña invirtieron en la energía

La Audiencia da vueltas a si la tecnología Kurata existe o si es un cuento. Y resalta cómo el principal acusado, Julio Torres, la ha defendido en un escrito con los siguientes argumentos: "El proceso de la Torre Kurata está directamente relacionado con la mecánica cuántica y no con tratamientos térmicos; que la teoría de las ondas cuánticas no se encuentra unánimemente aceptada por la comunidad científica internacional, pero que ello no supone que sea falsa o carente de fundamento; y que hay un instituto científico británico que investiga las ondas cuánticas y que contempla la disociación molecular debida a los campos en los que se basa el sistema Kurata". Cuando uno de los peritos que defendían el sistema fue preguntado por la falta de respaldo científico, respondió: "También Albert Einstein fue refutado".

Sin embargo, sus argumentos no convencen a los jueces: "Las bases científicas de la tecnología Kurata parecen excesivamente débiles". "Dejando ahora al margen, en lo posible, las muy precarias bases científicas del sistema Kurata, y dicho en los términos indiciarios propios de la fase procesal en la que se dicta esta resolución, en el plano estrictamente empírico aparecen significativas dificultades para afirmar que estamos ante una tecnología que funciona, que es realmente viable y con la capacidad consiguiente de sostener racionalmente el ambicioso negocio del principal querellado, Julio Torres Vérez".

A lo largo de 15 páginas, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid va corrigiendo al juez de instrucción que consideró que no había caso ni para llegar a juicio. La resolución recuerda que muchos inversores otorgaron a Torres "una suma próxima a los 19 millones de euros, suma que alcanza los 24 millones de euros si se adicionan las cantidades aportadas por los demás inversores que participaron en la ampliación de capital de la mercantil Biocombustibles de Melo en el mes de julio de 2010". Pero, además, también entró el Ministerio de Industria, que otorgó otros cinco millones en préstamo para construir una planta en Barajas de Melo (Cuenca).

Ni los técnicos de Industria "tienen capacidad suficiente para dictaminar sobre la aplicación industrial de este proceso"

En total, 29 millones esfumados. Los jueces rechazan el archivo de la causa y uno de los argumentos para hacerlo es que de la tecnología Kurata solo queda humo: "No consta que se haya puesto en funcionamiento fuera de España una sola planta de producción de combustible a partir de residuos que emplee el sistema Kurata, y la única que está en funcionamiento efectivo, la planta piloto ubicada en Cañete de las Torres (Córdoba), ha terminado por abandonar dicha tecnología". Ni siquiera los técnicos del Ministerio de Industria a los que han pedido informe "tienen capacidad suficiente para dictaminar sobre la aplicación industrial de este proceso".

Además de lo sospechoso del sistema, la Audiencia Provincial sigue el rastro del dinero para mandar el caso a juicio. Julio Torres Vérez declaró "que conoció el sistema Kurata en 2007 a través de un ingeniero llamado Jacinto Valerio, y añadió que pagó en total y no solo por la licencia unos 100 millones de euros al dueño de la patente (sic)". Sin embargo, "no hay rastro de un pago o pagos semejantes en el procedimiento, pese a la magnitud de la suma, pese a que su acreditación no parece muy difícil para el pagador y pese a que, desde luego, tal acreditación habría excluido prácticamente la tesis de la estafa que propugnan los ahora recurrentes. Del mismo modo, una operación de compra internacional de semejante envergadura suele documentarse, a efectos de prueba, en un instrumento público. No ha sucedido así en el caso de autos, lo que, indiciariamente, resta verosimilitud a la versión de Julio Torres Vérez conforme a la cual pagó una importante suma de dinero por la adquisición de los derechos sobre la tecnología Kurata".

Al entrar el dinero en 2010, comenzaron "traspasos de dinero entre sociedades controladas por Vérez que carecen de sentido económico aparente"

Además, destaca que al entrar el dinero en 2010, en la empresa comenzaron lo que un perito ha denominado "operaciones circulares", "traspasos de dinero entre sociedades controladas por Julio Torres Vérez que carecen de sentido económico aparente". Torres justificó que eran préstamos conocidos por los inversores, pero la Audiencia enumera alguna operación anómala: al recibir en 2010 siete millones de euros, por ejemplo, los transfirió a una sociedad suya y esta amortizó un crédito. Por todo, envía el caso a juicio para que en la vista se decida si hubo estafa o no. Los inversores que se consideran estafados respiraron aliviados y consideran incomprensible que juez y fiscal no vieran indicios suficientes para llegar a la vista oral.

La defensa de Julio Torres mostró ayer su sorpresa por el hecho de que la Audiencia reabra el caso. "Me parece sorprendente, porque el fiscal apoyó el sobreseimiento. Esto no quiere decir que vaya a haber condena". Su abogada afirmó que hubo un peritaje económico que demostraba que el dinero había sido invertido y que esto solo fue un negocio que fue mal con la crisis, uno de tantos. "La propia Audiencia dice que es muy controvertido". En efecto, en su resolución, señala: "Las prolijas alegaciones y argumentos esgrimidos por las partes, los informes periciales de ingeniería y económico-financieros que se han elaborado, y demás abundante documentación aportada a la causa, configuran un material complejo, a veces completamente contradictorio y en ocasiones confuso y ambiguo".

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