Infectados a la fuga: buscados por un juez, sancionados... y al banquillo si hay contagios

Las alarmas saltaron a última hora del domingo: un vecino de A Coruña contagiado por coronavirus se había marchado de su domicilio y se encontraba en paradero desconocido. La dirección general de Salud Pública emitió una resolución para buscar al positivo, de 35 años, y garantizar su aislamiento en domicilio o centro sanitario, medida que fue ratificada este martes por el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Santiago de Compostela al considerar que el sujeto representaba "un riesgo" para la población. Poco después de notificarse el auto, desde la Consejería de Sanidad de Galicia confirmaron a El Confidencial que ya habían dado con el positivo y que volvía a estar en aislamiento, tras lo que comenzó una nueva fase: rastrear a todas las personas con las que hubiese tenido algún contacto durante su huida.

El número de contagiados que se ha saltado el aislamiento en España sabiendo que estaban infectados es una incógnita. Más allá de los que no hayan sido detectados por las autoridades, la Policía Nacional no facilita los datos por tratarse de información confidencial, mientras que la Guardia Civil no ha respondido por el momento al requerimiento de este diario. La única comunicación oficial por parte de la Policía en lo que se refiere a esta problemática se remonta al 24 de marzo, cuando el director adjunto del cuerpo, José Ángel González, criticó en rueda de prensa la actitud "irresponsable" de aquellos positivos que no cumplían el aislamiento, subrayando el "grandísimo trabajo de localización" que conllevaba: no solo para dar con ellos, sino también por la "trazabilidad" de todos sus contactos.

El mismo 24 de marzo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ahondó en las palabras del director adjunto de la Policía y explicó que habían localizado a tres positivos que habían huido del hospital sin recibir el alta: dos pacientes del Hospital de Leganés (Madrid) y uno del de Benidorm (Alicante), sobre los que se daría "traslado a la Fiscalía". Desde entonces, las noticias sobre contagiados a la fuga se han ido repitiendo: "La Guardia Civil intercepta a un positivo en coronavirus que había huido del Hospital de la Paz", publicó el 'Gacetín de Madrid' el 31 de marzo. "Localizado y reingresado un paciente positivo en coronavirus que había huido del Clínico de Valladolid", anunciaba a su vez la agencia Europa Press el 21 de abril. En la mayoría de los casos, sus huidas apenas duraron un par de horas y, una vez atrapados, cayeron en el olvido

Pese a ello, los juristas advierten sobre las consecuencias que acarrea este tipo de comportamientos, que van desde el aislamiento con vigilancia policial hasta la posibilidad de acabar en el banquillo si se contagia a un tercero. En su auto de este martes, el juzgado de Santiago de Compostela ya hacía referencia a la legislación que permite ordenar un aislamiento obligatorio: el artículo 2 de la ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en materia de salud pública, que establece que las autoridades pueden "adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas".

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Javier Albar, magistrado de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, conoce bien esta ley: "No es algo muy habitual. Yo he tenido que aplicarla unas dos o tres veces. Recuerdo con una chica que tenía tuberculosis y, pese a presentar riesgo de contagio, se escapó del hospital un par de veces: había que ordenar que la buscaran, la traían de vuelta, emitíamos auto de internamiento... También fuimos a hablar con ella", explica. En cuanto a las herramientas con las que cuentan los jueces para garantizar el aislamiento en este tipo de casos, apunta a la vigilancia policial: "Como ejecución, es una capacidad que tenemos todos los jueces, igual que en un desahucio o cuando se retira a un niño de una familia... Podemos mandar agentes".

Más allá del aislamiento obligatorio, los contagiados que no cumplen las indicaciones también pueden enfrentarse a una sanción, pero Albar apunta a que esta posibilidad plantea más dudas: "Si ha habido una orden expresa o una instrucción expresa de una autoridad, entonces sí, porque incurriría en una desobediencia y se puede aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana, que es la que se ha estado utilizando para los que no cumplían el confinamiento y permite ponerte multas de 601 euros a 30.000". El magistrado reconoce que la simple indicación de un médico puede plantear dudas a la hora de otorgarle el rango de autoridad, y apunta a que cuando lo ordena un juez, conviene ponerlo por escrito de forma clara: "Hay que apercibirle expresamente. La jurisprudencia apunta a que no vale con el auto".

En el caso de que el enfermo contagie a un tercero durante su huida, el magistrado apunta entonces a que se entraría en delitos de mayor rango: "Si contagias a alguien, puedes incurrir en responsabilidad penal. Eso en su momento se vio con el VIH, que causabas una lesión evidente", señala. "Además, yo creo que imprudencia no habría, porque en el momento en el que te advierten que estás contagiado y puedes contagiar a alguien, ahí ya hay el dolo eventual: sabes el daño que puedes causar". El magistrado, sin embargo, insiste en que cada caso debe estudiarse de forma separada: "En principio, si hay una orden de la autoridad o de un juez, incurres en una desobediencia administrativa o ya incluso de tipo penal. A partir de ahí, ya cada caso debe estudiarse y más si ha habido un contagio a terceros".