Un juez condena a las administraciones de Aragón por vulnerar derechos de sanitarios

El magistrado del Juzgado de lo Social de Huesca, Eduardo Bernués, ha condenado al Servicio Aragonés de Salud (SAS), al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y a la Diputación General de Aragón (DGA) por vulnerar el derecho a la salud y a la integridad física de los sanitarios. En su sentencia, el juez estima la demanda presentada por el sindicato FASAMED y obliga a las autoridades a proporcionar a sus trabajadores los equipos de protección individual (EPI) adecuados ante el riesgo de contagio de coronavirus.

El juez sostiene que, en cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales, las administraciones deberán entregar estos EPI a todos los centros sanitarios de Huesca en cuanto los tengan. “Era absolutamente necesario adoptar las medidas preventivas más exigentes, en un ámbito de protección de la salud pública, no sólo por el riesgo de que el personal sanitario se viera afectado por el virus sino por la propia incidencia en la propagación que tiene el que, el colectivo más expuesto por su profesión, no tuviera los medios necesarios para prevenir el contagio”, explica en su sentencia.

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La demanda del sindicato se remonta al 30 de abril y pedía que se obligara a las autoridades a repartir mascarillas FFP2 o FPP3, gafas o protección facial, guantes, gorros, calzas específicas, hidrogel y contenedores de residuos. En su sentencia, el magistrado reconoce que “es un hecho notorio” que ha existido una situación de desabastecimiento de equipos y medios de protección para el personal sanitario entre febrero y marzo, pero subraya que “desde finales de enero se puso de manifiesto que nos encontrábamos en un contexto de emergencia sanitaria internacional” y no se tomaron las suficientes medidas.

Para sostener esta idea, recuerda que, a principios de enero, la Organización Mundial de la Salud avisó para que se adquirieran equipos de protección personal para sanitarios, “lo que en el ámbito que nos encontramos, por cuestiones de salud pública, determinaba la obligación del empleador de situarse en una situación de prevención”. “En definitiva –afirma-, lo cierto es que no se actuó con la toda la diligencia exigible por el empleador para la protección de los trabajadores sanitarios”.

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Esa falta de abastecimiento en los primeros meses de 2020 llevaron a que los sanitarios desarrollaran "su trabajo bajo la existencia de un riesgo grave para la salud, por su exposición al agente biológico Covid-19, propiciado por la escasez de EPI". Según sostiene el magistrado, "dicho riesgo se ha materializado en un alto índice contagios entre el personal sanitario, con mayor incidencia que el resto de la población", concluyendo entonces que "ha existido lesión del derecho a la integridad física, íntimamente vinculado al derecho a la salud en los términos expuestos en la Jurisprudencia constitucional”.

El razonamiento es similar al de la primera condena que se produjo el pasado 4 de junio contra una Administración por no facilitar protección a los sanitarios. En aquella ocasión, fue el juzgado de lo social de Teruel el que sentenció que se habían vulnerado los derechos de los trabajadores y empleados públicos, condenando entonces a la Diputación General de Aragón, al Servicio Aragonés de Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales por poner en riesgo grave la vida, integridad física y salud de los sanitarios y lesionar su derecho a la integridad física y a la protección de la salud.