El Congreso apoya tramitar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales que pide el PNV

El PSOE, el PP, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, Más País y la CUP han avanzado este martes su apoyo en el Pleno del Congreso a la tramitación de la proposición de ley del PNV para reformar la Ley de Secretos Oficiales y acelerar la desclasificación de documentos, una norma que los nacionalistas vascos llevan planteando desde 2016. La Cámara ya había aceptado tramitarla en dos ocasiones, pero los grupos mayoritarios fueron dilatando los trámites y al final nunca llegó a ver la luz.

La proposición de ley, defendida en la tribuna por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, busca establecer un procedimiento para desclasificar documentos históricos declarados secretos en un plazo máximo de 35 años y reservados en 10 años, lo que permitiría sacar a la luz papeles aún ocultos de la Transición, de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 o de la actuación de los GAL.

Ya que tanto el Congreso como el Senado son informados de las materias clasificadas, lo que piden los nacionalistas vascos es "abordar la adaptación de este valor a la sensibilidad social vigente respecto a la transparencia, consustancial al principio democrático que fundamenta y rige nuestra sociedad".

Prórroga excepcional y motivada

De este modo, plantean que la ley recoja la "obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los 25 años para materias clasificadas secretas y los 10 años para las reservadas, salvo queel Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada en el caso solo de las materias secretas, por un nuevo período máximo de 10 años".

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Además, el texto de reforma contempla la modificación de la Ley de Secretos Oficiales para atribuir "en exclusiva" al Consejo de Ministros la facultad de clasificar una materia y su cancelación. Actualmente pueden clasificar documentos, además del Gobierno, la Junta de Jefes de Estado Mayor, y solo pueden declarar su cancelación aquellos órganos que la propusieron.

Contempla atribuir "en exclusiva" al Consejo de Ministros el poder de clasificar una materia y su cancelación

También sugiere suprimir la referencia "a la naturaleza, secreta o no", de las sesiones en que el Congreso o el Senado han de recibir información sobre una materia clasificada, al considerar que esta es una cuestión que solo compete a los respectivos reglamentos de estas Cámaras.

Busca deslegitimar el sistema

El único partido que ha anunciado su voto en contra ha sido Vox, cuyo diputado Carlos Hugo Fernández-Roca ha acusado al PNV "de oportunismo político" y de querer "deslegitimar el sistema constitucional atacando a la Monarquía y a las fuerzas políticas que hicieron posible la Transición", sacando a la luz "secretos de Estado" relativos a los GAL o el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Opinión

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Esteban ha retado a Vox a apoyar la tramitación para así poder enmendarla y dar lugar a la norma para proteger los documentos de Estado de los "socialcomunistas y rojoseparatistas" que, según los de Santiago Abascal, están en contra "los valores eternos y perpetuos de España" que Fernández-Roca ha mencionado en su intervención.

Además, ha subrayado que el PNV no quiere cambiar la ley para buscar unos documentos concretos, aunque se ha mostrado convencido de que con su propuesta podrían salir a la luz "de los antepasados familiares y políticos" del diputado de Vox.

Verdad, justicia y reparación

Los partidos que han votado a favor de la admisión a trámite han hecho hincapié en la importancia de la transparencia y, en especial el PSOE y Unidas Podemos han mencionado la necesidad de avanzar en los principios de "verdad, justicia y reparación" con las víctimas del franquismo.

La socialista Andrea Fernández, ha incidido en que la actual ley es preconstitucional y por tanto "poco operativa" y ha defendido la necesidad de cambiarla para hacer conjugar "la defensa del Estado" con una norma "rigurosa y garantista". Desde Unidas Podemos, Pilar Garrido ha abogado por una legislación que a favor de la "transparencia" y no de "tapar vergüenzas".

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EL CONFIDENCIAL

También el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha insistido en que los españoles tienen derecho a conocer su pasado porque la "convivencia" no se puede basar en el "silencio" y no es de recibo enterarse de según qué cosas por terceros países.

En la misma línea, Jaume Alonso Cuevillas (Junts) y Oskar Matute (Bildu) han anunciado su sí a la tramitación, igual que Mireia Vehí (CUP) y Carolina Telechea (ERC), quienes han aprovechado para volver a denunciar que el Congreso se niegue a investigar a la Familia Real.

Críticas al corta-pega

Por su parte, el PP y Ciudadanos han echado en cara al PNV que haya presentado el mismo texto que en anteriores ocasiones sin haber incorporado ni una enmienda de los grupos parlamentarios. El 'popular' Miguel Ángel Jerez le ha recriminado que no haya registrado una propuesta "más ambiciosa" y ha abogado por una reforma "integral, madura y meditada", pero rechazando la desclasificación automática de determinados.

De su lado, Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, ha anunciado la abstención de su formación porque, según ha dicho, no quieren "poner un parche" sino una modificación a fondo de la ley. "No nos conformamos con un corta y pega", ha enfatizado.