limitar la movilidad a solo "recomendación"

El brote de Aragón muestra los límites legales en la nueva normalidad ante el covid

El Gobierno regional opta por aconsejar a los ciudadanos que limiten sus desplazamientos y les pide precaución y colaboración, pero no puede prohibir que salgan de la zona afectada

Foto: El ministro de Sanidad, Salvador Illa. (Reuters)
El ministro de Sanidad, Salvador Illa. (Reuters)

Solo unas horas después del final del estado de alarma, ha aparecido el primer rebrote en una comunidad autónoma y, con él, han quedado al descubierto los límites legales en la nueva normalidad ante la posible propagación del virus en un territorio. El Gobierno de Aragón dictó este lunes una orden en la que reproduce las características de la conocida como fase 2 con una excepción: no puede restringir la movilidad de los ciudadanos ni prohibir, por tanto, que se desplacen fuera de las tres comarcas donde se ha detectado el riesgo.

El Ejecutivo autonómico ha sido consciente de esta imposibilidad desde el inicio y así se lo ha transmitido al Ministerio de Sanidad, con el que, en aplicación del decreto que sienta las bases para este periodo de transición, ha coordinado su respuesta ante el incremento de casos en Huesca por un brote en una explotación hortofrutícola vinculado a trabajadores temporeros en la campaña de recolección de la fruta: la empresa Frutas La Espesa.

Por ello, la orden aprueba medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico en las comarcas aragonesas de la Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca, limitando los aforos en establecimientos comerciales y bares, pero se limita a recomendar que se suspendan los desplazamientos. "Esta orden excepciona, por obvias razones competenciales, la aplicación de las restricciones a la libertad de circulación que estableció, amparado en el entonces vigente estado de alarma", dice la disposición, que aclara que en ese aspecto "se ha optado por aconsejar a los ciudadanos, en desarrollo de sus deberes generales de precaución y colaboración, que limiten sus desplazamientos desde o hacia las comarcas afectadas a supuestos justificados por circunstancias acreditables".

Aragón deja la pelota en el tejado del Estado central, al que se dirige para indicar que "de resultar precisas medidas adicionales sobre limitación de la libertad de circulación, en función de la evolución epidemiológica, la autoridad sanitaria aragonesa lo trasladaría a la Administración General del Estado". Así lo disponía el Real Decreto-ley 21/2020, que no desarrolla, sin embargo, ninguna previsión al respecto.

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Confinamiento "quirúrgico"

Preguntado por la cuestión antes del fin de la alarma, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó que en aplicación de las leyes sanitarias ahora vigentes no habrá limitación de la movilidad en ningún territorio y que su departamento estudiaba la opción de restringir el desplazamiento a grupos pequeños, es decir, a aquellas personas infectadas y también a sus contactos más estrechos, en lugar de cerrar provincias o regiones enteras. "Esperamos poder controlar todos los brotes con ese mecanismo", dijo, apuntando que se podrían aplicar restricciones "mucho más quirúrgicas de personas concretas o unidades familiares".

La falta de la alarma impide, como han reconocido unos y otros, que se obligue a los ciudadanos a permanecer en un territorio y que se evite que se desplacen a otro. En otras palabras: la orden hoy de Aragón —y mañana ante cualquier otro rebrote— se limita a aconsejar y a apelar a la responsabilidad de los ciudadanos de no moverse de la región.

Solo hay un posibilidad sin alarma para ordenar el confinamiento preventivo de unidades territoriales más o menos grandes: el modelo de Igualada. Supone dejar en manos de los jueces contenciosos el aval a la restricción. El juez que se haga cargo es el competente en la región afectada por el rebrote, por lo que confiar en que se autorice una orden de este tipo, restrictiva de derechos fundamentales, viene a ser una lotería.

En el caso de la localidad catalana, que quedó cerrada antes de que se decretara la alarma, el Juzgado de lo Contencioso 4 de Barcelona apoyó la decisión de la Generalitat de restringir la salida de unos 70.000 vecinos, que perdieron la libertad de movimiento cuando se confirmaban 261 casos y seis fallecidos. Nadie pudo, a partir de ese momento, ni entrar ni salir. El magistrado ordenaba la revisión quincenal de la decisión.

La segunda posibilidad que ha barajado el Ejecutivo central es unificar y fortalecer distintas leyes sanitarias para habilitar por norma que los gobiernos tengan la potestad de limitar los movimientos. La idea aún no se ha desarrollado y levanta las reticencias de muchos, que consideran que sería inconstitucional y, además, evitaría el control parlamentario al que sí se somete la alarma para aprobar las prórrogas.

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El rebrote en Huesca

El riesgo que conllevan esos posibles desplazamientos se refleja en el rebrote de Huesca, donde se han detectado al menos ocho positivos en la empresa Frutas La Espesa, en Zaidín. Al tratarse de un negocio vinculado a temporeros, en Sanidad temen que se propague el virus conforme los trabajadores abandonen la zona para dirigirse a otras explotaciones. "El trabajo de los temporeros va por fincas y van cambiando de una a otra a medida que se acaba la recogida", explicó este lunes el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. "Está en una zona limítrofe con Lleida, existe este riesgo".

Los primeros casos en la empresa se detectaron el fin de semana, tras lo que se procedió a realizar entre 150 y 200 test a todos los trabajadores. El Confidencial se ha puesto en contacto con los responsables de la misma, pero prefieren no hacer declaraciones hasta obtener los resultados.

"La mayoría de los temporeros que hay en Huesca, como en otras partes de España, son de otras nacionalidades y suelen concatenar campañas: fundamentalmente, en el Levante español, en Valencia, Andalucía, o incluso el olivo en Jaén. Suelen ir de un lado a otro", explica Santiago Loriz, secretario comarcal de la federación de Industria, Construcción y Agro de la UGT de Huesca. En el caso concreto de esta empresa, apunta a que en 2018 recibieron alguna queja por los horarios que cumplían los trabajadores, pero señala que desde entonces no han tenido nuevas denuncias y asegura desconocer las condiciones en que viven sus temporeros. "Tienen su almacén, donde se maneja la fruta, y sus explotaciones agrarias. Por lo que sabemos, el problema ha sido en la planta de manipulado de fruta y no en la explotación".

Óscar Moret, corresponsable de frutas de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), destaca a su vez cómo ha aumentado el riesgo en estas explotaciones tras el final del confinamiento: "Llevamos ya cuatro meses trabajando, pero hemos empezado a tener problemas al levantarse las medidas de distanciamiento social: controlar lo que hace uno fuera de su trabajo es imposible", afirma. "En estas empresas hay mucha gente joven y si se les permite ya salir, al final se juntan fuera del trabajo. La empresa tiene gente fija todo el año y luego en verano llegan temporeros a cubrir la plantilla".

Según señala el portavoz de UAGA, ese es otro de los riesgos que conlleva este brote concreto: muchos comparten alojamiento. "La empresa tiene mucha vivienda y allí se alojan los temporeros", explica. "Donde tengas 10 personas y te llegue uno contagiado, pues ya tienes 10 problemas. Ahora que se han levantado las medidas de distanciamiento, ese riesgo aumenta. Si además tienes trabajadores de diferentes empresas conviviendo en un mismo piso... Ese es un poco el problema de este modelo". Moret subraya que es una situación habitual en las explotaciones hortofrutícolas y él mismo convive con sus trabajadores, por lo que pide cautela a la hora de buscar 'culpables': "Hay gente que cae en la tentación de responsabilizar al temporero extranjero cuando cualquiera nos podemos contagiar".

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