Tras las elecciones gallegas y vascas

El Gobierno acelera para tratar de renovar el Constitucional y el CGPJ a finales de julio

El Ejecutivo intentará alcanzar un acuerdo en el único periodo de calma tensa tras los comicios del 12 de julio y antes de un posible adelanto electoral en Cataluña

Foto: Reunión por videoconferencia entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y el líder del PP, Pablo Casado. (EFE)
Reunión por videoconferencia entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y el líder del PP, Pablo Casado. (EFE)

El fin de estado de alarma, la ligera rebaja de la tensión en las relaciones entre el PSOE y el PP y la mayor distancia respecto a asuntos 'calientes', como el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado para dirigir la Fiscalía General o la concesión de rebajas en las penas de los presos del 'procés', han alentado la esperanza del Ejecutivo de conseguir un acuerdo con el principal partido de la oposición para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en la segunda quincena del mes de julio.

La renovación de estos dos órganos y de otras instituciones con mandato ya caducado es una prioridad para el Gobierno, que ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de emprender estos cambios. Los dos partidos suman las tres quintas partes de los votos precisos en el Congreso de los Diputados, un total de 210, y se necesitan mutuamente para impulsar la modificación. En las dos semanas previas al mes de agosto, se abre un paréntesis que los socialistas ven propicio para tratar de cerrar un pacto, apuntan fuentes cercanas al Ejecutivo.

Esa quincena aparece como el inicio de un periodo de calma tensa, quizás el único posible para alcanzar un acuerdo. El 12 de julio, gallegos y vascos están llamados a las urnas, y en septiembre se atisba ya otra nueva convocatoria de elecciones, en este caso en Cataluña, con el 'president' Quim Torra pendiendo del hilo de una inhabilitación en firme por su condena por desobediencia, tras incumplir órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) en la exhibición de lazos amarillos y pancartas en edificios públicos. Esas semanas de verano se ven como una opción, quizá la única para evitar congelar las renovaciones durante meses.


Así las cosas, el PSOE se prepara para tratar de arrastrar al PP al pacto, pero, como en cualquier negociación, lograr que se alcance es cosa de dos. Desde el PP, no se muestran confiados y apuntan que, al menos por el momento, no se han iniciado contactos. Mientras esperan que se produzca algún movimiento, los populares se muestran cautelosos y dudan de que exista aún un clima favorable. En una reciente entrevista con este diario, el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, aludió al compromiso constitucional e indicó que su partido "está deseando" que exista un estado de las cosas políticas que permita alcanzar estos acuerdos con tranquilidad.

A favor está la buena sintonía existente entre ambos partido en el área de Justicia. El ministro Juan Carlos Campo ha mantenido continuos contactos durante la fase de alarma con representantes de la oposición para la gestión del personal al servicio de la Administración de Justicia y la tramitación de la desescalada en los tribunales. En contra, recientes acontecimientos que 'enfrían' una luz verde del PP, entre ellos el episodio del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, apreciado como la destitución de un mando policial para afectar a la Justicia, o la postura del socio del Gobierno, Pablo Iglesias, ante sentencias como la que condenó a la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea Isa Serra.

El PSOE se prepara para arrastrar al PP al pacto, pero, como en cualquier negociación, todo es cosa de dos y los populares no se muestran confiados


El presidente de la formación, Pablo Casado, asume las renovaciones como parte de un todo, una pieza más de un pacto general por la Justicia que incluya la salvaguarda de la independencia del poder judicial, la defensa de la Constitución y la ley de agilización de la Justicia que prepara el departamento de Campo, con la intención de lanzarla también antes de agosto para tratar de paliar los efectos de la paralización durante la peor fase de la crisis sanitaria.

El 4 de diciembre de 2018 vencía el mandato de la actual configuración del órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Los 20 vocales que componen el CGPJ son propuestos por los partidos políticos. Doce de sus miembros se eligen entre candidaturas registradas mediante el aval de las asociaciones judiciales o de compañeros jueces. Los otros ocho, juristas de reconocido prestigio, son propuestos por los partidos y elegidos por Congreso y Senado con mayoría de tres quintos. En el caso del Tribunal Constitucional, formado por 12 magistrados, está pendiente desde noviembre de 2019 la sustitución de cuatro de ellos: el presidente, Juan José González Rivas, la vicepresidenta, Encarnación Roca, y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés.

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