De las fotos del rey a los disparos a Iglesias, España tropieza en la misma piedra

"Ser gilipollas no es delito. Ser imbécil no es delito. Ser tontico no es delito. Eres gilipollas, imbécil y tontico solo. Aunque tengas licencia de armas". Con estas palabras valoraba este viernes un juez en Twitter el episodio del taxista malagueño, exmilitar, detenido después de aparecer en un video disparando contra fotografías de Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno y de Podemos. El protagonista de las imágenes fue detenido por la Guardia Civil unas horas de que se conociera el video difundido por La Marea y tuiteado por varios miembros del Ejecutivo. El arrestado se enfrenta a una acusación por un supuesto delito de odio y amenazas aunque tendrá que ser la Fiscalía quien determine si hay base para solicitar que se abra un procedimiento judicial.

Juristas, abogados y jueces consultados no ven en el caso apariencia de delito y recuerdan que los actos no tienen por qué serlo pese a provocar rechazo. La historia, ya conocida, puede repetirse. Quema de fotos del Rey en manifestaciones, pitadas, tuits supuestamente enaltecedores, titiriteros que muestran en sus obras un pequeño cartel con un 'Gora ETA', raperos... Casos que acaban en agua de borrajas después de arrastrarse meses y hasta años en los tribunales y provocar un calvario judicial a los afectados. Las resoluciones han ido avanzando hacia una protección reforzada del derecho a la libertad de expresión. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado claro que los delitos de odio solo es posible castigarlos cuando van contra determinados colectivos. Otra vez la misma piedra al final del camino.

"La libertad lo alcanza todo, lo que nos gusta, lo que no y hasta lo que nos repugna", indica uno de los magistrados consultados. El catedrático acreditado de Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, Jacobo Dopico, pone el acento en la difusión del video, que fue enviado en inicio por WhatsApp hasta que fue difundido por un medio de comunicación. Para él, tanto las amenazas como los delitos de incitación a la violencia requieren que haya un acto de comunicación deliberada.

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El Confidencial Agencias

"Si alguien manda un vídeo como este a un pequeño grupo de WhatsApp, no puede hablarse de amenazas, porque no quiso enviar un mensaje amenazante a las personas que aparecen en las dianas. Tampoco podría hablarse de un delito de incitación al odio o la violencia por enviar un mensaje a un grupo de amigos en WhatsApp, pues estos delitos requieren un elemento de difusión, una incitación dirigida a una colectividad".

El abogado José María de Pablo se muestra igual de contundente. "No es delito de odio porque no se dirige contra una minoría discriminada, no son amenazas porque no dirige ninguna amenaza de un daño creíble y posible contra nadie, así que ni siquiera es necesario entrar en el terreno de la libertad de expresión", apunta. Y es que hablar de un delito de incitación al odio o la violencia en este caso sería difícil, pues no se trata de un discurso incendiario contra una minoría vulnerable.

Lo mismo opina el catedrático Andrés Boix. "Disparar a retratos es un contenido absolutamente atípico y su difusión solo podría estar penada si se difundiera con la intención de amenazar o como forma de incitación (que ha de ser concreta y directa) a que otros pasen a la acción", dice. Recuerda que hay en nuestro código penal protecciones adicionales cuando se puede entender que existen injurias o comentarios ofensivos hacia instituciones del estado o la monarquía. No siendo comparable el caso con el del tirador de Málaga, hasta la especial protección de la monarquía se ha tumbado en Europa. El TEDH anula sistemáticamente las condenas por entender que son limitaciones de la libertad de expresión contrarias al Convenio europeo.

Un grupo vulnerable

El delito de odio aparece regulado en el Código Penal en el que se especifica que el 'ataque' en cuestión debe producirse contra un grupo y este, a su vez, debe tener determinadas características comunes: su raza, su origen nacional o étnico, su lenguaje, color, religión, el sexo, edad, discapacidad intelectual o física, orientación sexual u otro factor similar. "En este caso, ¿cuál sería el grupo en cuestión?" se pregunta el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Flores. "¿Ser socialistas, ser de Podemos?", continúa.

Apunta que hay otra posibilidad en la ley para perseguir los hechos. "Incurrirán en la pena de multa de doce a dieciocho meses los que calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma", dice el 504. La amenaza grave, coincide con los otros expertos, no queda clara y además se diluye porque no todas las fotos contra las que disparaba eran de miembros del Gobierno al estar entre las imágenes una del diputado Pablo Echenique.

Por el momento, el tirador ha quedado libre. Identificado como Francisco de Borja J.B, de 44 años, fue arrestado a la salida de su domicilio de Rincón de la Victoria y conducido a dependencias de la comandancia de la Guardia Civil en Málaga capital para tomarle declaración.