El Gobierno diluye la investigación del covid para abarcar los recortes del PP

Gobierno y PP preparan ya una de las próximas batallas parlamentarias y políticas a cuenta de la pandemia: la de la investigación en las Cortes de la gestión del Gobierno ante la crisis sanitaria.

El PP ya anunció reiteradamente que al acabar el estado de alarma presentaría una solicitud para crear una comisión de investigación en el Congreso sobre la gestión del Ejecutivo. Pablo Casado situó la petición a finales del mes de junio y fuentes del PP explican que la intención es formalizarla en las próximas semanas.

Los populares ya hicieron un amago para intentar que la comisión de reconstrucción del Congreso sirviera también para determinar las supuestas responsabilidades políticas en esa gestión. El peso de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno sepultó el intento del PP.

Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado ahora un paso que busca, precisamente, diluir o evitar ese intento del principal partido de la oposición al pedir que se cree una comisión mixta Congreso-Senado de evaluación. Por ello, ha provocado el rechazo del PP que, además, no entiende que sea una comisión mixta con el Senado, en lugar de ser solo del Congreso. Sánchez aseguró el domingo que esa comisión sería “impulsada de inmediato cuando sea levantado el estado de alarma el próximo 21 de junio”.

El martes, aseguró en el Senado que serviría “para hablar de futuro, para hablar de un debate constructivo, de las cosas que tenemos que aprender de esta pandemia para que no nos vuelva a suceder. Para evaluar qué es lo que ha ocurrido durante estos años, por qué España no estaba preparada para hacer frente a una pandemia de estas características, y prepararnos para el futuro, para que los gobiernos que haya futuros encuentren una situación mucho mejor a la que nosotros nos encontramos desde el inicio de esta legislatura”.

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Fuentes del PP sospechan que el Gobierno busca adelantarse a su propuesta, hasta hacerla innecesaria. No tendría sentido aprobar la de investigación una vez que se apruebe la de evaluación. Y el PSOE tendría coartada para bloquear la del PP.

El Ejecutivo cuenta para ello con la ventaja de la aritmética parlamentaria, pero también con los reglamentos del Congreso y del Senado, que establecen un trámite más sencillo para la de evaluación que para la de investigación.

La de evaluación “podrá acordarse por la Mesa del Congreso, a iniciativa propia, de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara y previa audiencia de la Junta de Portavoces”. PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría en la Mesa para sacarla adelante. Por el momento, el Gobierno ya recabó el apoyo de Ciudadanos para su iniciativa, aunque este partido no esté en la Mesa.

La de investigación del PP, si supera la calificación de la Mesa del Congreso, tendría que ser votada en el pleno, donde el partido de Casado tendría muy difícil lograr la mayoría necesaria.

“El pleno del Congreso, a propuesta del Gobierno, de la Mesa, de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los miembros de la Cámara, podrá acordar la creación de una comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público”, señala el reglamento. El PP tiene diputados suficientes para presentar su propuesta en solitario.

Para el Gobierno, su iniciativa tiene otra ventaja: el PP pretende que la suya investigue la gestión de la pandemia, mientras que la propuesta por Sánchez se refiere a “lo que ha ocurrido durante estos años”, lo que incluiría, por ejemplo, los recortes en sanidad en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy. Otra diferencia esencial es que las comparecencias en las comisiones de investigación son obligatorias y es delito mentir.

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En todo caso, la comisión que se cree no empezará a trabajar hasta septiembre, por el calendario parlamentario, salvo que se habilitara el mes de agosto.

Casado ha insistido este miércoles en el Congreso sobre la exigencia de responsabilidades, con referencias a otros países, aunque las ha extendido a las penales. “En Italia, el primer ministro comparece ante un juzgado para rendir cuentas por su gestión; en Francia, la Fiscalía actúa de oficio frente al Gobierno; en Finlandia, cesan a un responsable por hacer una compra fallida de mascarillas, o sin ir más lejos, en Chile, cesan al ministro de Sanidad por cambiar el cómputo de fallecidos”, ha asegurado.

Varios grupos minoritarios explican que, en todo caso, en algún momento el Congreso tendrá que analizar qué pasó en estos meses, incluida la gestión en las comunidades autónomas. Uno de ellos lo resume gráficamente: "No tendría sentido que Fernando Simón no venga en algún momento a explicarlo, sea cual sea la fórmula".