APOYA EL INFORME SOBRE SU INVIOLABILIDAD

El PSOE abre la vía del Congreso para que la Fiscalía archive el caso contra Juan Carlos I

El Tribunal Supremo tiene pendiente determinar si la inviolabilidad del monarca cubre también hechos posteriores a junio de 2014, cuando abdicó en su hijo Felipe VI

Foto: El rey Juan Carlos, junto al rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdul-Aziz Al Saud (d). (EFE)
El rey Juan Carlos, junto al rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdul-Aziz Al Saud (d). (EFE)
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El informe de los letrados del Congreso alegando que la inviolabilidad del Rey emérito se mantiene incluso después de abdicar, y en el que el PSOE se apoyará este miércoles para dar carpetazo a la comisión de investigación solicitada por Unidas Podemos, tendrá implicaciones más allá de la esfera parlamentaria. Y es que la argumentación de los letrados, adelantada por este diario, basándose en que las prerrogativas de inviolabilidad tienen efectos jurídicos permanentes, abre la vía a que se archive el caso contra Juan Carlos I.

La Fiscalía del Tribunal Supremo asumió la investigación derivada de las diligencias que mantenía abiertas Anticorrupción por las comisiones irregulares cobradas en la construcción del AVE a La Meca con la duda de si la inviolabilidad amparaba o no al Rey emérito. La práctica de diligencias se justificó para determinar si se debía delimitar o descartar la relevancia penal de unos hechos que ocurrieron con posterioridad al mes de junio de 2014, cuando Juan Carlos abdicó en su hijo Felipe VI. La interpretación de los letrados de la Cámara del artículo 56.3 de la Constitución española que protege la inviolabilidad del jefe del Estado es que sigue rigiendo tras su abdicación, y el socio mayoritario del Gobierno de coalición así lo defiende.

Las pesquisas estaban en manos de la Fiscalía Anticorrupción y se remitieron posteriormente al Tribunal Supremo. El Ministerio Público explicó la decisión ante la existencia de indicios de blanqueo y delito fiscales relacionados con pagos de la etapa en que el emérito era jefe del Estado y la duda de si se pueden llevar a cabo diligencias directas sobre el padre del Rey por su inviolabilidad.

La Fiscalía General anunció que confiaba el estudio para delimitar o descartar la relevancia penal de hechos que tuvieron lugar con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al jefe del Estado. La fiscal general del Estado dictó un decreto en el que designa para esta investigación al fiscal de sala del Tribunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos. "Dada la trascendencia institucional de esta investigación, se designa a quien reúne una extraordinaria cualificación y experiencia. Además, estará auxiliado por un equipo conformado por tres fiscales del Tribunal Supremo, que asumirán la innegable complejidad técnica de estas diligencias de investigación", explicaba.

Los fiscales tienen así ahora por delante dos opciones. O bien consideran que don Juan Carlos es inviolable también desde su abdicación y archivan unas diligencias abiertas hace dos años, o bien deciden que no le cubre esta especial protección y presentan denuncia ante la Sala Segunda, la única que puede decidir, a la larga, si se le puede investigar o no por estos hechos. Es decir, deberán ahora determinar si la inviolabilidad es como la describe el informe de los letrados respaldado por el PSOE.

Desde Unidas Podemos, han lamentado que el informe de los letrados en que se apoyarán los socialistas para rechazar su petición de investigar a Juan Carlos I va "contra el criterio de la Fiscalía y la reforma de la LOPJ de 2014". Si bien el Ministerio Público había reconocido las dudas, el portavoz de los morados en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado que "es insostenible que la inviolabilidad del 56.3 se pretenda aplicar a presuntos delitos cometidos como parte de la actividad privada de Juan Carlos I de Borbón y fuera de su actividad como jefe del Estado", mostrando su sorpresa por que "se proyecte al futuro tras la abdicación".

Una interpretación que ahora activa la vía para al archivo del caso y que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso ha tachado de "alambicada" y de sustentarse en un criterio "débil". Su conclusión es que con ello se intenta "seguir protegiendo a la Casa Real y seguir poniéndola por encima de la ley". Ante ello, ya han anunciado que no van a dejar de reclamar que se investigue a Juan Carlos I en la sede de la soberanía nacional porque, dicen, "nuestra democracia no se puede permitir mirar para otro lado".

La estrategia del grupo confederal de Unidas Podemos para intentar sortear el veto de los letrados se fio a limitar la investigación sobre las "presuntas irregularidades" del monarca ocurridas "con posterioridad a junio de 2014, en relación con hechos vinculados a relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí u otros que se pusieran de manifiesto". Asimismo, se apoyaban en que la propia Fiscalía determinó que puedan existir implicaciones penales "por actos cometidos tras la abdicación" y que "tampoco puede ser argumentado que se trate de un acto de control a la jefatura del Estado, ya que no ostenta en la actualidad tal condición".

La diferente estrategia entre los socios del Gobierno a la hora de investigar las actividades del monarca se pactó para que cada uno pudiese mantenerse coherente con sus posiciones clásicas. En línea con ello, la intención pasa por no cargar las tintas el uno sobre el otro para evitar que se interprete como una crisis de Gobierno, pese a que las posiciones son distantes y la confluencia catalana de Unidas Podemos amenaza con situarlo como una línea roja.

Estos roces amenazan con intensificarse debido a otra comisión de investigación. En este caso, será solicitada por Bildu para dilucidar la implicación del expresidente Felipe González en la creación de los GAL a raíz de unas informaciones basadas en informes desclasificados de la CIA. La animadversión recíproca entre el expresidente y Podemos es conocida, aunque los morados todavía no han tomado una decisión al respecto de la petición que realizarán los soberanistas vascos. El objetivo de Bildu con esta comisión, para lo que buscarán el apoyo de otros grupos durante los próximos días, pasa por "dirimir responsabilidades políticas y arrojar luz sobre los hechos que confirman los documentos de la CIA desclasificados y revelados recientemente".

Desde el grupo parlamentario de Bildu, se realizó también este lunes una solicitud de comparecencia de Felipe González para que dé explicaciones sobre estos hechos en la comisión de Interior del Congreso. Solicitud que se ha extendido también al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "para que informe en el pleno del Congreso sobre los hechos relativos al terrorismo de Estado durante los gobiernos de Felipe González tras conocer los documentos desclasificados de la CIA".

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