Más de 50 actos en marzo: los datos que Ayuso y Almeida dieron a la jueza del 8-M

Antes de dar carpetazo a la causa en la que se investigaba el 8-M, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel se dirigió a la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, ambos en manos del PP, para reclamarles datos sobre "los eventos colectivos masivos" que se celebraron en los días previos a la declaración del estado de alarma. La información llegó la tarde del jueves al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid y, a la mañana siguiente, la jueza acordó el archivo: los datos dejaban claro que la marcha del Día Internacional de la Mujer formaba parte de un listado de más de 50 actos que no se vieron afectados hasta el día 11, cuando el avance del coronavirus provocó una oleada de cancelaciones en el territorio.

Fuentes jurídicas explican a El Confidencial que el Ayuntamiento de Madrid reportó 36 eventos con más de 20 personas celebrados entre el 5 y el 14 de marzo, cifra en la que no incluía manifestaciones. Según la información facilitada por el consistorio, en esa primera quincena también se produjeron 29 anulaciones, información en la que, a diferencia de la anterior, sí incluía manifestaciones: seis eventos se cancelaron antes del 8 de marzo, de los cuales tres eran manifestaciones. Las 23 anulaciones restantes se produjeron a partir del día 9, concentrándose la mayoría después del 11. En este listado de cancelaciones, incluían desde un mercadillo solidario de Mensajeros de la Paz hasta un congreso de prevención de riesgo cardiovascular.

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La Comunidad de Madrid informó a su vez de que en ese mismo periodo de tiempo se produjeron dos pruebas selectivas de acceso a la Administración, cuatro eventos musicales en el Centro de Asuntos Taurinos y cinco eventos en el WiZink Center, así como dos eventos deportivos y tres competiciones al aire libre, entre los que se encontraban partidos de la Copa del Rey de Balonmano o una competición de saltos de natación. Una vez más, la mayoría de cancelaciones sobre las que informó la Comunidad de Madrid no llegaron hasta después del día 11, y antes del 8 de marzo no se paró ninguna por motivos sanitarios.

Los datos encajan con las declaraciones que prestaron el pasado jueves una decena de promotores de manifestaciones como testigos. Las acusaciones ponían el foco en las concentraciones que, a diferencia del 8-M, se cancelaron en la primera quincena de marzo, pero las testificales echaron por tierra esta tesis: la delegación no les pidió cancelar convocatorias por motivos sanitarios hasta el 11 de marzo. Según explicaron, en algunos casos les llamaron para trasladarles su preocupación por el covid-19, contactos que no se produjeron hasta esa fecha y que ellos mismos presentaron como meras recomendaciones.

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Con estas declaraciones y los datos facilitados por las autoridades madrileñas, la jueza acordó el archivo de la causa el mismo viernes. En el auto, la magistrada defendía que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, mantuvo "una permanente inactividad jurídica en relación con las manifestaciones y el covid-19". Para sostener esta postura, subrayaba que no prohibió ninguna concentración entre el 5 y el 14 de marzo en protección del derecho fundamental a la salud, ni exigió que se adoptara alguna medida como precaución para neutralizar el riesgo de contagio.

"Incluso tras el anuncio de la Comunidad de Madrid de la suspensión de toda actividad educativa presencial el día 9 de marzo (lunes) e incluso tras su entrada en vigor [11 de marzo, miércoles, día de la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud], el delegado del Gobierno Sr. Franco continuó dictando resoluciones de toma de conocimiento de concentraciones o manifestaciones sin exigir que se adoptara medida de precaución alguna", sostenía la magistrada.

En sus cálculos, la magistrada incluía las manifestaciones que el ayuntamiento no había contado, apuntando así a que entre el 5 y el 14 de marzo se celebraran 130 concentraciones y manifestaciones en Madrid que "indiciariamente aumentaron el riesgo de contagio del covid-19". Pese a ello, estos datos demostraban que el 8-M no se había permitido porque encajase en la agenda política del Gobierno o porque Franco hubiese recibido instrucciones de sus superiores, sino porque subestimaron el riesgo del coronavirus y siguieron dando luz verde a todo tipo de actos.