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La idea de desmilitarizar la Guardia Civil ahonda la división entre agentes y mandos
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La idea de desmilitarizar la Guardia Civil ahonda la división entre agentes y mandos

La sugerencia de Pablo Iglesias de acabar con la tradición más arraigada del instituto armado enfrenta a los oficiales con los subordinados, que aplauden al vicepresidente

Foto: Un agente de la Guardia Civil. (EFE)
Un agente de la Guardia Civil. (EFE)

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha incendiado la Guardia Civil con sus últimas declaraciones. "Como presidente de Unidas Podemos, estoy a favor de la desmilitarización de la Guardia Civil; como vicepresidente segundo, no me puedo pronunciar", apuntó Iglesias durante su intervención tras el Consejo de Ministros. "El hecho de que la Guardia Civil pueda reunirse, manifestarse o sindicarse, como han reivindicado las asociaciones profesionales, me parecería bien", ha insistido el responsable de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Ejecutivo, cuyas palabras han sentado como un tiro entre los mandos de una corporación que ya estaba suficientemente alterada por la crisis institucional vivida tras la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos por negarse a ofrecer información del caso 8-M a sus superiores políticos y después de los consiguientes cambios en la cúpula del instituto armado.

No en vano, la asociación que agrupa a la mayor parte de comandantes y coroneles, AproGC, no ha tardado en reaccionar. "Como asociación, nunca hemos reclamado nada que no sea la defensa de la naturaleza militar de la Guardia Civil", han aclarado, convencidos de que este carácter "contribuye a garantizar la eficacia en el servicio a los ciudadanos". "Defendemos la continuidad de la Guardia Civil con su identidad propia", añaden desde esta agrupación, que rechazará cualquier proposición como la realizada por Iglesias. "Quien quiera desnaturalizar la institución más valorada por los ciudadanos para que deje ser lo que ha sido hasta ahora y pretenda hacerla desaparecer mediante su integración en otro cuerpo policial encontrará el firme rechazo de AproGC y seguro que el de muchos guardias civiles", sentencian desde la asociación, que critica duramente que estas "pretensiones" nazcan precisamente de un miembro del Gobierno. "Nos parece muy preocupante", añaden.

Foto: El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. (EFE)

En la misma línea se pronuncia otra agrupación que también aglutina a altos mandos. La Unión de Oficiales califica de "paradójico que hace pocos años se haya creado la Unidad Militar de Emergencias con una gran aceptación social y con una gran eficacia en la prestación de su servicio ante incendios, inundaciones, desinfectando residencias, etc. cuando en España ya tenemos buenos bomberos y equipos de rescate". El secreto, añaden, es que "esta nueva unidad aporta algo muy importante, una alta capacidad de despliegue a nivel nacional y una metodología de trabajo, de comportamiento y de conducta en la que, por encima de todo, está la eficacia del servicio a los demás".

"Salvo que una orden sea manifiestamente contraria a la ley, primero se cumple y luego se protesta, se discute o se exigen responsabilidades", añade el presidente de la Unión de Oficiales, Francisco García, que considera que "ese es el espíritu que inspira a las organizaciones que se rigen por normas militares, como la Guardia Civil". "Es difícil explicar que por un lado se cree un cuerpo de emergencias con carácter militar y por otro se desmilitarice la Guardia Civil, cuya eficiencia y resultados en favor de la seguridad y defensa de las libertades públicas le han proporcionado el reconocimiento de la mayoría de españoles y un gran prestigio internacional", sostiene el dirigente de la asociación, que considera que "los cuerpos militares son más difíciles de manipular por su mayor lejanía de la política" y que desmilitarizar la institución sería "el primer paso" para hacerla desaparecer, ya que no tendría sentido tener dos cuerpos iguales a nivel estatal.

placeholder Pablo Iglesias, ayer, tras el Consejo de Ministros. (EFE)
Pablo Iglesias, ayer, tras el Consejo de Ministros. (EFE)

"El día que eso pase, todos los españoles habrán perdido", sentencia García, cuya opinión es compartida por AproGC. "La naturaleza militar es garantía de la plena independencia de la Guardia Civil con relación a las fuerzas políticas y sindicales", subrayan desde esta última asociación, una visión que también es compartida por los suboficiales de la corporación. A la asociación que los aglutina (ASES) le sorprende "muchísimo" el momento elegido por Iglesias para anunciar esa desmilitarización, ya que "sobre el Gobierno del que forma parte se mantiene una acusación de injerencia en el poder judicial".

"No nos fiamos del líder de Podemos ni de sus buenas intenciones con respecto al cuerpo; muy al contrario, creemos que oculta una estrategia para debilitar la estructura y organización territorial del Estado de las que la Guardia Civil es garante fundamental", sostienen los suboficiales, que se posicionan "radicalmente en contra de la pretensión" del líder de Podemos de unificar el instituto armado con la Policía Nacional y de la desmilitarización deseada por Iglesias. Consideran que esta última no arreglaría los problemas del cuerpo. "El carácter militar no debe ser un obstáculo para que se acometan las reformas importantes que todos los guardias civiles esperan en relación con su vida profesional, social y económica", añaden desde ASES, que solicitará al ministro Fernando Grande-Marlaska que en el próximo pleno del Consejo de la Guardia Civil explique sus planes respecto al cuerpo.

Foto: El delegado de Gobierno, José Manuel Franco. (EFE)

No está en esa línea, sin embargo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Su presidente, Juan Fernández, explica que la desmilitarización no es un fin sino un medio para alcanzar un objetivo, que es que mejoren "el funcionamiento interno" del cuerpo, "la falta de derechos" y el "clima laboral". Fernández entiende que los miembros de la Guardia Civil han ido ganando derechos a base de sentencias, como la del Tribunal Supremo de 2017 que reconoció el derecho de manifestación dentro del cuerpo o la de la Audiencia Nacional de 1994 que permitió la existencia de asociaciones o la de 12 años después que elevó a esta agrupación a la categoría de representante de los funcionarios. "La desmilitarización ayudaría a ampliar derechos; la Policía Nacional fue desmilitarizada en 1986 y no hay debate alguno para que vuelva a ser un cuerpo militar; la Guardia Civil sería igual de eficiente", aventura el portavoz de la asociación más numerosa del cuerpo, que critica por ejemplo el excesivo uso que actualmente se hace del régimen disciplinario.

"Existen más sanciones graves que leves", afirma Fernández, quien recuerda que todavía hoy van guardias a prisión por mantener "meras discusiones" con sus jefes. "Los guardias civiles son los que más trabajan de todos los cuerpos policiales que operan en España tanto a nivel nacional como autonómico y local", añade el presidente de AUGC, que tiene claro que no es de recibo que se siga aplicando el Código Penal Militar a los miembros del cuerpo porque lleva a este tipo de injusticias. "Hay que acabar con la imposición y avanzar más en el convencimiento", subraya el representante sindical.

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha incendiado la Guardia Civil con sus últimas declaraciones. "Como presidente de Unidas Podemos, estoy a favor de la desmilitarización de la Guardia Civil; como vicepresidente segundo, no me puedo pronunciar", apuntó Iglesias durante su intervención tras el Consejo de Ministros. "El hecho de que la Guardia Civil pueda reunirse, manifestarse o sindicarse, como han reivindicado las asociaciones profesionales, me parecería bien", ha insistido el responsable de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Ejecutivo, cuyas palabras han sentado como un tiro entre los mandos de una corporación que ya estaba suficientemente alterada por la crisis institucional vivida tras la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos por negarse a ofrecer información del caso 8-M a sus superiores políticos y después de los consiguientes cambios en la cúpula del instituto armado.

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