Desobediencia subsidiaria

La Fiscalía ofrecerá este lunes una vía sin prisión para el mayor Trapero

Tiene previsto introducir en sus conclusiones definitivas el delito de desobediencia, penado con inhabilitación y no con cárcel, de forma subsidiaria a la sedición

Foto: Trapero en una de las sesiones del juicio. (EFE)
Trapero en una de las sesiones del juicio. (EFE)

La rebaja de la petición de penas del Ministerio Público respecto al exjefe de los Mossos d`Esquadra Josep Lluis Trapero irá este lunes un paso más allá de lo esperado. La Fiscalía tiene previsto introducir en sus conclusiones definitivas en el juicio que se reanudará frente a la Sección Primera de la Sala de lo Penal, el delito de desobediencia, penado con inhabilitación y no con prisión, de forma subsidiaria a la sedición que ya anticipaba la condena contra los políticos catalanes impuesta por el Tribunal Supremo, informan a El Confidencial fuentes jurídicas. La decisión, que se adoptó hace más de dos meses, se mantiene.

La vista oral tuvo que ser suspendida a causa del covid 19 y arranca de nuevo el día 8. La decisión de rebaja en la petición de penas se adoptó en marzo, tras la llegada de Dolores Delgado a la Fiscalía General del Estado. Además de el mayor, se sientan en el banquillo el exsecretario general de Interior de la Generalitat César Puig, al exdirector de Mossos Pere Soler y a la intendente Teresa Laplana.

La exministra de Justicia, Dolores Delgado. (EFE)
La exministra de Justicia, Dolores Delgado. (EFE)

Aunque su acusación inicial era por rebelión, la Fiscalía anticipó en sus conclusiones previas que habría rebaja. En el inicio de la vista, el Ministerio Público allanó el camino para el cambio: mencionó la sentencia del TS que condenó a los líderes del 'procés' por sedición y descartó el delito de rebelión, y aseguró que "en el momento oportuno se considerará" una posible rebaja en la acusación.

El Ministerio Público acusaba al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero de un delito de rebelión y pedía 11 años de cárcel para él por lo ocurrido entre el 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la Consellería de Economía en Barcelona y por los preparativos que llevó a cabo para permitir el referéndum ilegal del 1 de octubre. Solicitaba las mismas penas para el exdirector de los Mossos, Pere Soler, y para el exsecretario general de Interior de la Generalitat, César Puig, mientras que en el caso de la intendente de ese cuerpo, Teresa Laplana, rebajaba la acusación a sedición y tan solo tenía en cuenta los hechos ocurridos entre el 20 y 21 de septiembre. Para ella pediía 4 años de prisión.

El fiscal Miguel Ángel Carballo dejó caer la idea nada más tomar la palabra: "La Fiscalía es consciente de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y en el momento oportuno se considerará la conveniencia de cambiar la tipificación, pero este no es el momento procesal oportuno. No es legalmente procedente". El día 15 se celebrarán las conclusiones de las defensas y el informe del Ministerio Fiscal y los días 16 y 17 los informes de las defensas y la última palabra.

Capacidad intimidatoria

En su escrito original, el fiscal cargaba contra el papel desempeñado por los Mossos, policía que, según explican, tuvo "especial relevancia" por "su capacidad investigadora e intimidatoria al servicio de la organización y de los fines independentistas", para lo que llevaron a cabo "funciones impropias de un cuerpo policial como fue la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y, en algunos casos, incluso, oponerse físicamente".

El Ministerio Público subrayaba además que Carles Puigdemont "realizó profundos cambios en los mandos de los Mossos d'Esquadra así como en la Consejería de Interior del Gobierno de Cataluña" antes del 1 de octubre de 2017, destacando en este sentido los nombramientos de Joaquim Forn como nuevo 'conseller' de Interior en julio de 2017, de Josep Lluis Trapero como nuevo mayor del cuerpo policial en abril de ese mismo año y de Pere Soler, quien pasó a estar al frente de la Dirección General de la Policía poco antes del referéndum. Asimismo, en el escrito se recogía también la participación del secretario general de Interior, César Puig, quien ostentaba el cargo desde julio de 2015 pero no dudó en seguir las órdenes de su nuevo jefe.

La Fiscalía consideraba que con estos nombramientos se formó una estructura en la que cada uno desempeñaba un papel concreto: Puig "alertaba de la actuación de los otros cuerpos policiales y facilitaba información a los impulsores del proceso"; Soler "daba cobertura y protección a las personas implicadas en la organización del referéndum", y Trapero "diseñó de forma deliberada unos mecanismos de actuación que impidieron que los agentes de los Mossos d'Esquadra pudieran cumplir con las instrucciones dadas".

El juicio se reanudará en la sede de Génova a partir de las 11 de la mañana y los acusados participarán en dichas sesiones mediante el sistema de videoconferencia desde un órgano judicial de Barcelona. Será retransmitido en streaming por TVE a través de una señal a la que podrán acceder los medios de comunicación que lo soliciten. El acceso de los redactores a la sala de vistas y a la sala de prensa estará restringido a un número concreto de profesionales para garantizar las medidas de prevención adoptadas como consecuencia de la pandemia de coronavirus, y el principio de publicidad de las actuaciones judiciales.

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