EL GOBIERNO MANTIENE SU APOYO AL MINISTRO

Los jueces cargan contra Marlaska por vulnerar la separación de poderes

Tres asociaciones denuncian la injerencia, califican su comportamiento como grave y piden su dimisión

Foto: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado viernes en el Senado. (EFE)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado viernes en el Senado. (EFE)

Tres asociaciones de jueces. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la Asociación Profesional de la Magistratura y el Foro Judicial Independiente han cargado este martes contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaka tras la publicación, por parte de El Confidencial, de una nota reservada de su departamento en la que la directora General de la Guardia Civil expone que el cese del coronel Pérez de los Cobos se produjo por que este no informase al Gobierno "del desarrollo de investigaciones y actuaciones" de la Benemérita en su actuación como Policía Judicial.

Mientras la AJFV, segunda en España por número de representados entre los jueces y magistrados, ha pedido que el ministro sea cesado de su cargo o presente su dimisión, la conservadora APM reclama la intervención del Consejo General del Poder Judicial. La primera considera que ha "perdido toda legitimidad para cualquier cargo ejecutivo" y que cometió una "flagrante e inadmisible vulneración de la separación de poderes" al "tomar represalias contra un alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones de investigación policial en el marco de una instrucción" y que, por tanto, su permanencia en el Ejecutivo se ha vuelto "inaceptable". La segunda duda que con actuaciones de este tipo quede a resguardo el principio de independencia y la división de poderes que asegura que los jueces "puedan desarrollar su labor sin injerencia alguna".

La asociación va un paso más allá y recuerda que "cualquier intento de conocer, fuera los supuestos autorizados, el propósito, curso, contenido o resultado de unas diligencias, o, más grave, de influir en su contenido, a través de la prevalencia orgánica inherente a la cadena de mando, podría suponer una interferencia en la función judicial susceptible de afectar al principio de independencia". "Ya avisamos que, de acreditarse tal actuación, el sistema judicial dispone de medios legales para la depuración de responsabilidades", concluye.

"Perfecto conocedor de la irregularidad"

En su comunicado, la Francisco de Vitoria indica que la antigua condición de magistrado del hoy ministro añade un "plus de reprochabilidad" a la situación, al convertirlo en "perfecto conocedor de que la Policía Judicial depende funcional y directamente de jueces y fiscales", tal y como recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial. "Es inadmisible", expresan, "que un magistrado se conduzca de esta manera, porque responde a un conocimiento de la irregularidad y a una voluntad clara de actuar así", lo que constituiría una "flagrante vulneración del principio de separación de poderes".

Para la tercera asociación, el Foro Judicial Independiente, los hechos "son muy graves". "El ministro ha mentido y ha atentado contra la separación de poderes, al tratar de conocer el contenido de un informe encargado en el marco de unas diligencias que pueden dar lugar, en última instancia, a declarar responsabilidades penales de miembros del Gobierno del que forma parte. "El ministro del Interior es juez. Todo lo acontecido, no solo le deja en evidencia para el ejercicio del cargo que desempeña,sino que le compromete gravemente y le deslegitima para volver a ejercer la función judicial.

El coronel Diego Pérez de los Cobos, en su toma de posesión como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. (EFE)
El coronel Diego Pérez de los Cobos, en su toma de posesión como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. (EFE)

Por el momento, el Gobierno mantiene su apoyo "total" al titular de Interior y a la directora de la Guardia Civil, María Gámez. El cese se debió a una "pérdida de confianza" y a una "remodelación de los equipos", amparada por tratarse de un cargo de libre designación, y "cualquier otra especulación respecto a esta cuestión responde a un marco conspiranoide en el que no vamos a entrar", ha sostenido este martes la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La magistrada del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, mantiene una investigación abierta para esclarecer la supuesta prevaricación administrativa del socialista José Manuel Franco al permitir, a pesar del coronavirus, la multitudinaria manifestación del pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, por las calles de la capital, de la que este es Delegado del Gobierno.

Tras la destitución, Marlaska negó haber solicitado a Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, dicho informe, encargado por la jueza al Instituto Armado, y descartó cualquier "injerencia" en la labor de los investigadores. "Después de 30 años de juez, he tenido siempre muy claro cuál es la función del juez", recalcaba el ministro. En sede parlamentaria, llegó incluso a afirmar que ni él "ni nadie del ministerio" habían solicitado "acceder al contenido" de dicho documento. Una versión que la nota, catalogada de "reservada", contradice.

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