Las CCAA se abrazan al ladrillo para superar la crisis mientras la UE apela al Pacto Verde

El pasado 9 de abril, cuando los muertos seguían engordando las estadísticas y el debate sobre el coronavirus todavía era si España lograba domar la curva de contagios, el Gobierno hizo pública su adhesión a una carta suscrita por Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Holanda, Portugal y Suecia en la que todos estos Estados apelaban a la Comisión Europea para que emplease el llamado Pacto Verde (European Green Deal) como gran palanca para la recuperación económica de Europa tras la crisis provocada por el covid-19. La iniciativa, concebida para lograr un saldo neutro de emisiones de efecto invernadero en 2050, es para muchos una herramienta de inversión y transformación hacia un nuevo modelo productivo basado en tecnologías sostenibles, capaz además de aportar valor y favorecer el crecimiento.

Pero mientras en Bruselas se eternizaban las negociaciones y se habilitan los mecanismos para poner a disposición de los países miembros fondos imprescindibles para salir de la recesión con un acento más respetuoso con el medio ambiente, en los despachos de muchas autonomías de distinto signo político se pergeñaban cambios normativos y reglamentarios para aligerar la tramitación de proyectos e iniciativas que, una vez más, han situado el sector inmobiliario y urbanístico en primera línea de segmentos productivos elegidos para servir de locomotora a la recuperación. Al igual que ocurrió a mediados de los años noventa, cuando el ladrillo fue la punta de lanza del crecimiento del PIB hasta que se pinchó la enorme burbuja de crédito en 2008, las clases dirigentes vuelven a girar el foco hacia el sector inmobiliario, confiando en que repita su rol de trampolín, aunque sea rebajando las barreras de control y supervisión sobre sus impactos. Madrid, Andalucía y Murcia (las tres con presidente del PP) o la Comunidad Valenciana y Baleares, con presidentes socialistas, han recurrido al urbanismo como fármaco paliativo contra el impacto económico del coronavirus.

Madrid es la autonomía que más lejos irá en la relajación de trámites: quiere sustituir las licencias de obras por declaraciones responsables

La Comunidad de Madrid ha sido, seguramente, la que más lejos ha ido en cuanto a dar barra libre a la tramitación de proyectos relajando el papel de guardián de la Administración Pública con la excusa de la pandemia del covid-19. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado directamente la supresión de todas las licencias urbanísticas a excepción de las estatales y su sustitución por declaraciones responsables. "De esta manera, estas licencias que se otorgaban en 12 meses se pueden hacer de inmediato para que tanto los ayuntamientos como particulares no estén perdiendo el dinero ni el tiempo”. El Gobierno compartido por el Partido Popular y Ciudadanos planea modificar la Ley del Suelo autonómica para eliminar esa barrera administrativa previa que, según la propia presidenta autonómica, suponía 12 meses de espera hasta su consecución.

Este cambio legal coincidirá con la activación de algunos megaplanes urbanísticos como el de Madrid Nuevo Norte, la llamada Operación Chamartín. Pero su alcance será mayor, pues eliminará de un plumazo la necesidad de obtener licencias urbanísticas para la mayoría de iniciativas que lleguen a los municipios madrileños. La medida agilizará plazos, seguro, pero limitará también la capacidad del Ejecutivo de supervisar con anterioridad a su ejecución que los proyectos cumplen con las normas en materia medioambiental, de edificación o seguridad.

Madrid no ha sido la única. Murcia tambien ha aprobado decretos motivados por la necesidad de reactivar la economía por la crisis del coronavirus que reducen la carga administrativa en materia urbanística. El Gobierno de Fernando López Miras aprobó el pasado 23 de abril una resolución que, por ejemplo, suprime la Comisión de Política Territorial y, por consiguiente, su intervención como órgano consultivo en multitud de trámites. También ha eliminado la obligatoriedad de que los planes generales municipales de ordenación se desarrollen mediante estudios de detalle, que pasarán a tener carácter complementario y quedarán excluidos del procedimiento de evaluación ambiental. Las licencias de edificación podrán concederse de forma provisional sin este tipo de estudios, según el análisis de los decretos que realiza Garrigues.

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Andalucía, con sus decretos de medidas urgentes contra el coronavirus, o Cataluña, con la llamada ley ómnibus covid-19, también han puesto en marcha mecanismos para simplificar trámites administrativos en materia urbanística. El Consell de Ximo Puig, a su vez, aprobó el pasado 15 de mayo el Registro de Entidades Colaboradoras de Verificación y Control de Actuaciones Urbanísticas (Recuv). Son entidades homologadas por la Administración autonómica que certifican el cumplimiento de las normas urbanísticas y, por tanto, ahorran el trámite inspector y burocrático, respaldando las declaraciones responsables. Este mecanismo de colaboración público-privada externaliza la responsabilidad de evaluar el cumplimiento de las normas ambientales y urbanísticas. Ya existe en otras regiones como Madrid, pero la Generalitat valenciana ha acelerado su tramitación para darle luz verde con el argumento de que agilizará la concesión de licencias y ayudará a empujar la salida económica.

En Baleares, el Govern de Francina Armengol ha dado luz verde a un decreto de medidas extraordinarias que permite realizar obras de ampliación y reforma con una declaración responsable del promotor. La licencia previa será exigible antes de meter las grúas cuando se trate de construcciones de nueva planta.

Andrés Boix, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, entiende que puede tener sentido "eliminar controles 'ex ante' cuando son innecesarios porque no hay riesgos relevantes en juego". Sin embargo, cuando se habla de urbanismo y medio ambiente, las cosas cambian. "Es el problema de una economía poco productiva y sin capacidad de generar valor añadido: cuando viene una crisis, la tentación de tirar por esta vía es muy fuerte. Y si a eso se añaden unas élites abiertamente depredadoras, es la tormenta perfecta. ¿Es la única vía? Obviamente no. De hecho, es muy perjudicial. Y no solo porque genera un destrozo ambiental y patrimonial irreversible, sino porque además desincentiva que la inversión se desvíe a otros sectores más productivos, innovadores y de más valor añadido", afirma. "Cuanto más se facilita el recurso al ladrillo y a la generación de rentas vía transformación del suelo y demás dinámicas, problemas especulativos y ambientales al margen, menos rentable comparativamente es invertir en otros sectores", insiste.

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El profesor recuerda el caso valenciano, cuango el Gobierno regional de Joan Lerma aprobó a principios de los noventa la LRAU, la ley urbanística que inventó la figura del agente urbanizador capaz de arrastrar a propietarios de parcelas rústicas contra su voluntad hacia una recalificación de suelos acordada con los ayuntamientos y que tantos problemas de abusos generó durante la etapa del 'boom' inmobiliario en la entrada del siglo XXI. Los populares reformaron después la legislación rebajando incluso requisitos ambientales. "Abiertamente, se explicaba que teníamos unas leyes demasiado proteccionistas en lo ambiental y en la sostenibilidad y eso no podía ser", recuerda Boix.

Feijóo abre la mano por el covid

Lo cierto es que la profunda recesión a la que se ha visto abocada España en este 2020 —y sobre cuya duración sigue habiendo muy pocas certezas— está sirviendo para colar trámites que de otra forma hubieran tenido que esperar más tiempo. Ha ocurrido en Galicia, donde la Xunta de Alberto Núñez Feijóo ha recibido críticas de grupos ecologistas.

Cuando se decretó el estado de alarma, el pasado 14 de marzo, quedaron suspendidos con carácter general todos los procedimientos de entidades del sector público. Solo se contemplaron las excepciones que se pudieran acordar con resolución motivada para trámites indispensables para el interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, y en esta categoría ha incluido la Xunta un millar de proyectos ambientales polémicos: desde vertederos a líneas de alta tensión, pasando por parques eólicos controvertidos. Un total de 107 colectivos de distinto tipo, pero con abundancia de organizaciones ecologistas, han presentado dos recursos para solicitar al Gobierno gallego la paralización cautelar de todos esos proyectos.

Los recursos de reposición colectivos afectan a sendas órdenes de las 'consellerías' de Medio Ambiente y de Economía de la Xunta, aprobadas el 27 de abril y el 5 de mayo, por las que se reactivaron alrededor de un millar de actuaciones delicadas. Acusan a ambos departamentos de aprovechar la excepcionalidad de la regla general prevista en el real decreto del estado de alarma para darle ese carácter a los proyectos impulsados, “que en su mayoría no son de interés general, ni son indispensables o estrictamente necesarios para el funcionamiento básico de los servicios públicos”. Acusan a la Xunta de “justificar en abstracto el alcance del interés general” de las excepciones, sin haber atendido la exigencia de hacerlo con cada expediente por separado. “Esas dos órdenes están dejando sin efecto las disposiciones del estado de alarma”, denuncian.

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Para las organizaciones ecologistas, la situación se agrava por la crisis sanitaria actual, con una población “limitada para el desarrollo de muchas de sus actividades de forma normalizada”. “También están limitados los movimientos y posibilidades de organización vecinal para responder a proyectos industriales de tanto impacto”, alertan. “Mientras dure el estado de alarma, los derechos fundamentales de los administrados sufren un menoscabo y las personas y colectivos tenemos menos posibilidades de ejercer el control sobre la acción administrativa en materia de medio ambiente o para evitar que de ella se deriven ilegalidades”, añaden los colectivos recurrentes.

En total, son 975 los proyectos que estaban paralizados por el real decreto de estado de alarma desbloqueados por la Xunta, cuando aprobó en su último 'consello' de marzo una orden para iniciar o continuar los procedimientos administrativos. Lo hizo apelando a su indispensabilidad para la protección del interés general y el funcionamiento básico de los servicios. Posteriormente, otra orden, esta de la Consellería de Industria, publicada el 11 de mayo, daba luz verde a esa continuidad y legitimaba a la Xunta para aprobar tales iniciativas industriales, principalmente vinculadas a la Dirección Xeral de Enerxía e Minas.

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Representantes de los 107 colectivos que presentan los recursos han instado también a la Delegación del Gobierno en Galicia a que atienda sus criterios, con el objetivo de que revise si las órdenes impugnadas de Medio Ambiente e Industria “se ajustan a las disposiciones del real decreto” de declaración del estado de alarma, “o si por el contrario las contravienen”. Entre las organizaciones que firman los recursos se encuentran Greenpeace y otras de notable implantación en Galicia como la Federación Ecoloxista Galega, Verdegaia, distintas plataformas de defensa de las rías y Adega.

En el texto de los recursos, los colectivos consideran inadmisible que la vía da excepción sirva para “subvertir la regla general”. “No parece de recibo exceptuar de la regla general de suspensión el grueso de los procedimientos” de las 'consellerías', "justificándolo por grupos de procedimientos o áreas funcionales". La paralización de los plazos, apuntan, “no responde a un capricho, sino a la necesidad de garantizar los derechos de los administrados en una situación excepcional”. Además de exigir a la Xunta que identifique “el concreto interés público a proteger”, recuerdan que durante el estado de alarma los administrados “están limitados para recurrir la orden de referencia”, ya que los plazos para ello solo cuentan una vez finalizado el citado estado.

Los colectivos consideran inadmisible que la vía da excepción sirva para "subvertir la regla general"

Las excepciones a la suspensión de los trámites están citadas en anexos de las dos órdenes recurridas. Entre ellas, hay instalaciones eólicas que, tras largos años de paralización, habían sido reactivadas en los últimos meses, entre protestas de las organizaciones ecologistas. Otros son de más reciente inicio, como el de Paradela (Lugo), polémico por su proximidad al Camino de Santiago, catalogado Patrimonio de la Humanidad, o el denominado Solpor, en Ordes (A Coruña), con turbinas a apenas 500 metros de las casas, según denuncian los vecinos. La Diputación de A Coruña también ha exigido la paralización de este proyecto, con efectos negativos “mayores que los positivos”.

La ampliación depuradora de Os Praceres (Pontevedra), contestada por el Ayuntamiento de Pontevedra y por la plataforma de Defensa de la Ría, es otro de los proyectos incluidos entre los 975 que se reactivan. También se incluyen en la lista de los considerados por la Xunta “indispensables para el interés general o para el funcionamiento básico de los servicios” distintas autorizaciones de caza, permisos urbanísticos en terrenos protegidos o derechos de emisión de gases de efecto invernadero.