Interior impondrá un acuerdo a policías y guardias para acelerar la equiparación

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya no está para muchas florituras. Y menos en el controvertido asunto de la equiparación salarial, cuyo tercer y último tramo aprobó el pasado martes el Consejo de Ministros y que sirvió para tapar parte de la crisis institucional abierta en el seno de la Guardia Civil tras la destitución del coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, que investigaba al director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por prevaricación en el marco de un procedimiento judicial.

Marlaska tirará a partir de ahora por el camino del medio y escuchará poco a las asociaciones de la Guardia Civil y a los sindicatos de la Policía Nacional con el fin de acelerar al máximo el procedimiento y que los funcionarios engorden cuanto antes sus bolsillos en plena crisis sanitaria y económica. Su opinión será tenida en cuenta, explican fuentes del Ministerio del Interior, pero no habrá tiempo para que los representantes de uno y otro cuerpo se pongan de acuerdo sobre cuánto de esos 274 millones acordados corresponde a cada cuerpo. Se trata, entienden desde el departamento dirigido por Marlaska, del único modo de sacar adelante el proceso de forma que no se retrase y perjudique aún más la imagen del ministro en su propia casa.

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El proceso para que esos 274 millones de euros —que se saltan el límite de gasto establecido por el Gobierno— lleguen al bolsillo de policías nacionales y guardias civiles, de hecho, no ha hecho más que empezar. Fuentes del ministerio explican que al menos hasta septiembre los funcionarios de ambos institutos armados no podrán disponer en sus cuentas corrientes del dinero, que debería ingresarse con efecto retroactivo, ya que el compromiso que adquirió el Ejecutivo fue entregar el montante a principios de año. Los policías y guardias civiles, por lo tanto, tendrán que recibir también esos atrasos cuando comiencen a cobrar.

En cualquier caso, antes debe quedar claro qué parte va a un cuerpo y cuál va al otro, un punto que genera fricción entre ambas corporaciones desde el pasado enero. En el primer tramo (correspondiente a 2018), la Guardia Civil se llevó el 59% del presupuesto total previsto para esa fase (308 millones de euros) y la Policía, el 41% restante. La consultora que elaboró el informe del reparto y fijó las cantidades argumentó que los miembros de la benemérita cobraban menos que los del cuerpo hermano, por lo que a su entender merecían ser resarcidos en este plan de equiparación con más dinero que los funcionarios de la Policía Nacional.

En el segundo tramo (2019), sin embargo, las cosas cambiaron. El director general de la Policía, Francisco Pardo, convenció a su entonces homólogo en la Guardia Civil, en aquella época aún era Félix Azón, de que sus subordinados merecían más de ese 41%. Fue entonces cuando la proporción que se iban a llevar los miembros de la benemérita disminuyó en favor de la que ingresarían los policías. En concreto, los guardias civiles recibieron en el segundo tramo el 57,28% de la suma total designada para ese momento (249 millones de euros). Los policías, por su parte, se embolsaron el 42,72% de esa misma cantidad, casi dos puntos porcentuales más que en el primer reparto.

Ahora, ambas partes tienen que repartirse los últimos 274 millones de euros (que hacen un total de 831 millones en tres años y completan el plan de equiparación). La división, sin embargo, ha provocado discrepancias entre una y otra corporaciones. Ni guardias civiles ni policías nacionales están por la labor de ceder. Las asociaciones del primer cuerpo, responsables de liderar la organización en nombre de los agentes del instituto armado, reclaman recuperar el reparto del primer tramo (59-41%). Argumentan que es lo que se acordó en un inicio y lo que determinó la consultora contratada. Los sindicatos policiales, sin embargo, esgrimen que la mencionada consultora no tuvo acceso a los datos reales de los salarios de los Mossos, cuerpo de referencia para hacer la equiparación, debido a que la Generalitat le denegó el acceso, por lo que reclaman subir incluso más allá de lo incrementado a su favor en el segundo tramo. En concreto, consideran que no deben bajarse del 55-45%.

Durante este tiempo de paralización del proceso (desde el pasado enero), sin embargo, ni siquiera han tenido oportunidad de discutirlo en reunión alguna. La crisis sanitaria y la negativa del ministro del Interior a intervenir con el fin de ganar tiempo han imposibilitado la creación de una mesa de negociación que permitiera a ambas partes llegar a un acuerdo. Ahora, en medio de otra crisis —en este caso, institucional—, el margen de tiempo se ha estrechado aún más. Fuentes del Ministerio del Interior explican que montarán encuentros técnicos para definir el reparto definitivo a los que asistirán asociaciones de guardias civiles y sindicatos de policías nacionales. Sin embargo, las reuniones no serán vinculantes. Las mismas fuentes aseguran que el departamento dirigido por Marlaska ya tiene su plan de adjudicación establecido y lo impondrá sin atender reclamaciones.

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil, una de las asociaciones que participan en las negociaciones, ha pedido ya un Consejo de la Guardia Civil con el fin de tratar el asunto. En concreto, la agrupación que aglutina a más mandos del cuerpo solicitará en ese encuentro un "calendario" que incluya la convocatoria de las mencionadas mesas técnicas para abordar las cantidades que se embolsará cada cuerpo. También ha pedido una reunión urgente con el director general el Sindicato Unificado de Policía con el fin de tratar el asunto.

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Fuentes de Interior explican, en línea con lo que dijo Marlaska en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la aprobación del tercer tramo de la equiparación —que pretende igualar los sueldos de policías nacionales y guardias civiles a los de los Mossos d'Esquadra— fue tratada en la comisión de secretarios y subsecretarios de Estado del pasado jueves como paso previo a su aprobación en Consejo de Ministros. Documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial confirman este extremo, que ratifica la versión del ministro de que el anuncio de la aprobación del tercer tramo estaba previsto para el pasado Consejo de Ministros. No fue, por lo tanto, improvisado por la cúpula de Interior tras saltar el escándalo de la destitución de Pérez de los Cobos.

No iba a ser comunicado a la opinión pública, sin embargo, a través de rueda de prensa, sino mediante un comunicado. La decisión de trasladarlo a la opinión pública de boca del propio ministro se produjo después de que se conociera la dimisión del teniente general Laurentino Ceña como director adjunto operativo de la Guardia Civil en protesta por la salida de Pérez de los Cobos. En ese momento, Moncloa decidió que había que atajar la crisis abierta en el instituto armado y que lo mejor era explicar con detalle el tema de la equiparación salarial.