Marlaska incendia la Guardia Civil al politizar la cúpula al margen del escalafón

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pasará a la historia por haber acabado con una de las tradiciones más estables de la Guardia Civil, la que hace prevalecer el escalafón y la antigüedad de sus miembros en la estructura de mando sobre cualquier tipo de injerencia política. El titular de la cartera de la que depende la seguridad del país ha decidido pasar por encima de esa costumbre que hasta el momento habían respetado todos sus predecesores y nombrar a dedo a los máximos responsables operativos del instituto armado. En concreto, Marlaska ha designado al general de división Pablo Salas y al oficial del mismo rango Félix Blázquez como números uno y dos del cuerpo por debajo de la directora general, María Gámez, cuando éstos se encontraban en los puestos siete y nueve del escalafón, por debajo de nada menos que tres tenientes generales y otros tantos funcionarios de su mismo nivel pero con más antigüedad en el cargo.

El ministro, que tendrá que ascender a ambos elegidos a la categoría de teniente general para que tomen posesión de sus nuevas plazas, ha interferido de este modo por primera vez en la promoción natural de mandos dentro de la cúpula del instituto armado. Según explican desde el Ministerio del Interior, estos ascensos fuera del cauce habitual estaban ya programados y obedecen a un plan de remodelación de Marlaska que iba a ponerse en marcha en junio, cuando se jubilara el hasta ahora número uno operativo del cuerpo, Laurentino Ceña. Pero todo se precipitó, explican, tras la dimisión irrevocable el pasado martes de este último teniente general, que dejó el cargo en protesta por la destitución que dos días antes había sufrido un histórico de la Guardia Civil y referente para los miembros del cuerpo, el coronel Diego Pérez de los Cobos, que estaba al cargo de la Comandancia de Madrid.

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Marlaska cesó a este último a través de Gámez después de que el coronel se negara a proporcionar información sobre las diligencias judiciales que llevaban sus subordinados del departamento de Policía Judicial de la Comandancia, que por orden del Juzgado 51 de Madrid investigaban si el director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, habían podido cometer prevaricación al no tener en cuenta las recomendaciones del Centro Europeo de Control de Enfermedades sobre el coronavirus y permitir algunas concentraciones masivas de personas a principios de marzo, como la manifestación del 8M, el encuentro masivo de afiliados de Vox o un partido de fútbol en el Wanda Metropolitano.

El cese de Pérez de los Cobos sentó muy mal en la cúpula del cuerpo, pues fue entendido como una injerencia política en un asunto judicial. Así lo leyó también la Asociación Profesional de la Magistratura o incluso la propia titular del Juzgado 51, Carmen Rodríguez-Medel, quien advirtió de que si se probaba que la destitución obedecía a criterior de intervención en asuntos de su competencia tomaría medidas. Al día siguiente al cese, la magistrada citó a declarar como imputado al delegado del Gobierno para el próximo 5 de junio, un claro movimiento de determinación para hacer avanzar la causa en ese contexto.

Tal revuelo creó en la corporación que el mismo director adjunto operativo, Laurentino Ceña, el hombre que había dado la cara por el Gobierno semanas atrás en las ruedas de prensa diarias posteriores a la mesa técnica de seguimiento de la crisis sanitaria, decidió hacer un gesto contundente con el fin de dejar claro su desacuerdo. Cuando apenas quedaba una semana para su jubilación -que tenía que haber cogido el pasado 23 de marzo, cuando cumplió 65 años, pero que alargó en sintonía con Marlaska para mantener una imagen de solidez durante la crisis sanitaria-, presentó su dimisión irrevocable. Su acción multiplicó los efectos que había ocasionado el cese de Pérez de los Cobos.

Agrupaciones de mandos de la corporación como la Unión de Oficiales o la Asociación Pro Guardia Civil, que aglutinan a la práctica totalidad de jefes del instituto armado, pusieron en relación ambos hechos y salieron en defensa del "honor" del coronel responsable de la Comandancia de Madrid y del director operativo dimitido. La bola fue haciéndose cada vez mayor y precipitó, según justificaron luego desde el Ministerio, esa decisión de remodelar la cúpula que Marlaska tenía en mente. El ministro optó entonces por intervenir en los nombramientos que de forma natural, por criterios internos, hasta el momento se habían decidido en el seno de la Guardia Civil.

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Eligió a un general de división con el que había tenido trato durante su época como juez en la Audiencia Nacional, el responsable de los Servicios Antiterroristas del instituto armado, Pablo Salas, para sustituir a Ceña, a pesar de que éste ocupaba el número siete del escalafón y, por lo tanto, tenía a media docena de mandos por delante para ocupar la dirección adjunta operativa que había quedado vacante. La agitación se convirtió entonces en terremoto en los pasillos de la Dirección General de la Guardia Civil, pues sus miembros advertían con claridad que el 'privilegio' que había tenido tradicionalmente el cuerpo para elegir a su propia cúpula estaba pasando a mejor vida. La politización llegaba a la benemérita.

Las sospechas de estos altos mandos se confirmaron definitivamente al día siguiente, cuando el ministro decidió cesar al jefe del Mando de Operaciones, el general Fernando Santafé. Era el hombre que de forma natural, según los criterios de antigüedad y escalafón, tenía que haber sustituido al dimitido Ceña, pero que había sido dejado de lado después de que Marlaska señalara a Salas. Fuentes de la Guardia Civil explicaban a El Confidencial que Santafé estaba enfadado por haber sido relegado, pero que éste no dimitiría en ningún caso, que deberían cesarle. Y así ocurrió. El teniente general que ocupaba en número dos del escalafón y que no había podido ascender a número uno era destituido ayer, según argumentó de nuevo Interior, en el marco de esa reestructura de cargos que preveía acometer a partir de junio, cuando Marlaska había pactado que Ceña se jubilara, y que había tenido que precipitarse por la dimisión de este último.

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De nuevo, otro general de división, esta vez el número nueve del escalafón, había sido el elegido para hacerse cargo del Mando de Operaciones que ocupaba Santafé. Félix Blázquez González, que ejercía como responsable de controlar la inmigración irregular en el Estrecho de Gibraltar, conocía a Gámez, que supuestamente es quien le había elegido para ocupar el cargo, según explicaron desde Interior. Otras fuentes de la Guardia Civil consultadas por El Confidencial apuntan a que Marlaska tanteó a otros altos cargos de la cúpula del instituto armado antes, pero que ninguno aceptó. Por segunda vez en apenas dos días, por lo tanto, un general de división asumía un puesto que históricamente había ostentado un teniente general, máxima categoría de la corporación.

La reestructuración provocará también, por lo tanto, que por primera vez dos generales de división se pongan por encima de dos tenientes generales, los responsables de los Mandos de Personal, Francisco Díaz Alcantud, y de Apoyo, Rafael Galán Toledo, que de momento siguen ocupando esos mismos cargos, pero que, según las fuentes consultados, también están molestos por tener a personal de inferior rango por encima. Salas y Blázquez, de hecho, aún tienen que ser ascendidos a teniente general antes de ocupar sus nuevas plazas, cosa que ocurrirá en los próximos días.