"Puede haber errores, pero eso no implica que haya responsabilidades penales"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (1961, Osuna), prepara un proyecto de ley de choque para hacer frente a los efectos del covid sobre la Justicia. Y augura una avalancha de procedimientos de todo tipo vinculados a la pandemia. Campo, juez de carrera, rechaza hablar de “casos vivos”, en referencia al caso que investiga la convocatoria de la manifestación del 8-M y el episodio del cese de un coronel de la Guardia Civil por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Lo que sí tiene claro es que las equivocaciones que pueda haber cometido el Gobierno no se traducen en responsabilidades penales como las que investiga una jueza en Madrid.

PREGUNTA. ¿Cuál es el estado de la Justicia como consecuencia de la pandemia?

RESPUESTA. Si la Justicia antes ya necesitaba un impulso modernizado, ahora además arrastra una cierta parálisis, porque se ha reducido su actividad en un 90%, y en un 95% las plantillas. Y el estado de alarma ha establecido una suspensión de los plazos judiciales que se alza el día 4. Por lo tanto, necesita un impulso, que es en lo que estamos trabajando ahora en la desescalada, con mayor presencia de funcionarios, alzando los plazos y con una obsesión: la salud de los profesionales. Si esta pandemia nos ha enseñado algo, es que todos los días tenemos que proteger, y contamos con una única medicina que es el distanciamiento físico. Por tanto, hemos entendido que el tiempo perdido en Justicia es un tiempo ganado a la vida.

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P. ¿Qué tipo de casos pueden llegar en avalancha en relación al coronavirus?

R. Hay unas áreas muy concretas donde ya tenemos visualizado en número de miles los expedientes que pueden aumentar. Uno, la paralización o ralentización hacen que afloren esos procedimientos, pero después hay otros procesos que claramente tienen que ver con el covid. Estamos hablando en los juzgados sociales con los ERTE, despidos, etcétera. Estamos hablando en el ámbito contencioso administrativo de personas que aspiraban legítimamente a tener una de las ayudas que se han creado y al no ser así reclaman. También los miles de multas que se han impuesto y que se pueden recurrir al ámbito contencioso administrativo. Los concursos, es evidente.

Hemos hecho un esfuerzo regulador para intentar mitigar este tipo de actuaciones y son las que se encardinan en los planes de choque de la disposición adicional del decreto de economía. También van a estar afectadas las áreas familiares, por custodias, disputas económicas por situaciones de paro… Una Justicia que no ha gozado de un dinamismo enorme, evidentemente requiere un trabajo enorme, que es en lo que estamos, articulando mecanismos de modernización, aprovechando una situación que ha llegado y ha servido para agudizar las carencias en materia de Justicia. Por ejemplo, la necesidad de reformas organizativas y todo lo que es transformación digital, porque el teletrabajo en Justicia no puede funcionar como en otras administraciones y empresas, porque no hay medios, y por eso ha habido un incremento de aspectos puntuales, pero no hay una transformación digital en la Justicia.

Hay que hacerlo con la voluntad de todos y, pese a lo que se diga, ha habido un enorme consenso en todo lo referido a la Justicia, antes del decreto de alarma y durante el estado de alarma, y ahí seguimos.

P. ¿También con el PP?

R. Absolutamente. Tengo que reconocer el enorme trabajo de todas las autonomías y también las gobernadas por el PP, que han trabajado con absoluta lealtad, con independencia de que luego el PP no haya apoyado la convalidación del real decreto. O Ciudadanos, de las consejerías que dependen de ellos solo puedo decir que han aportado con absoluta lealtad e intentado mejorar el servicio público que tenemos que prestar.

P. Para el proyecto de ley de medidas de choque que prometió para el mes de junio, ¿también buscará acuerdos previos con el PP?

R. No son previas, son coetáneas, porque ya hemos ido a la comisión de cooperación reforzada y hemos explicado al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado, procuradores, abogados y comunidades autónomas lo que estamos pretendiendo, y ya estamos recibiendo muchísima documentación de ellos y aportaciones, sumadas a las horas de videoconferencia dos veces a la semana.

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P. Esa sintonía con el PP, ¿se ampliará a cuestiones pendientes como la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional?

R. Yo espero que sí. Lo que tengo muy claro es lo que debería de pasar, y si nos jactamos de que somos defensores del Estado de derecho y nos lo creemos, la renovación de esas instituciones es una obligación legal. La Constitución dice que el Consejo dice que tiene un mandato y que no cabe la reelección, tiene que hacerse según la normativa en vigor en cada momento. Creo superlegítimo que alguien quiera modificar el sistema, pero renovemos de acuerdo a la legalidad vigente ahora y después ya modificaremos la ley en ese ámbito de consenso.

Este Gobierno está en ello, lo que pasa es que necesita interlocutor, que los demás dejen la situación de alarma aparcada, pero hay que retomarlo de manera inmediata.

P. En esta avalancha de casos, ¿también se incluyen las demandas como consecuencia de supuesto mal funcionamiento de la Administración o en la vía penal por exigencia de responsabilidades?

R. Bueno, los ciudadanos tienen derecho a hacerlo. A mí, la litigiosidad no me preocupa, aunque eso marque el grado de conflictividad política, si alguien entiende que se han lesionado sus derechos, está en su libertad y debe tener abiertas las puertas de la Justicia. Eso no quiere decir que los tribunales de Justicia sean los únicos capaces de resolver los conflictos. Hay que crear una cultura en la que actúen la mediación y otros mecanismos. Pero, como responsable político, tengo que poner los instrumentos y remover los obstáculos para que el ciudadano pueda acceder a la Justicia. No tiene sentido que tengamos juzgados de lo mercantil tramitando reclamaciones por retrasos de devoluciones de líneas aéreas. Hay que buscar mecanismos que agilicen esos procesos.

P. Ya hay querellas contra miembros del Gobierno e investigaciones a delegados del Gobierno por la gestión de la pandemia. ¿Cuál sería su criterio general sobre responsabilidades penales de las autoridades en este caso?

R. Me cuesta mucho trabajo jugar a ese juego, porque no lo entiendo. Todas las decisiones del Gobierno han sido tomadas siguiendo las pautas de las autoridades sanitarias. ¿Que podemos habernos equivocado? Sin duda. Todos los gobiernos del mundo ahora saben mucho más que al iniciarse la pandemia. ¿Eso quiere decir que se han equivocado? Bueno, depende de cómo lo califiquemos. ¿Eso quiere decir que hay responsabilidades penales? No.

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P. ¿Hay preocupación en el Ejecutivo por los acontecimientos judiciales de los últimos días? La causa sobre el 8-M, ¿preocupa?

R. El Gobierno actúa en la alarma en función de los parámetros que marcan las autoridades sanitarias y desde la seguridad jurídica de que todas las resoluciones adoptadas han sido medidas y comedidas.

P. En cuanto a los condenados por el ‘procés’ y las peticiones de indulto que ya han cursado, ¿el Gobierno les dará trámite?, ¿cúal será su postura?

R. El Gobierno está obligado a tramitar todos los indultos, los presente quien los presente, porque es un derecho del ciudadano. En este caso, creo que son tres, que todavía no han entrado. Durante la anterior legislatura, con el Gobierno en funciones, no se tramitaron y estamos todavía en esto. Hoy, puedo decir que todavía no han entrado en el circuito, es decir: traslado al tribunal sentenciador y el resto de pasos.

Las preocupaciones del Gobierno ahora son las que son.

P. ¿Y se retomará la reforma legal para cambiar los delitos de sedición y rebelión?

R. El Código Penal necesita revisiones. Nuestra regulación del delito de sedición tiene 200 años. Somos una isla en el océano. Los países de nuestro entorno, Alemania, Francia, Italia, regulan la cuestión de una manera muy diferente. Pero cualquier modificación del Código Penal necesita un gran tiempo de valoración y de apreciación y, después, buscar los consensos necesarios para modificar el Código Penal, y esto vale para la sedición pero también para los delitos medioambientales, cibercrimen, protección de la infancia… Cuestiones que el Gobierno tiene en mente pero dependen de un impulso normativo y del funcionamiento de las cámaras. Lo tenemos en mente, pero ¿cuándo lo vamos a hacer? No lo sé.

Lo que sí tengo claro es que todo lo que se haga se haría con todas las garantías de los procesos normativos. Es decir, anteproyecto, informes vinculantes, abierto a la doctrina y todos sus trámites.

P. ¿Hay instrumentos jurídicos para sustituir el estado de alarma?

R. El estado actual de alarma no tiene alternativa. ¿Que se pueda producir con reformas legislativas? Claro. La alarma es necesaria porque nuestro sistema, afortunadamente, no ha tenido una circunstancia así hasta hoy. Una pandemia así no se producía hace 100 años. No estábamos preparados para esto. Contesto con rotundidad: no hay un plan B al estado de alarma.

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P. Entonces… Si no se aprueba una nueva prórroga, ¿qué sucederá?

R. Habrá que ver la situación en la que estemos entonces, qué dicen las autoridades sanitarias, y si siguen diciendo que el riesgo de contagio es alto, trataríamos de buscar mecanismos para reforzarlo lo más rápidamente posible. Porque, insisto, el presidente del Gobierno y todo el Ejecutivo siempre hemos tenido claro que la salud de los ciudadanos es lo que prima, con independencia de que haya que hacer más esfuerzos o no. Y por ello lo que es lamentable es que haya partidos que se llaman de Estado que no hayan apoyado ese estado de alarma.

"Ahora se dice: ¿por qué se echan en brazos de Bildu? Oiga, porque hay que sacar el estado de alarma, porque hay que salvar a los ciudadanos"

P. ¿Sería posible o deseable una reforma legal para hacer frente a un rebrote al margen del estado de alarma?

R. Sin duda, y sobre todo si no cambian los posicionamientos políticos. Hay partidos políticos que se han instalado en el no a todo y con eso es muy difícil trabajar. Partidos que se han llamado toda la vida de Estado. Ahora mismo, me gustaría que arrimaran más el hombro a un proyecto nacional destinado a salvar a los ciudadanos. Y no estar instalados en la bronca.

Eso es lo que me provoca mayor indignación. Ahora se dice: ¿por qué se echan en brazos de Bildu? Oiga, porque hay que sacar el estado de alarma, porque hay que salvar a los ciudadanos. Y por tanto, tendré que buscar donde vea la posibilidad de ese apoyo para algo que las autoridades sanitarias están demandando y cuyo aspecto jurídico debe buscar el Gobierno.

P. No hay manera de limitar derechos fundamentales si no es con ese estado de alarma... Es decir, ni confinamiento ni límites a la movilidad…

R. Parcialmente, puede haber instrumentos, pero, globalmente, que es lo que es necesario aquí, porque esto es muy rápido… Si algo nos ha enseñado esta pandemia es el gran desconocimiento que se tiene sobre ella, incluso las autoridades sanitarias. Su apoyo es el que da seguridad jurídica, porque no queda duda de que, en todo lo que estás haciendo, no hay oportunidad política. Se están siguiendo las pautas que marcan la Organización Mundial de la Salud y las autoridades nacionales y europeas. Esto está sacudiendo al mundo entero.

Instrumentos parciales podemos tener, globales, ninguno. De ahí el decreto de alarma, que es de los tres el menos agresivo, porque no relaja el Estado de derecho, nadie pierde sus competencias, hay una coordinación de esfuerzos en base a un objetivo. Eso, parcialmente, es muy difícil conseguirlo.

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P. Entonces, frente a un rebrote, ¿la primera opción del Gobierno será el estado de alarma o una legislación reforzada?

R. No lo sé. Ahora mismo, el único instrumento que tenemos es el estado de alarma. Si da tiempo de hacer esas reformas normativas, pues contaremos con un nuevo elemento. Lo que hace falta es aprender de lo que la historia nos ha enseñado. Hacer una reflexión serena, si tenemos tiempo, que espero que sí, de las cosas que podíamos haber hecho mejor. El pasado nunca es un puerto de llegada, es un faro que ilumina el futuro. Tenemos que apostar por el sistema sanitario público, por el ciudadano, la no privatización. Esas son las lecciones que tenemos que sacar.

Y a lo mejor nos damos cuenta de que hemos tenido el mejor sistema sanitario público de los países conocidos y que a lo mejor, en los últimos años, desde algunas opciones políticas, no ha sido la primera prioridad. Aprender de los buenos caminos y desechar los que no son tan buenos. A partir de ahí, articular: tener EPI, almacenar para que no se estrese el mercado como se ha estresado, provisión rápida. Las soluciones buenas siempre son fruto de la meditación y el cálculo. Cuando pase la pandemia, llorar a los que han perdido la vida y planificar para que no nos vuelva a ocurrir o para al menos conseguir que los efectos sean menos devastadores.

P. ¿Y qué tiene qué decir a quienes defienden que ha habido excesos en la aplicación del estado de alarma, que se asemeja más a un estado de excepción?

R. Están en su legítimo derecho, la libertad de expresión es un derecho que tenemos todos. El espíritu crítico es el que forma a una ciudadanía fuerte y crítica con el poder. Pero no lo comparto. Creo que se ha hecho un uso comedido y hemos seguido las pautas, tanto en el momento duro como en el momento durísimo y en lo que hemos denominado la desescalada. Creo que la cogobernanza ha funcionado, pese al griterío que en algunos momentos hemos vivido.

Oigo al ministro de Sanidad todos los días en sus intervenciones y solo habla del esfuerzo enorme que están haciendo todas las comunidades autónomas, sean del signo político que sean. Y eso es lo verdaderamente importante y con lo que me quedo. Que de esto, podemos salir todos juntos.

En materia de Justicia, lo hemos aplicado todos los días. Les invito a que vean todas las resoluciones del BOE, todas, en todas pone que son consensuadas. No hemos distinguido color político porque hemos entendido que había un problema por encima de opciones políticas superlegítimas.

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P. ¿Eso vale para todas las comunidades? Pienso, por ejemplo, en Madrid o Cataluña, donde los roces han sido evidentes.

R. Me remito a las palabras del ministro de Sanidad, que ha dicho que ha habido unos trabajos estupendos. El hecho de que una comunidad no pase de fase no significa que se la esté castigando, simplemente es que la pandemia ha castigado más duramente en algunos sitios. Madrid y Barcelona, como ciudades, han sido las más castigadas por la pandemia. ¿Eso quiere decir que ha habido más tensión con esas comunidades? Estoy convencido de que no. Es verdad que es complicado darles el mismo tratamiento que, por ejemplo, a Canarias, que ha tenido un resultado magnífico. Pero eso no quiere decir que haya habido una mayor tensión política o una deslealtad. No. Sanidad ha encontrado siempre en los consejeros colaboración en pro del objetivo común, que es vencer este virus.

P. Volviendo al terreno de la Justicia. Uno de los objetivos de la legislatura era la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dar la instrucción a los fiscales. ¿Dará tiempo en esta legislatura?

R. Sin duda. Para este año. La presentación en Consejo de Ministros del anteproyecto se hará antes de fin de año. Existe un gran consenso en el documento. Estamos trabajando sobre los dos modelos que han concitado unanimidad en la doctrina y todos los operadores jurídicos de que es el camino correcto y adecuado. Estamos simplemente fusionando dos textos muy buenos que se hicieron en las etapas del ministro Caamaño, el ministro Gallardón y también Catalá.

El gran problema de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es su implementación. Realizar el texto, sin problema. Ahora bien, paralelamente, hay que estar trabajando en una potenciación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Va a tener unas facultades que son las típicas constitucionales y, al igual que al juez se le refuerza en su función constitucional, un juez de garantías, hacen falta unos mecanismos para señalar, por ejemplo, las discrepancias de un fiscal.

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La Fiscalía actúa bajo el principio de unidad y dependencia jerárquica. Debemos establecer unos mecanismos para que el fiscal que no esté de acuerdo con lo que dice su jefe pueda oponerse. Hay que potenciar el estatuto y hay que analizar la gestión del cambio con sumo cuidado. Las plantillas, la vertebración, la estructuración, las carreras judicial y fiscal, y hacer una implementación ordenada.

¿Esto quiere decir que podemos tener en dos o tres años la aplicación? Pues no lo sé, posiblemente no. Pero no me importaría que algo que lleva 140 años esperando pueda tardar seis o siete años. Sí quiero que el día que llegue a aplicarse, sea todo un éxito.

P. Desde la oposición, se ha criticado que se lance esta iniciativa cuando al frente de la Fiscalía se encuentra su antecesora en el Ministerio de Justicia…

R. Siempre intento distinguir entre lo que es una crítica legítima y lo que es la actuación. Cuando ensombrecemos la actuación de la carrera fiscal, a mí me duele. Ensombrecer la actuación independiente y autónoma de los fiscales me produce un desgarro, porque en el fondo estamos desconfiando de nuestras instituciones.

La Fiscalía actúa bajo principios de unidad de acción y dependencia jerárquica, pero actúa con plena autonomía. Llevo años trabajando con fiscales y no he visto ninguno que haya sido sometido o sojuzgado para hacer lo que no ha querido. Tienen autonomía. Lo que no quiere decir que no se siga con ese principio de unidad de acción, porque promover la acción de la Justicia necesita unas pautas globales. Contamos con elementos cada vez más reforzados para que realicen su trabajo con absoluta independencia.