La Delegación aprobó 130 protestas en pleno covid y solo vetó una en el chalé de Iglesias

La Guardia Civil ha descubierto que la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid permitió que se celebraran más de un centenar de manifestaciones entre el 5 y 14 de marzo pese a la grave situación sanitaria que ya se vivía en ese momento. La máxima autoridad en orden público en la región madrileña únicamente prohibió una protesta durante ese periodo. Casualmente, había sido convocada frente al chalé de Galapagar que comparten el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. La Delegación la vetó.

TE PUEDE INTERESAR

La oposición estrecha el cerco al Gobierno y exige ya la dimisión de Grande-Marlaska

P. Esteban

El instituto armado refleja esta circunstancia en el informe de 81 páginas que entregó el pasado jueves a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de plaza de Castilla, Carmen Rodríguez-Medel, y que, como adelantó este diario, apunta al director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, y cuestiona la gestión del ministro de Sanidad, Salvador Illa. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acordó este domingo el cese fulminante del coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, responsable orgánico de la unidad investigadora, por negarse a filtrarle el contenido del documento policial.

Los agentes mencionan el caso de la manifestación en la vivienda de Iglesias y Montero como prueba de que, en esos días, la Delegación del Gobierno hizo uso de sus facultades para impedir el ejercicio del derecho de reunión. En ese episodio concreto, el organismo que dirige el socialista José Manuel Franco consideró que primaba el derecho a la intimidad de los dirigentes de Podemos sobre la solicitud de una plataforma de agricultores y ganaderos que había solicitado permiso para manifestarse en esa localización.

En cambio, señala el atestado, pese a la evidente amenaza que ya constituía el covid-19 en esos primeros días de marzo, la Delegación nunca consideró necesario en el resto de movilizaciones ponderar el derecho de reunión con otros elementos relacionados con la integridad de los ciudadanos, como la protección de la salud pública. Hasta 130 concentraciones recibieron el visto bueno del organismo para desarrollarse sin ningún tipo de medida especial, expone la Guardia Civil.

Primó el derecho al honor y la intimidad

Además de la manifestación en Galapagar, hubo otras cinco prohibidas en ese periodo, pero estas últimas fueron rechazadas por simples defectos de forma. “En el caso de las comunicaciones no autorizadas (6)”, recoge el atestado, al que ha tenido acceso El Confidencial, “todas se basan en errores en los plazos de presentación de la comunicación por parte de los promotores, a excepción de una, que se pretendía efectuar en las inmediaciones del domicilio del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030, D. Pablo Iglesias Turrión, en la localidad de Galapagar (M), por parte de una asociación de agricultores y ganaderos el día 14 de marzo de 2020 (expediente 447)”.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Marlaska, comiendo negritos

Javier Caraballo

El informe analiza el expediente y recoge que, para oponerse, la Delegación hizo “un juicio de valor sobre los derechos fundamentales del honor, intimidad personal y familiar y la propia imagen, así como la inviolabilidad domiciliaria, ponderándolos con el derecho de reunión, prohibiendo finalmente el desarrollo de la misma como resultado de las circunstancias analizadas”. “Esta última resolución del delegado del Gobierno sobre el expediente 447 de la DG [Delegación del Gobierno] de Madrid, indica a esta instrucción que el delegado del Gobierno conoce los cauces y mecanismos legales por los que prohibir, modificar el lugar, horario o itinerario de una determinada reunión/manifestación”, concluyen los investigadores.

Cancelaciones telefónicas

El informe también se detiene en otras 12 concentraciones que fueron supuestamente desconvocadas de forma voluntaria por sus respectivos promotores. Como desveló El Confidencial, los agentes de la policía judicial han acreditado que, apenas unas horas después del 8-M, la Delegación del Gobierno contactó por vía telefónica con las plataformas que iban a celebrar esas protestas para persuadirlas de que debían anularlas o suspenderlas por el alto riesgo de infección. Sin embargo, la institución que dirige José Manuel Franco no dejó constancia por escrito de esas gestiones ni de que el motivo de la cancelación fueron razones de salud público. En los expedientes, solo aparece la petición de desconvocatoria cursada por la entidad organizadora.

“En base a lo anterior, es significativo que las llamadas que efectuaron los funcionarios de la DG a los promotores no hayan quedado registradas en ningún sitio”, plasma el informe. En todo caso, añade, esas maniobras dejarían “patente que la DG tenía conocimiento pleno sobre el peligro que se podría ocasionar si se continuaban celebrando reuniones o manifestaciones, cuando ya era públicamente conocido el peligro de contagio por no mantener la distancia social y las graves consecuencias que el patógeno estaba generando en España en general y en la Comunidad de Madrid en particular”.

El delegado, imputado por prevaricación

La jueza Rodríguez-Medel ha citado a declarar a Franco el próximo 5 de junio en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación. El secretario general de la Delegación y otros dos altos cargos del organismo también han sido citados, aunque como testigos. Además, la instructora reclamó este lunes nueva documentación al Ministerio de Sanidad.

La Abogacía del Estado ya recurrió la admisión a trámite de la querella que dio origen a la causa y se opuso a la imputación del delegado del Gobierno. Fuentes gubernamentales apuntan ahora que la Abogacía del Estado ya trabaja en un escrito para rebatir algunos de los aspectos del informe.