Álvarez de Toledo eleva el tono de un bronco pleno al llamar a Iglesias "hijo de terrorista"

El tono bronco del Congreso sigue subiendo decibelios hasta rozar ya la violencia verbal, paralelamente a la agitación social que se vive en las calles. La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha despachado este miércoles acusando al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de ser "hijo de un terrorista" y concluir que es esa la aristocracia a la que pertenece, "a la del crimen político". Su intervención fue respaldada con una cerrada ovación de su bancada, con algunos diputados populares que incluso se pusieron a aplaudir en pie. Respondía así a la intervención que había hecho antes el líder de Unidas Podemos, quien se refirió de forma provocativa a la portavoz de los populares como "marquesa". Se trata de un título que, según recoge el BOE, adquirió en 2013 como sucesora en el marquesado de Casa Fuerte.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le pidió acto seguido a Álvarez de Toledo que retirase estas palabras del diario de sesiones, a lo que se negó. Los miembros de la Mesa del PP y de Vox, Ana Pastor e Ignacio Gil Lázaro, se opusieron también a que se retirasen estas acusaciones, hasta el punto de abandonar el pleno en señal de protesta al considerarlo un intento de censura.

Iglesias calificó la intervención como un delito y anunció que "invitaré a mi padre a que tome las medidas oportunas", añadiendo que "solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien y que le salga gratis". No es la primera vez que tiene que acudir a los tribunales por este tipo de acusaciones. El eurodiputado de Vox Hermann Tertsch ya fue condenado a pagar 15.000 euros al padre de Pablo Iglesias por vincularlo a un asesinato de 1973, concluyendo que había cometido “intromisión ilegítima” y “vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen”.

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Iván Gil

El padre de Pablo Iglesias, Javier Iglesias, militó en los últimos años de la dictadura franquista en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), una organización que llegó a utilizar la violencia en 1973 al amparo de una escisión del PCE —y con la colaboración activa de la Unión Socialista Española (SUE), del exministro de Estado durante la II República Julio Álvarez del Vayo—. Una militancia por la que fue detenido y posteriormente encarcelado.

El socialista José Bono, que por aquel entonces militaba en el Partido Socialista Popular (PSP) y que acababa de licenciarse en Derecho y ADE por el Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas, fue su abogado defensor. Actividad que mantuvo hasta el fin de la Transición, destacando como letrado de una de las víctimas de los atentados de Atocha en 1977. La estancia en prisión del padre de Iglesias fue “por repartir propaganda antifranquista”, aunque se le intentó vincular con delitos de sangre.

El ADN de las familias Iglesias y Turrión está teñido de un color rojo por el que pagaron el castigo de la represión. Una saga humilde, pero ilustrada, con estudios universitarios más por capacidad que por estatus y, sobre todo, varios represaliados políticos: desde su tío abuelo materno, que formó parte de La Motorizada que protegía a Indalecio Prieto y fue fusilado, a su abuelo paterno, Manuel, condenado a muerte aunque finalmente se le conmutó la pena, y a quien también se acusó de represor por haber dictado nueve sentencias de muerte como presidente del tribunal del IX Cuerpo del Ejército Republicano, pasando por su abuela o su propio padre, detenido y encarcelado por su oposición a la dictadura franquista.