PABLO SALAS, NUEVO DAO DEL CUERPO

Marlaska anuncia el pago de la equiparación salarial para tapar la crisis en la Guardia Civil

El ministro comparece tras la dimisión del director operativo de la Guardia Civil, que renunció después de la destitución del coronel responsable de investigar a Simón y a Franco

Foto: Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. (EFE)
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. (EFE)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado el pago del tercer tramo de la equiparación salarial para guardias civiles y policías nacionales justo horas después de que dimita el director adjunto de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, por la crisis institucional abierta en el cuerpo tras la investigación judicial abierta contra el Gobierno. Marlaska también ha adelantado que el nuevo máximo responsable operativo del cuerpo será el general Pablo Salas, hasta ahora jefe del servicio antiterrorista del instituto armado. El nombramiento de Salas conlleva el ascenso del nuevo director adjunto de general de división a teniente general.

El ministro ha enmarcado la dimisión de Ceña dentro de un "proceso normal", dado que el director adjunto dimitido estaba alargando su cargo. En concreto, ha dicho que estaba previsto que se jubilara el pasado 23 de marzo, pero el general amplió su estancia en el puesto debido a la crisis sanitaria. Sobre el cese del jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, decisión del ministro que motivó la salida de Ceña, Marlaska ha dicho que el cambio de puesto de este coronel se enmarca dentro de la "política razonable de constitución de nuevos equipos", ya que el alto mando fue nombrado por el PP. Ha negado que se deba al desarrollo de cualquier investigación judicial que dirigiera el coronel. "Tras más de 30 años como juez, he tenido muy claro el papel de cualquier poder del estado; ingerencia es una palabra que no conjugaré nunca", ha sentenciado.

La equiparación salarial llevaba casi seis meses congelada. Las asociaciones profesionales llevaban todo este tiempo exigiendo al Ministerio que desembolsara los 247 millones comprometidos que estaban destinados a equiparar el salario de los guardias civiles y los policías nacionales con el de los Mossos d'Esquadra y que aún quedaban por incluirse en las nóminas de los funcionarios. Ya había abonado los dos primeros tramos en los años 2018 y 2019 y quedaba pendiente la mencionada partida correspondiente a 2020.

El Gobierno, sin embargo, no tenía previsto que Marlaska compareciera hoy. En un primer momento solo estaba prevista la aparición en rueda de prensa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y de la titular de Industria, Reyes Maroto. Sin embargo, tras conocerse la dimisión del director adjunto operativo de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, Moncloa anunció que a las dos ministras las acompañaría el responsable de Interior.

En su comparecencia, sin embargo, Marlaska ha desvinculado la decisión sobre la equiparación de la crisis provocada por el cese de Pérez de los Cobos. La equiparación, ha dicho, es un compromiso del Gobierno, que requiere procesos previos. Ha dicho que, como prueba de que el asunto se estaba fraguando con independencia del terremoto que ha tenido lugar en la Guardia Civil, el pasado jueves se trató el tema en la comisión general de secretarios de estado.

La dimisión de Ceña se ha conocido minutos después del mediodía de hoy martes. El máximo responsable operativo del instituto armado ha presentado su renuncia irrevocable esta misma mañana, justo un día después de que Marlaska ordenara destituir al jefe de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos. El pasado viernes, el ministro tuvo noticia de que este último coronel dirigía una investigación por orden del Juzgado 51 de Madrid que apuntaba a un posible delito de prevaricación llevado a cabo por el responsable de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, así como por el delegado del Gobierno, José Manuel Franco.

La investigación, según los informes presentados por los subordinados de Pérez de los Cobos, argumentaba que ambos altos cargos conocían, antes de autorizar la manifestación del 8-M y otras concentraciones que tuvieron lugar esos días, el informe del Centro Europeo de Control de Enfermedades que señalaba que el riesgo de contagio de la pandemia era muy elevado. "A partir del 5 de marzo no se tenía que haber celebrado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria, y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo", resume un informe de la Guardia Civil presentado ante el Juzgado 51.

En el marco de esta investigación, la titular del juzgado, Carmen Rodríguez-Medel, ha citado a declarar en calidad de investigado por un delito de prevaricación para el próximo 5 de junio al delegado del Gobierno en Madrid y a tres colaboradores con el fin de que expliquen hasta qué punto conocían las advertencias de Europa. En concreto, además de Franco, comparecerán el secretario de la Delegación, Fernando Talavera, el jefe del gabinete del delegado, Luis María Sanz Moriñigo, y el director de la unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.

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