La Guardia Civil descubre que la Delegación prohibió actos bajo cuerda justo tras el 8-M

La Guardia Civil ha descubierto que la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ocultó la prohibición de varias manifestaciones por riesgo de contagio solo unas horas después de permitir que 120.000 personas recorrieran las principales arterias de la capital en la marcha del 8-M. El hallazgo figura en el atestado que los investigadores remitieron al Juzgado de Instrucción número 51 de plaza de Castilla el pasado jueves y que llevó este domingo al Ministerio del Interior a cesar de forma fulminante al coronel de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por no prestarse a anticipar su contenido al máximo responsable de la cartera, Fernando Grande-Marlaska.

El informe del instituto armado, que apunta al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, por no haber tenido en cuenta los avisos de los organismos internacionales que desaconsejaban la celebración de actos multitudinarios por el peligro de infección, compromete seriamente al delegado del Gobierno, el socialista José Manuel Franco, y a parte de su equipo en ese organismo.

Los hechos clave se produjeron entre el 8-M y la declaración del estado de alarma. Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas a la causa, tras la manifestación del Día de la Mujer y otros eventos masivos que tuvieron lugar ese mismo fin de semana, técnicos de la Delegación del Gobierno contactaron telefónicamente con diferentes colectivos que tenían programadas protestas en las jornadas siguientes para pedirles que las suspendieran por el peligro de expansión del coronavirus.

Una de las plataformas que recibieron la llamada de la Delegación fue la Asociación para Personas Aptas sin Ayudas al Alquiler (Apasaa), que tenía previsto concentrarse el jueves 12 de marzo frente a la Asamblea Regional de Madrid para exigir una ampliación de las subvenciones al arrendamiento. Su protesta no llegó a celebrarse. Los técnicos de la Delegación telefonearon a la portavoz de Apasaa, Diana Chnaiker, y la presionaron para que suspendiera el acto con el argumento de que suponía una amenaza para la salud pública.

Los documentos internos de la Delegación recogen que Chnaiker aceptó la petición, pero no hay constancia de esas conversaciones telefónicas. En el expediente analizado por la Guardia Civil, solo figura la solicitud de cancelación de Apasaa como si se hubiera producido de forma espontánea. Ni rastro de las llamadas ni de las razones sanitarias.

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Lo mismo pasó con una protesta convocada por los sindicatos de Amazon el viernes 13 de marzo en San Fernando de Henares para reclamar una mejora de las condiciones laborales de la plantilla. Entre el 10 y el 11 de marzo, las centrales de trabajadores del gigante estadounidense fueron contactadas por la Delegación del Gobierno para urgirles a suspender su movilización porque conllevaba un elevado riesgo de contagios. Los sindicatos accedieron y aplazaron el acto, pero el expediente oficial del evento recoge únicamente, de nuevo, la solicitud de anulación de los organizadores como si estos hubieran renunciado a celebrarlo de forma voluntaria. Tampoco se reflejan las llamadas que recibieron ni que el motivo fuera el covid-19.

El atestado de la Guardia Civil refleja llamadas similares a otros movimientos. También incluye las declaraciones de la portavoz de la plataforma de ayudas al alquiler y de los sindicatos de Amazon confirmando que la Delegación del Gobierno les llamó para que cancelaran sus respectivas protestas por motivos de salud pública.

Fuentes próximas al caso sostienen que la máxima autoridad en orden público en la Comunidad de Madrid habría usado este sistema telefónico para no dejar por escrito ninguna prueba de que el avance de la pandemia hacía inviable la celebración de aglomeraciones tan solo unas horas después de haber autorizado la manifestación del 8-M y otros actos que congregaron a miles de ciudadanos, como el congreso político de Vox en el Palacio de Vistalegre, al que asistieron 9.000 cargos y militantes, y el Atlético de Madrid-Sevilla de Primera División, que reunió en el Wanda Metropolitano a más de 60.000 espectadores.

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El descubrimiento de estas maniobras apuntala los indicios que obran en el sumario contra el delegado del Gobierno, único imputado por ahora en la causa. La instructora del caso, la jueza Carmen Rodríguez-Medel, le ha citado a declarar el próximo 5 de junio en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación. El secretario general de la Delegación y otros dos colaboradores de Franco también tendrán que comparecer, aunque en calidad de testigos.

Su organismo mantuvo en un primer momento que no prohibió la marcha del Día de la Mujer porque no recibió ninguna alerta sobre el coronavirus hasta después de la declaración del estado de alarma. Sin embargo, las primeras informaciones de la suspensión de las protestas de los días 12 y 13 llevaron a Franco a cambiar su versión y admitir que la noche previa al 8-M recibió dos advertencias sanitarias del Gobierno regional, aunque alegó que no las leyó hasta el lunes 9.

El atestado de la Guardia Civil ha dado un impulso a la instrucción. Además de citar al dirigente socialista y parte de su equipo, la jueza Rodríguez-Medel ha reclamado nuevos documentos sobre las gestiones de la institución entre los días 5 y 14 de marzo con respecto a todas las movilizaciones previstas para esos días u otros posteriores. Asimismo, ha pedido al forense adscrito al juzgado que elabore un nuevo informe sobre las consecuencias que pudo tener el 8-M en el agravamiento de la pandemia.

El informe también ha tenido consecuencias extrajurídicas. Grande-Marlaska cesó el domingo por la noche al coronel de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, responsable orgánico de la unidad investigadora del 8-M, por no filtrarle el contenido del documento ni avisarle de que iba a ser enviado al juzgado el pasado jueves. El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, firmó la destitución a propuesta de la directora general del instituto armado, la también socialista María Gámez, por una supuesta “pérdida de confianza”.

La instructora del caso ha trasladado que investigará si el cese se ha producido para tratar de influir en la investigación. La propia jueza envió una carta a Interior este lunes a primera hora para recordar que los agentes encargados de las diligencias tienen orden de guardar secreto y solo comunicar con ella los asuntos relacionados con el caso.