Marlaska cesa al jefe de la Guardia Civil que investigaba a Fernando Simón por el 8-M

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cesado al hasta ahora jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Así lo ha adelantado 'El Mundo' y lo han confirmado a El Confidencial fuentes del departamento, que aseguran que la destitución se debe a una "pérdida de confianza" del ministro en el alto mando del instituto armado. El verdadero motivo, sin embargo, va más allá y apunta a causas políticas.

La destitución, de hecho, se produce también justo cuando la Guardia Civil desarrolla una investigación que apunta a presuntas responsabilidades penales del responsable de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y del propio delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8-M en la capital de España y otras movilizaciones que tuvieron lugar en torno a ese día, como contó este diario.

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En concreto, según publicó El Confidencial, las diligencias de la Guardia Civil han acreditado que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias manejaba al menos tres días antes de la manifestación datos que evidenciaban la gravedad de la crisis. Pese a ello, entienden los investigadores, no tomó medida alguna para evitar ni ese acto multitudinario ni otros que tuvieron lugar la misma semana, como el que congregó a 9.000 personas en Vistalegre organizado por Vox o el partido del Wanda Metropolitano al que acudieron 60.000 espectadores.

La investigación la dirige la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, y la ejecutan agentes del instituto armado dependientes de la Comandancia de Madrid que dirigía el coronel ahora destituido. En el caso de seguir adelante la instrucción por la línea señala por la Guardia Civil, tanto Simón como Franco se estarían enfrentando en el marco de este procedimiento judicial a un delito de prevaricación. Según contó El Confidencial, la jueza pidió a los responsables de la investigación policial que rastrearan el camino que había seguido el informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades que alertaba sobre las dimensiones reales del covid-19, quién lo había recibido en España y a qué otras autoridades se había derivado.

En concreto, la magistrada pidió expresamente a los agentes que desvelaran si el documento había llegado a la Delegación del Gobierno, responsable de autorizar o prohibir las manifestaciones públicas. La respuesta de los investigadores fue contundente y confirmaba que el informe había llegado tanto a la oficina de Simón como a la de Franco. Añadía además que tanto el responsable de Emergencias como el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, como también desveló este diario, abogaron por suspender un congreso de evangélicos que iba a tener lugar en Madrid entre el 19 y el 21 de marzo pero en cambio permitieron la marcha del 8-M.

Pérez de los Cobos estaba asimismo en la lista de "objetivos políticos" prioritarios de ERC en cualquier negociación con el Gobierno, ya que fue el responsable policial del dispositivo que el instituto armado desplegó en Cataluña durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 que ha dado lugar a la condena de varios dirigentes políticos de la comunidad autónoma.

La decisión de Grande-Marlaska se produce también justo después de la polémica surgida estos días en torno a la vigilancia en el chalé del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Pérez de los Cobos ha dado órdenes de intensificar la seguridad de la casa del líder de Podemos en pleno estallido de las protestas de las caceroladas, que han provocado que decenas de vecinos de Galapagar, donde vive el alto cargo del ejecutivo, se trasladasen hasta las inmediaciones del inmueble para expresar su malestar. Desde Interior, sin embargo, niegan que este sea el motivo del cese.

Desde la pasada semana, el despliegue de agentes de la Guardia Civil en el municipio madrileño ha sido cada vez mayor. A la zona se han desplazado incluso efectivos del cuerpo de élite de los GRS, especializados en el control de desórdenes públicos, y media docena de vehículos con el fin de vigilar la zona y proteger tanto al vicepresidente como a su pareja, la ministra Irene Montero. Este despliegue ha generado un malestar en el seno del instituto armado que ha llegado hasta el Ministerio del Interior, según explican fuentes de la benemérita.

Opinión

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También la semana pasada, la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid ordenó a todos los puestos del instituto armado en la comunidad autónoma que pusieran a sus agentes a trabajar para detectar futuros movimientos de protestas de caceroladas que pudieran ponerse en marcha en las poblaciones que tienen asignadas. Así lo reflejaba el correo electrónico al que tuvo acceso El Confidencial remitido por el coronel jefe interino de operaciones de la mencionada comandancia a todos los responsables de puestos más pequeños.

Las fuentes consultadas, sin embargo, vinculan la salida de Pérez de los Cobos con la investigación judicial sobre el 8-M, dado que el coronel era el responsable último de las diligencias policiales y respaldaba a sus agentes. El hasta ahora responsable de la comandancia de Madrid, de hecho, no informó en ningún momento al Ministerio del Interior de la mencionadas diligencias abiertas, extremo que previsiblemente habría molestado al Gobierno. No tenía obligación, indican las mismas fuentes, de cursar información alguna al respecto a sus superiores políticos, ya que se trata de una investigación judicial.

Según otras fuentes de la Guardia Civil, el coronel ya ha abandonado la instalación de la que ha sido responsable. Lo ha hecho esta mañana, tras la comunicación de su cese, en un vehículo que conducía él mismo, algo poco habitual, ya que el alto cargo suele tener chófer. Pérez de los Cobos fue nombrado responsable de la comandancia en abril de 2018, cuando aún estaba al frente del Gobierno Mariano Rajoy. Fue destinado ahí tras dirigir la denominada operación Copérnico, dirigida a contener los altercados derivados del citado referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.