Sánchez aviva la desescalada y relega el plan Ribera tras la presión de CCAA y empresarios

El plan de desescalada cambia sobre la marcha. La dificultad para lograr apoyos en el Congreso de los Diputados y la presión de las comunidades autónomas y los empresarios han obligado al Gobierno a abrir la mano y estudiar que las regiones pasen de fase antes de lo previsto. El Ejecutivo no descarta que avancen en una semana en vez de en dos y contempla un escenario sin estado de alarma antes de que finalice el desconfinamiento.

El Gobierno defiende que el estado de alarma es la mejor herramienta para dar respaldo a la desescalada. El plan establece restricciones a la movilidad que solo ese instrumento jurídico puede amparar. Sin embargo, los apoyos en el Congreso han ido menguando conforme el Ejecutivo ha solicitado nuevas prórrogas. Tras la última, con el acuerdo fallido para derogar la reforma laboral con Bildu a cambio de su abstención, una nueva no está asegurada. Ese acuerdo, además de provocar una división en el Gobierno, ha sentado muy mal en la CEOE y ha puesto en peligro el diálogo social con la patronal y los sindicatos, fundamental para la regulación de los ERTE.

"El plan de transición establece que hay que permanecer un periodo de 14 días en cada una de las fases. De todas formas, en función de cómo evolucione la epidemia en cada una de las unidades territoriales, vamos a estudiar si hay opciones de modificar esto. De momento, lo que hay vigente es lo que en su día se acordó y que la voluntad del Gobierno es aplicar el estado de alarma allí donde sea preciso el mínimo tiempo necesario. Por tanto, vamos a ir viendo cómo evoluciona la situación epidemiológica de cada unidad territorial y vamos a ir tomando las decisiones oportunas", explicó este domingo en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El plan de desescalada no ponía fechas concretas, solo establecía un periodo de dos semanas entre fase y fase. "Es el tiempo medio de incubación del covid-19 y así se podrán tomar decisiones basándonos en los efectos que ha tenido cada fase sobre cada territorio", dijo Sánchez cuando presentó el plan. En una entrevista en 'El País', la ministra Teresa Ribera, designada por el presidente para liderar el desconfinamiento, explicó que el Gobierno había optado por "ir sobre seguro para no tener que retroceder".

Miguel Otero, investigador principal del Real Instituto Elcano y miembro del grupo de expertos que elaboró ese plan, explicó días después en El Confidencial por qué se había preferido un sistema de hitos a uno de fechas. "Todo el mundo quiere salir, pero siempre que se hablaba con actores políticos o económicos, había una insistencia en las fechas, fechas, fechas, y nosotros desde nuestra filosofía siempre nos resistimos a eso. Como dijo uno de los expertos sanitarios del grupo: 'El que pone fechas entiende poco de virus'. Y eso se nos quedó a todos muy grabado. El diseño del plan sigue esta filosofía. Todo dependerá de cómo aprendamos a convivir con el virus. Si vuelve a hacer daño y a causar más muertes, habrá que replegarse".

Según el plan original del Gobierno, y teniendo en cuenta que Madrid entra este lunes en la fase 1, la desescalada no acabaría en la capital hasta julio

La desescalada comenzó el 4 de mayo con la fase 0 en todo el territorio salvo en El Hierro, La Gomera, La Graciosa y Formentera, las cuatro islas que han ido por delante en todo el proceso. Entraron en fase 2 el 18 de mayo y es probable que pasen a la fase 3 el 1 de junio. A mediados de ese mes, deberían estar fuera de la desescalada si todo va bien. El resto del país ha ido, como mínimo, una semana por detrás. Las zonas más retrasadas son la Comunidad de Madrid, la zona metropolitana de Barcelona y varias zonas de salud de Castilla y León.

Según el plan original del Gobierno, y teniendo en cuenta que Madrid entra este lunes en la fase 1, la desescalada no acabaría en la capital hasta el 5 de julio, siempre que no hubiera rebrotes, casi un mes después del final de la última prórroga del estado de alarma. Pero el Gobierno ya sí se pone fechas. Pedro Sánchez apuntó a julio para la vuelta del turismo, un sector clave en la economía española y cuyos empresarios presionan para que la salida de la desescalada no se retrase, sobre todo en zonas donde la incidencia del covid-19 ha sido menor, como Canarias y las Islas Baleares.

TE PUEDE INTERESAR

El retraso de las leyes sanitarias deja un vacío legal contra el covid sin nueva alarma

Beatriz Parera Juanma Romero

En la reunión de este domingo, Alberto Núñez Feijóo pidió a Pedro Sánchez que Galicia salga del estado de alarma cuando pase a la fase 3, lo que puede suceder el 8 de junio. El presidente de la Xunta también solicitó que se permita la movilidad interprovincial en su región, algo que el plan de desescalada solo contempla cuando termine todo el proceso. El estado de alarma es necesario para restringir los desplazamientos.

"Uno de los elementos clave del plan es que durante una época la restricción a la movilidad va a estar presente. Y por ahí es necesario el estado de alarma", explicó Miguel Otero. Hace una semana, la idea del Gobierno era pedir una prórroga de un mes que alargara el estado de alarma hasta finales de junio, pero tras el pacto con Ciudadanos, aceptó rebajar la duración a la mitad. Ahora, trabaja para conseguir otra de 15 días, aunque también valora no pedirla.

El real decreto de la última prórroga ya establece que las medidas quedarán sin efecto en las unidades territoriales que superen todas las fases. Pero lo que pide Feijóo es una aceleración. Y el presidente del Gobierno comunicó este domingo a las comunidades que algunas saldrán del estado de alarma en los próximos días. Con los plazos actuales, lo más pronto que una comunidad podría estar fuera de la desescalada sería el 22 de junio. El Gobierno necesitaría al menos una prórroga más para alargar la alarma hasta esa fecha y otra más para llegar hasta el final, siempre que no haya complicaciones y ningún territorio retroceda. Si no lo consigue, correría el riesgo de quedarse sin la cobertura legal para muchas de las restricciones que establece el plan de desescalada.