¿Más presión en el Mar Menor? Murcia usa la pandemia para relajar control en vertidos

La pandemia del coronavirus puede haber ha traído malas noticias para el Mar Menor. El impacto en la economía de las drásticas medidas de confinamiento ha llevado al Gobierno regional del popular Fernando López Miras a aprobar a través de decretos-leyes de urgencia medidas de relajación de controles y trámites burocráticos que podrían dar lugar a un incremento de la presión urbanística y medioambiental sobre la laguna. El Ejecutivo autonómico sostiene que la legislación actual, especialmente el decreto de protección aprobado en diciembre, impide cualquier vertido a este mar interior. Sin embargo, la asociación Pacto por el Mar Menor, la organización transversal que aglutina a entidades cívicas y sindicales y grupos ecologistas, asegura que los decretos no son claros y abren la puerta a un menor control en materia ambiental.

El ejecutivo autonómico lanzó el 23 de abril y el 7 de mayo sendas resoluciones por la vía de urgencia destinadas a simplificar autorizaciones y barreras administrativas. "El impacto que está sufriendo la sociedad y la economía de la Región de Murcia es todavía de difícil precisión, pero no cabe duda de que está siendo implacable. Las medidas sanitarias han conllevado una paralización completa de toda actividad económica, excepto los sectores esenciales, y paralizaciones parciales o afecciones en la productividad y viabilidad de sectores completos, cuya reactivación en el tiempo será difícil y no estará exenta de efectos negativos. Es preciso pasar a evaluar los daños y, sobre todo, trabajar de forma urgente y decidida en buscar soluciones ante el grave problema social y económico que se ha generado", se afirma en la exposición de motivos para justificar las nuevas normativas.

Sin embargo, mientras en otros territorios el parón productivo se ha traducido en regalos 'verdes' como una reducción de la contaminación y de las emisiones de efecto invernadero, en Murcia las facilidades para la reactivación podrían tener consecuencias sobre su castigada joya natural, según denuncian desde Pacto. El decreto-ley del 7 de mayo de mitigación del impacto socioeconómico del covid-19 en el área de medio ambiente (así es como se denomina) suaviza las exigencias administrativas para los incrementos de vertidos en instalaciones de tratamiento de residuos con autorización ambiental sectorial, de vertidos al mar o a la atmósfera. Se trata de un problema que afecta especialmente al Mar Menor, convertido en receptor de todo tipo de sustancias por la gran actividad agrícola circundante o los restos de la actividad minera que se desarrolló hasta finales del pasado siglo en parte de su entorno.

TE PUEDE INTERESAR

Metales tóxicos de minas abandonadas en el Mar Menor, la última plaga de la laguna

Víctor Romero

Así, la norma ha pasado a considerar modificaciones "no sustanciales" en actividades que generen vertidos tierra-mar aquellas que no supongan un incremento superior al 25% del caudal de vertido o del 25% de la concentración de cualquier sustancia contaminante.

Para instalaciones que conlleven actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, aquellas que supongan una modificación o reemplazo de maquinaria, equipos o instalaciones por otras de características similares podrán aumentar hasta un 35% la emisión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos contemplados en su autorización sin que ello se considere un cambio sustancial.

"Los dos decretos leyes aprobados durante el periodo de aislamiento por el covid-19 agrandan la sombra del 'ecocidio' sobre el Mar Menor"

Igualmente, para las plantas de tratamiento, el decreto suaviza los requisitos de autorización para incrementos en volúmenes de gestión para residuos de características similares a los autorizados, "siempre que no impliquen un incremento del 25% en la capacidad de gestión de residuos peligrosos, del 50% en la capacidad de gestión de residuos no peligrosos o procesos de gestión distintos de los autorizados".

Fuentes del área de Medio Ambiente del gobierno murciano explican que la legislación prohibe cualquier tipo de vertido sobre la laguna y que el nuevo decreto no tendrá afección. "Ya no hay ninguna tubería que vierta sobre el Mar Menor ni actividad industrial en su entorno", insisten. Sobre la posibilidad de elevar los vertidos sin que esto se considere un cambio sustancial en la actividad, defienden que es la forma de acotar situaciones que ya se estaban produciendo y que los técnicos resolvían de forma individualizada, que no son porcentajes distintos a los de otras autonomías y que entran dentro de los criterios de la legislación estatal.

No obstante, no se ve igual desde la entidad conservacionista. "Los dos decretos leyes aprobados durante el periodo de aislamiento por el covid-19 agrandan la sombra del 'ecocidio' sobre el Mar Menor", ha denunciado con rotundidad el Pacto por el Mar Menor. Esta organización insiste en que tanto el decreto sobre mitigación de impacto económico en el área medioambiental como el que simplifica los trámites en materia de vivienda e infraestructuras suponen una relajación de las normas de control que pueden tener efectos perniciosos sobre la salud medioambiental del Mar Menor sin que ninguna de las dos nuevas resoluciones haya contemplado excepciones para esta parte del territorio murciano. "Se da carta blanca y todo tipo de facilidades al desarrollo urbanístico en toda la región, sin hacer ninguna distinción o moratoria para el entorno del Mar Menor", afirma Ramón Pagán, portavoz de pacto.

Esa nueva denuncia de relajación en la misión protector de la Administración regional llega en un momento en el que siguen sin resolverse algunos de los procedimientos para reclamar compensaciones o sanciones a los posibles responsables de la contaminación de la laguna. Este mismo viernes se ha conocido el aplazamiento de las vistas contra una veintena de personas físicas y jurídicas, que, presuntamente, habrían contribuido a la contaminación que sufre el ecosistema del Mar Menor con los vertidos que se habrían producido desde sus explotaciones agrarias. El juez instructor ha decidido suspender las declaraciones de los investigados previstas para esta semana al considerar que no es posible contar con una sala y con los medios humanos y materiales que serían precisos para evitar el contagio del covid-19, según informó EFE.