Así serán los juicios en Madrid en el covid: objetivo, reducir la afluencia

Un día cualquiera edificios como el de Plaza de Castilla reciben de media a 4.500 personas. Otras sedes judiciales de Madrid rozan los mismos niveles de afluencia.

Por ejemplo, el núcleo penal de las calles Julián Camarillo, Albarracín e Institución Libre de Enseñanza, alcanza niveles de cerca de 4.000 personas y lo mismo sucede con el Registro Civil de la calle Pradillo. Mantener la seguridad en la reactivación judicial con estas cifras es todo un reto. Para poner un cierto orden, la decana de los juzgados, María Jesús del Barco, ha propuesto pautas con las que se tratará de combinar el control de contagios y la seguridad con el trabajo diario de los tribunales madrileños.

En un acuerdo gubernativo al que ha tenido acceso El Confidencial, Del Barco avisa que es necesario reducir esa presencia física a la vista de las recomendaciones de la Jefatura del Área Prevención Riesgos Laborales de la Dirección General Infraestructuras Judiciales a una tercera parte para poder mantener la distancia interpersonal de 2 metros.

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"Esto obliga a limitar el acceso a los edificios judiciales, respetando el aforo máximo de cada una de las sedes judiciales, potenciando la utilización de los medios telemáticos y, en el ejercicio de la función jurisdiccional, en las labores de policía de sala de vistas que a cada Magistrado corresponden, limitar también dicho acceso a la sala", indica.

Lograr este objetivo requiere disciplina y mucha organización. Las pautas ofrecidas priorizan, por ejemplo, la atención teléfonica y la cita previa. El acuerdo propone establecer un sistema de atención al público por vía telefónica o a través de un correo electrónico habilitado a tal efecto, para que la atención presencial se limite a los supuestos estrictamente necesarios y únicamente mediante cita previa. También reflejan la importancia de escalar de forma progresiva.

Así, con carácter general, se recomienda la celebración de actos procesales "preferentemente mediante la presencia telemática de los intervinientes para garantizar la protección de la salud de las personas y minimizar el riesgo de contagio". Una vez finalizado el estado de alarma y sus diversas prórrogas y durante las dos primeras semanas, sería recomendable señalar y celebrar solo aquellas actuaciones que tengan el carácter de urgente e inaplazable y priorizando siempre la utilización de medios telemáticos.

La agenda de señalamientos debe, además, organizarse con especial atención. Del Barco precisa que se debe distanciar la hora de los diferentes señalamientos a lo largo de la jornada de modo que, finalizada la declaración, vista o juicio, no coincidan muchas personas en un mismo espacio, - sea en la puerta del juzgado o en la proximidad de las salas de vistas. Como cálculo recomienda un intervalo de 15 minutos entre el tiempo estimado para la celebración de un acto procesal y el señalamiento del siguiente para evitar esa coincidencia.

Durante las primeras semanas propone dar prioridad a aquellos señalamientos en los que sólo es precisa la intervención de los profesionales, sin necesidad de que acudan la parte, testigos o peritos. "Señalar preferentemente aquellas vistas en las que se ha declarado la rebeldía del demandado", dice también al igual que pide excusar a los que acudan a las vistas orales de permanecer en la sala o el edificio judicial una vez acaben su intervención. La idea es que las partes, testigos o peritos entren y salgan lo más rápido posible.

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"Cuando se cite para la celebración de un juicio en el que esté prevista la práctica del interrogatorio de las partes, testigos o peritos en un elevado número, procurar no citar a todos a la misma hora sino hacer un cálculo previo y aproximado del tiempo estimado que durará la declaración de cada uno para citarles en diferentes horas", indica además y recomienda señalar en las primeras semanas aquellos actos procesales cuando en el procedimiento no existe una pluralidad de partes, bien sea en su condición de actora o demandada o como denunciante o denunciado.

El documento de 67 páginas recalca también la importancia de la limpieza continuada de las sedes y se ha basado en los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial y en el Real Decreto de medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid en la Administración de Justicia. El esfuerzo permanente que se desprende del mismo es la racionalización para no favorecer aglomeraciones. Asignación de sedes por días en los casos en que varios órganos judiciales compartan el uso, distancia temporal, limitación del número de asistentes....El acuerdo baja al detalles y analiza la distribución física de los edificios.

El Ministerio de Justicia se ha fijado el objetivo de recuperar la normalidad en los tribunales a partir del próximo mes de septiembre. Durante una reunión celebrada este miércoles entre representantes del departamento y las asociaciones de jueces y fiscales se ha expuesto el plan de desescalada en el sector y lanzado el mensaje de que no será hasta entonces —y siempre en función de la evolución del virus— cuando se implementen los planes de choque y de refuerzo, en coordinación con el CGPJ y la Fiscalía. A la vuelta del verano entrarán también en funcionamiento los órganos judiciales asociados al covid. Hasta entonces, la normalización se impondrá de forma progresiva.