Tras 2 años separados injustamente de sus hijos, ahora reclaman un millón de euros

"Mi hijo, el mayor, es el que más perjudicado se ha quedado. Tiene 'shock' postraumático. En el centro de acogida, donde estuvo un año y medio, los educadores sociales se lo encontraban por las esquinas llorando y pidiéndole a Dios poder volver a casa. Y ahora tiene miedo de que vengan a por él. Yo le puedo engañar, pero creo que lo mejor es tratarlo con un especialista", explica a El Confidencial Arantxa Villarrubia. Ella y su pareja, Pablo Jorge Marqués, se han sometido a una guerra de desgaste contra las instituciones, con el único fin de poder recuperar a sus hijos, que les fueron retirados durante dos años injustamente por los Servicios Sociales. Ahora han decidido emitir una reclamación de responsabilidad patrimonial, de un millón de euros, contra la Junta de Castilla-La Mancha.

Todo empieza en Tenerife a principios de mayo de 2017, cuando se formula la propuesta para la declaración de desamparo de los tres hijos de Arantxa y Pablo. En ella, se acusaba a los progenitores de abandono de los menores, enfermedad mental de la madre y de enfermedades importantes de los menores sin tratamiento ni supervisión.

En la propia sentencia a la que ha tenido acceso este medio, se especifica, en un informe de la Unidad Orgánica de Infancia y Familia de Canarias, que en general no se llegaron a apreciar anomalías en las relaciones sociales y en el estado emocional de los menores que pudiesen traducirse a una situación negativa. No obstante, a pesar de ello, el informe dictado por la autoridad proponía que los menores siguiesen en acogimiento.

"En ese momento, mi hija tenía dos años y medio, el mediano cuatro y el mayor siete. A los dos más pequeños los meten en familias de acogida y al mayor, en un centro de menores. Así, durante un año y medio. Lo peor es que mi hija antes de que me la retirasen iba a tratamiento en un traumatólogo privado porque una de sus piernas tenía una desviación de cuatro milímetros, y al estar durante tanto tiempo sin tratamiento, el problema se le ha agravado y próximamente la voy a llevar a un médico forense para saber cómo podemos solucionarlo".

"Se concreta que no se han apreciado en los padres síntomas de enfermedad mental y se admite una adecuada situación laboral y económica"

Quizás el motivo que más frustra a Villarubia es que ella nunca llegó a padecer ninguna enfermedad mental como se dijo. De hecho, desde la primera semana que le retiraron a sus hijos, asegura que estuvo entregando informes de especialistas que aseguraban que ella no padecía ninguna patología mental. "Uno de nuestros psiquiatras, que es el doctor Alfonso Chinchilla, presidente de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha visto mucha gente enferma y no ha sido suficiente su informe...".

Precisamente, en la propia sentencia, se llega a mencionar un informe elaborado el 6 de marzo de 2018, en que el Centro de Atención a la Infancia CAI 6 Latina, en Madrid, expone que tras nueve entrevistas con los progenitores, "se concreta que no se han apreciado en los padres síntomas de enfermedad mental. Se admite una adecuada situación laboral, económica y de vivienda", precisa el escrito.

Desde el otro lado del teléfono, Arantxa cuenta cómo el primer año tuvieron dos horas mensuales para poder ver a sus hijos en una habitación vigilada. "Como si fuéramos criminales, bueno, peor que criminales. Mis hijos no entendieron nada. De repente, de la noche a la mañana te separan de tus padres y los niños quieren volver y los padres no podemos responderles, porque encima te quitan la visita. Yo no sabía que esto existía, es muy duro".

Cuenta que esto deja muy confusos a los niños, porque no son tontos, y piensan qué habrá hecho su madre, "Se preguntarán si soy mala. Esto es un impacto negativo, sobre todo cuando hablamos, en nuestro caso, de una enfermedad mental que nunca existió, como se ha demostrado".

Lo más triste de todo esto "es que no puedo entender que nos los hayan mantenido dos años alejados de sus padres, con un régimen de visitas tan estricto, cuando no ha habido un motivo real desde el primer momento".

En la sentencia, se especifican una serie de deficiencias, por ejemplo: "La primera declaración administrativa que dicta la Administración de la comunidad canaria alude a una 'declaración provisional de desamparo', figura que no se contempla estrictamente en nuestra legislación", se detalla en la sentencia.

"La motivación puede ser variada. Una de las razones principales es el automatismo burocrático y la justificación de las subvenciones que reciben"

Otro punto que aparece reflejado y que también menciona la madre a este medio es que no se practicó la notificación a los progenitores, en el plazo de las 48 horas, de la primera resolución que declaró el “desamparo provisional”. En el escrito judicial, se aprecia que algunas de las causas incardinadas en las resoluciones que acordaron el desamparo no están suficientemente acreditadas, como la situación de desamparo de los menores o la enfermedad mental de la madre.

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Ramón Jiménez, el abogado de familia que les ha acompañado en todo momento, explica que las declaraciones administrativas de desamparo son mucho más frecuentes de lo que se pueda creer. Él lleva defendiendo casos de este tipo en todas las comunidades autónomas.

¿Por qué sucede esto? "La motivación puede ser variada. Una de las razones principales es el automatismo burocrático y la justificación de las subvenciones que reciben", detalla.

"Menos del 10% logra recuperar a sus hijos"

El letrado sugiere que los juicios normalmente los pierden los padres porque la mayoría de jueces y fiscales otorgan a la Administración una presunción de veracidad desorbitada. "No obstante, yo he ganado juicios de este tipo en todas las comunidades autónomas (incluyendo las islas)". Tristemente, a pesar de que este fenómeno es más cotidiano de lo que pensamos, Jiménez explica que menos del 10% de los padres logra recuperar a sus hijos. "No obstante, en menos de dos años, yo he conseguido que más de 60 menores regresen con sus padres".

"Esto es un pánico. A raíz de esto, me he quedado obsesionada en el sentido de que esto me puede volver a suceder. Es un miedo razonable, quizá necesite un poco más de tiempo para creerme que tengo a mis hijos conmigo. El problema está en que cuando me sucedió esto, en internet hay muchísimos casos y muchísimas madres, y las madres te cuentan sus historias como ellas las viven y eso me causó mucha ansiedad, porque pensé que no iba a ganar, porque como todo el mundo perdía, no iba a ser yo diferente a todo el mundo".

"¿Ahora, qué hago? ¿No denuncio c.omo se ha quedado mi hija de las piernas? A pesar de que yo les envié escritos ofreciéndome a pagar las férulas y pagar el médico privado al que iba antes". Villarubia piensa que siempre queda el miedo de que vuelva a suceder. "¿No los denuncio por miedo a que vuelvan? Qué he ganado con que me hayan devuelto a mis hijos. ¿Eso es ganar? No es normal, no deberían suceder estas cosas".