La mascarilla, obligatoria en espacios cerrados y la calle si no hay distancia de 2 m

Se avanza en los detalles, pero no en todos. Finalmente, la mascarilla será obligatoria en la calle si no se pueden garantizar las condiciones adecuadas de seguridad. Así lo acordó este lunes el Ministerio de Sanidad con los distintos ejecutivos autonómicos. Se culmina así un giro evidente y drástico desde el inicio de la epidemia, cuando no se recomendaba siquiera el uso de estos sistemas de protección individual para las personas sanas. Ahora, en plena desescalada, el Gobierno ha pactado con las CCAA que su empleo será una obligación cuando no se puedan garantizar los dos metros de distancia mínima en la vía pública y también en espacios cerrados.

Según informó este lunes Sanidad pasadas las 20:00, el acuerdo con las comunidades se alcanzó durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que se reunió en la tarde de este lunes. "Será obligatorio, como hasta ahora, en el transporte público, y también en espacios cerrados", además de en la calle, en los supuestos ya mencionados, cuando no se pueden guardar los dos metros.

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Sanidad no especificó cuándo se sabrá si esta distancia de seguridad está garantizada y cuándo no. Y también si hay excepciones, como personas con diversas patologías o niños. Queda hilar muy fino, y ya el departamento que dirige Salvador Illa adelantó que los detalles sobre la obligatoriedad de la mascarilla quedarán recogidos en una orden ministerial que se publicará "en los próximos días".

Illa ha sometido a debate esta medida con los consejeros autonómicos, y el presidente halló unanimidad en su cita con los líderes regionales

La medida había sido debatida la semana pasada en los consejos territoriales del lunes y del viernes, y también afloró en la décima conferencia de presidentes, la que mantuvo Pedro Sánchez con los mandatarios regionales este domingo. Illa subrayó en rueda de prensa posterior que había podido percibir la unanimidad existente en las distintas CCAA. Ahora se considera una herramienta básica, en un momento en el que todo el país va recorriendo etapas hasta llegar a la llamada nueva normalidad a finales de junio o principios de julio.

Lo que decían en marzo

Para llegar a este punto, el Gobierno ha recorrido casi todas las posiciones posibles, aunque también los organismos internacionales han ido variando su postura según iba evolucionando la pandemia por covid-19. Así, en febrero y ya incluso en marzo, con el estado de alarma vigente, desde el Ministerio de Sanidad y desde la propia Organización Mundial de la Salud se rechazaba que su uso fuera necesario de forma generalizada y se apuntaba a que solo las llevaran las personas con posibles síntomas y aquellos diagnosticados. Ya el 3 de abril, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, deslizó que "probablemente" se recomendaría su uso cuando hubiera la capacidad necesaria para abastecer a la población.

En abril, el Gobierno aconsejó su uso en lugares concurridos, en mayo la hizo obligatoria en el transporte y ahora habrá que llevarla casi siempre

Y ese era el problema básico en los primeros compases de la lucha contra el coronavirus. A comienzos de abril, cuando medio planeta estaba confinado, el Centro Europeo de Prevención y Control de las Enfermedades (ECDC), cambió de criterio y pasó a recomendar la mascarilla en lugares concurridos como "complemento" a las medidas de higiene, la etiqueta respiratoria y la distancia de seguridad. Eso fue el 8 de abril. El 10, Illa pasaba a recomendar el uso de esta prenda. Apenas tres días después concluía el permiso retribuido recuperable y se consideraba necesario aconsejar la mascarilla en el transporte público. El Gobierno acompañó el consejo con la entrega de 10 millones de unidades en los nodos más concurridos de toda España. En aquellos momentos, no había suficientes para proveer a toda la población a diario, de ahí que Illa siempre afirmara que su ministerio no obligaría a hacer aquello que no pudiera cumplir (garantizar la disponibilidad de esta prenda).

Cuando el Gobierno presentó el plan de desescalada, a finales de abril, ya la considera "altamente recomendable" en el espacio público, y el 2 de mayo Sánchez anunció que se hacía obligatorio su uso en el transporte público, y de nuevo hubo distribución gratuita en todo el país (de 14,5 millones de unidades). Ahora, se da un paso más para generalizar su uso. Esta prenda de barrera será, pues, obligatoria en el transporte público y en espacios cerrados y en la vía pública cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad de dos metros. El anuncio llega cuando 32 millones de españoles se encuentran ya en la fase 1, que reduce las limitaciones de movilidad y que permite las reuniones sociales y la apertura de las terrazas de los bares al 50%, entre otras medidas de relajación del confinamiento.