Una nueva sentencia sitúa la salud por encima de las protestas contra el Gobierno

Una nueva sentencia, en este caso dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, insiste en recordar que la actual situación la protección de la salud pública se encuentra por encima de derechos como el de reunión o el de manifestación en el caso de protestas contra el Gobierno. La resolución se pronuncia sobre un recurso presentado contra la prohibición, por parte de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, de una protesta por la gestión del Gobierno de la crisis del covid-19. El acto consistía en una caravana de vehículos que iba a circular por Vigo el 2 de mayo.

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo ha acordado el archivo y terminación del procedimiento por un motivo diferente, la carencia de objeto, pues el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la resolución de la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, dictada el 1 de mayo, se presentó el 4 de mayo cuando ya no tenía interés pronunciarse. Pese a ello, aprovecha la ocasión para recordar el criterio sentado en distintas resoluciones recientes.

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Berta Tena

Recuerda así que, en la actual crisis sanitaria, el control de la actuación de la Administración se halla "muy condicionado" por la declaración del estado de alarma, en función del cual ha de realizarse la ponderación de bienes jurídicos como la protección de la salud pública y el derecho fundamental de reunión, ambos recogidos en la Constitución. También recuerda que ya ha realizado esa ponderación en su reciente sentencia del 28 de abril, en la que da prevalencia a la salud pública al desestimar el recurso interpuesto por la Central Unitaria de Trabajadores contra la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra por prohibir una caravana de vehículos el 1 de mayo en Vigo. El Tribunal Constitucional avaló esa sentencia del TSXG e inadmitió el recurso de amparo presentado por la Central Unitaria de Trabajadores.

"Está fijado el criterio de esta Sala en la materia mientras las circunstancias fácticas y jurídicas sean las mismas", dice para, a continuación, enumerar las decisiones de otros tribunales que se han posicionado en un sentido similar. El mismo criterio han seguido las Salas de lo contencioso-administrativo de Andalucía, Navarra, Madrid, Castilla y León y Cataluña.

Situación cambiante

La resolución aprovecha también para apuntar que las actuales circunstancias y el marco jurídico pueden variar considerablemente. Indica que no cabe plantear "un recurso de cara a un hipotético acto futuro" porque cuando se solicite una nueva concentración, marcha o manifestación, la normativa puede haber cambiado, "máxime en tiempos en que la incidencia para la salud pública de la epidemia derivada del covid-19 y los conocimientos científicos varían constantemente".

El tribunal resalta que, dado que la misión de la jurisdicción contencioso-administrativa es la fiscalización de la actuación de la Administración para comprobar si se adecúa a la legalidad, la decisión adoptada "puede ser diferente y no extrapolable a un hipotético tiempo futuro, de manera que carece de sentido pretender un pronunciamiento para el futuro cuando las circunstancias fácticas y jurídicas pueden mutar notablemente".