López Madrid sostiene que Lezo comenzó con un "delito" y pide la "nulidad" de la causa

El empresario Javier López Madrid, imputado en el caso Lezo, ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional para reclamar la nulidad de la investigación en su contra porque considera que tuvo su origen en pruebas obtenidas de forma ilícita. López Madrid, consejero delegado del Grupo Villar Mir, propietario de OHL, está acusado de haber pagado en 2007 una comisión de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González para que su compañía se llevara la adjudicación del Gobierno regional para construir y gestionar el tren de Cercanías a Navalcarnero.

El escrito de López Madrid se centra en la cuenta suiza en la que supuestamente se ingresó el soborno. Según el industrial, el procedimiento judicial, que ha acreditado la existencia de un pago de OHL por ese importe a una cuenta de Suiza a través de México —aunque no se ha demostrado que el destinatario de los fondos fuera González—, comenzó después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recibiera información sobre ese depósito de una fuente que prefería permanecer en el anonimato.

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Los investigadores, relata el empresario, comunicaron el hallazgo a la Fiscalía Anticorrupción, que envió una comisión rogatoria a Suiza para tratar de recabar nuevas pistas. Las autoridades de este país rechazaron la solicitud porque faltaba el IBAN de la cuenta. Sin embargo, sostiene López Madrid, una segunda fuente anónima proporcionó a la Guardia Civil “una copia de lo que parece ser un justificante bancario” en el que ya aparecía el detalle completo del depósito y el Ministerio Público libró otra comisión que, finalmente, sí obtuvo resultados.

La defensa de López Madrid argumenta que toda la investigación del caso Lezo relacionada con el tren de Navalcarnero (pieza separada número 3) “ha partido y se ha impulsado sobre la base del aprovechamiento de un acceso ilícito a datos personales, constitutivo, además, de delito”, y que, por ello, debe declararse nula esa parte de la causa.

Su defensa solicita “la nulidad de la totalidad de las actuaciones contenidas” en la pieza del tren de Navalcarnero, “con el consiguiente archivo”

Primero, apunta a que la jurisprudencia ya ha establecido que “el número de cuenta bancaria constituye un dato de carácter personal”, por lo que acusa a las fuentes anónimas de la UCO de vulnerar el derecho a la “protección” de datos personales y de incurrir en un delito de “descubrimiento y revelación de secretos”. Así lo establece, cita el escrito, “la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de 30.12.2014, en la que se deja claro que los datos de una cuenta bancaria son objeto de protección en el artículo 197.1 del Código Penal”.

Fijada esa posición, el directivo cree acreditado que “las personas que facilitaron datos bancarios —privados y personales— a la fuerza policial, sin mediar autorización judicial, accedieron a los mismos de forma ilícita y cometieron el delito de descubrimiento y revelación de secretos”. “Y de esos datos arranca toda la investigación”, sostiene el empresario, que también está imputado en Púnica, otro presunto caso de corrupción relacionado igualmente con el Partido Popular.

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A juicio de López Madrid, esa teórica “vulneración” de su privacidad conculcaría el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que “prohíbe que puedan utilizarse en un proceso datos obtenidos de forma ilícita”. El industrial cita la sentencia del Tribunal Supremo 116/2017 de 23 de febrero, de la que fue ponente el magistrado Manuel Marchena, para recordar que “el ejercicio de la función jurisdiccional solo se ajusta al modelo constitucional cuando se asienta sobre los principios que definen el derecho a un proceso con todas las garantías” y que “el poder del Estado para la persecución y enjuiciamiento de hechos ilícitos no puede valerse de atajos”.

La defensa de López Madrid añade que, a lo largo de la instrucción, se ha ido variando el estatus de "las fuentes" anónimas que proporcionaron los primeros detalles sobre la cuenta. Argumenta que en julio de 2019 fueron identificados por la propia Policía Judicial como “confidentes policiales”, y que en diciembre del mismo año, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se refirió a ellos como “confidentes” y “testigos” en sendas resoluciones, a pesar de que ambas fueran adoptadas por los mismos magistrados. A esas fórmulas se suma la usada por la Fiscalía, que “en las diligencias de investigación que precedieron a la querella principiadora de la causa entendió que las 'fuentes anónimas' referidas por la UCO eran 'colaboradores”.

Apoyándose en estos elementos, su defensa solicita al instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que “declare la nulidad de la totalidad de las actuaciones contenidas” en la pieza del tren de Navalcarnero, “con el consiguiente archivo de las mismas”.