Interior aumenta el control de las redes por temor a la 'rebelión' de la derecha en las calles

La Dirección General de la Policía Nacional ha ordenado a sus agentes que intensifiquen la monitorización de las redes sociales para tratar de anticiparse a movilizaciones como la que se produjo este domingo por la tarde en el barrio de Salamanca de Madrid. Sobre el papel, la instrucción tiene como objetivo garantizar que se cumplen las restricciones a la circulación impuestas por el Ministerio de Sanidad para evitar la propagación del coronavirus. Pero la orden ha generado malestar en el cuerpo porque se interpreta que el Gobierno lo está utilizando para tratar de impedir protestas en su contra.

Las alarmas saltaron tras el episodio de la calle de Núñez de Balboa y alrededores, uno de los barrios más acomodados de la capital. Varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron a ese punto tras recibir la llamada de un ciudadano, en torno a las 21:00, denunciando que había individuos en la vía pública incumpliendo las limitaciones en vigor en la Comunidad de Madrid y llevando a cabo una especie de manifestación, aseguran fuentes de Interior.

Los agentes se encontraron a un centenar de personas deambulando por las aceras y la calzada, en actitud desafiante aunque pacífica, gritando proclamas a favor de la libertad y contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. A las protestas de los ciudadanos que se encontraban en la calle se sumaron más de dos centenares de vecinos desde sus respectivos balcones con más gritos y una cacerolada. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente por las redes junto a las de otros pequeños conatos de desobediencia en distintos puntos de España.

Un primer análisis del incidente del barrio de Salamanca reveló este lunes que se produjo de forma espontánea. No se ha localizado ninguna convocatoria en las redes sociales relacionada con ese episodio, al contrario de lo que ha ocurrido con otras protestas impulsadas desde el mundo virtual en estos dos meses de confinamiento. Pero la escena amenaza con extenderse a otros puntos de España.

La situación ya se ha extendido. Las imágenes se repitieron este lunes en el mismo barrio y a la misma hora, aunque con aún más personas en la calle. Los participantes gritaron “Gobierno dimisión” y “libertad”, golpearon ollas y sartenes y escucharon en silencio el himno de España. Lo mismo pasó a siete kilómetros de distancia en Pinar de Chamartín, distrito de Ciudad Lineal. Decenas de personas se concentraron para corear proclamas contra el Gobierno. A diferencia del domingo, la Policía Nacional no trató de identificar ni convencer a los concentrados de que se disolvieran. Los agentes controlaron estas zonas, pero tenían orden de no intervenir para no retroalimentar la protesta.

La Dirección General de la Policía Nacional ha exigido que se refuerce el rastreo de las redes sociales, perfiles y páginas web susceptibles de promover movilizaciones como estas para tratar de impedir que este desafío puntual se convierta en un verdadero problema de seguridad pública, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al dispositivo.

La instrucción no ha caído bien en el cuerpo. El patrullaje de las redes e internet no es nuevo. Policía Nacional y Guardia Civil controlan el mundo virtual para detectar mensajes radicales y tratar de prevenir posibles disturbios. El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha referido en repetidas ocasiones a esta función de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero ese cometido, que ya fue reforzado con la declaración del estado de alarma, tiene una derivada controvertida tras la polémica del pasado 19 de abril protagonizada por el general Santiago, que llegó a decir en una rueda de prensa en Moncloa que la Guardia Civil estaba trabajando para “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis del Gobierno”.

Aunque el ministro y el general insistieron en que se trató de un simple lapsus, terminó filtrándose un correo enviado días antes a las comandancias de toda España en el que se pedía con una fórmula poco afortunada la elaboración de un informe monográfico sobre “bulos y 'fake news' susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno”.

La Dirección General de la Policía no ha enviado ningún mensaje en esa línea, pero en el cuerpo se considera que la decisión de redoblar el seguimiento de las redes tras la pequeña revuelta del barrio de Salamanca busca utilizar a los agentes, con la excusa de evitar contagios y mantener las medidas de confinamiento, para desactivar posibles movilizaciones contra la gestión de Moncloa.

El pasado 2 de mayo, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, dirigida por el socialista José Manuel Franco, ya utilizó a la Policía Nacional para evitar que se celebrara una manifestación que pretendía recorrer en coche el paseo de la Castellana para protestar contra el Ejecutivo. Los tribunales prohibieron la marcha por razones de salud pública y la Policía identificó y sancionó ese día a decenas de personas que llevaban en su vehículo la enseña nacional aunque se encontraran lejos del punto de convocatoria.

El Ministerio del Interior niega intencionalidad política en sus actuaciones. “Lo único que se está haciendo es velar por el cumplimiento de las medidas impuestas por recomendación de las autoridades sanitarias. Hemos empezado la desescalada. Es un momento delicado en el que tenemos que adaptar los dispositivos de seguridad a las diferentes fases, pero no hay ninguna intención de sancionar más allá de lo que sea objetivable, y menos por protestar en un balcón, algo que sería legítimo. Lo que no es legítimo es estar en la calle fuera de las franjas permitidas”, sostiene un portavoz oficial de este departamento.

Se avecina un otoño caliente. Como informó este diario este lunes, la Policía Nacional y la Guardia Civil han trasladado a Interior que, tras los meses de verano, se prevé un escenario de movilizaciones contra el Ejecutivo, reivindicaciones de carácter laboral y una nueva ofensiva del independentismo catalán. Las peores proyecciones apuntan incluso a una situación de gran factura social y una profunda erosión de las instituciones con efectos desestabilizadores más preocupantes.