La interinidad de los médicos amenaza la viabilidad de los servicios de Urgencias

Los aplaudimos a las ocho. Los hemos convertido en santos y en héroes, pero el rasgo principal de los médicos de Urgencias es la interinidad, cuando no la precariedad. Más del 80% de los sanitarios madrileños —y españoles— que trabajan en Urgencias pueden ser despedidos mañana sin derecho a una indemnización. Tampoco pueden acceder a una excedencia, a una promoción profesional, a la movilidad laboral.

Los centros de referencia de Madrid durante la crisis del coronavirus llevan aún más lejos las cifras de sanitarios eventuales e interinos. Son el 92% en el Severo Ochoa, el 95% en el 12 de Octubre, el 97% en La Paz y el 100% en el Infanta Leonor. La anomalía se ha consolidado en los últimos 20 años, porque la última vez que se convocó una oposición en la Comunidad de Madrid para los servicios de Urgencias hospitalarias fue en 2001.

Es la razón por la que hay médicos de Urgencias que llevan 15 y hasta 20 años en situación de interinidad. No cabe mayor contradicción entre el tiempo de ejercicio y la provisionalidad, aunque la anomalía pone en peligro seriamente la viabilidad y eficacia de todo el sistema de Urgencias y, por extensión, de todos los centros hospitalarios: las Urgencias son la puerta de entrada más habitual y más recurrente de los pacientes que se atienden.

La razón fundamental de la amenaza al sistema no puede ser más paradójica: ahora que la Administración podría abrir las oposiciones para regularizar a los sanitarios —hubo un conato el pasado 17 de noviembre—, resulta que estos últimos se niegan y esgrimen su derecho a que se les reconozca convertirse en sanitarios fijos en razón de los años de experiencia y de los méritos contraídos. Se trata de homologarlos como lo que ya son. En caso contrario, la apertura de un gran concurso de plazas pondría en peligro los equipos y los servicios consolidados en los últimos 20 años.

Cualquier médico puede presentarse a la oposición —Urgencias no es una especialidad— y desplazar de su plaza a un colega que la ha 'consolidado' en la cronificación de la anomalía normativa.

"¿Quién es mejor médico, el que mejor contesta un test o el que mejor opera?"

“No puedo ponerme a estudiar”, explica Miguel, médico de Urgencias en un gran hospital público de Madrid. “Cualquier chaval que haya aprobado el MIR puede ocupar mi puesto. Seguro que la teoría se la sabe muy bien. Pero le llevo 15 años de experiencia en Urgencias: ¿quién es mejor médico, el que mejor contesta un test o el que mejor opera? Desamparados como estamos, hemos construido nuestros equipos y nuestros servicios. Abrir una oposición después de 20 años sin hacerlo expone todo el sistema. Y lo hace en el periodo más vulnerable y delicado de nuestra historia contemporánea”.

Miguel no es el ejemplo más extravagante de esta situación —una compañera suya ha cumplido 20 años de interina—, pero su camino demuestra la precariedad de los profesionales más expuestos: estudió medicina, consiguió el MIR, trabajó cuatro años de residente, se recicló otros tres en las guardias, firmó unos cuantos contratos eventuales —algunos, de un día— y celebra como un éxito la interinidad —la consiguió hace seis años—, aunque en realidad sea un abuso. Otro más.

Se ocupa de demostrarlo el abogado madrileño Javier Arauz. No ya recordando que la Administración tenía que haber convocado una oposición cada año, sino insistiendo en que España está desobedeciendo de manera flagrante el imperativo de la legislación comunitaria. “La normativa de la UE persigue, precisamente, garantizar la estabilidad en el empleo, prohibiendo para ello destinar a los trabajadores públicos temporales a atender necesidades que no son provisionales, ni excepcionales ni coyunturales, sino ordinarias, duraderas, estables y estructurales”, explica Javier Arauz.

Tiene 7.000 denuncias entre sus manos. No solo de sanitarios. La gran anomalía de la interinidad concierne en España a 800.000 trabajadores, o sea, el 30% de los empleados públicos, a los que no se les reconoce el rango de funcionario de carrera pese a ejercer como tales: jueces, bomberos, policías, trabajadores sociales, arquitectos...

El caso de los médicos de Urgencias es el más escandaloso, la punta de lanza de una irregularidad que contradice la ejemplaridad de la Administración. El sector público ha normalizado todo aquello que está prohibido y castigado explícitamente en el sector privado.

“Lo que sucede con los funcionarios interinos y trabajadores temporales de larga duración en nuestro país es denigrante, pues están sometidos, en pleno siglo XXI, a un régimen de despido libre y gratuito, de tal manera que, lleven cuatro, 20 o 30 años atendiendo a las necesidades de los ciudadanos, los cesan sin compensación, ni indemnización alguna, lanzándolos con edades superiores a los 50 años a un mercado de trabajo que no existe en nuestro país para esas edades y para esos perfiles”, añade Javier Arauz.

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La solución al conflicto consistiría en otorgar a los interinos víctimas de estos abusos los derechos plenos de un funcionario. “Ya los han adquirido en la práctica y los han demostrado con los méritos y la experiencia, pero necesitan una homologación. Sigue habiendo contratos eventuales que son ilegales. La precariedad también conlleva presión, abuso y coacción de las autoridades administrativas a sus trabajadores públicos temporales, siempre más desprotegidos y, con ello, más dóciles y dispuestos que los empleados fijos o de carrera”, añade Javier Arauz.

El principal escollo a un gran proceso de normalización no es tanto la Administración, consciente de las irregularidades cometidas con este personal y de su capacidad para el desempeño de la tarea publica, como los sindicatos, cuyo interés en las oposiciones se explica porque monopolizan los cursos de preparación de las oposiciones.

"Si no tuviera tanto respeto a mi trabajo y al servicio de salud público, hubiera organizado una huelga con mis compañeros"

“Si no tuviera tanto respeto a mi trabajo y al servicio de salud público, hubiera organizado una huelga con mis compañeros”, explica Rosa, médica de Urgencias de un hospital madrileño. “No queremos llegar a la coacción. Pero nos sentimos desprotegidos y desamparados. Lo que pedimos es que se nos reconozca exactamente por lo que hacemos y que se termine con una situación injustísima de discriminación”.

Rosa la padece en todas las direcciones. Como médica de Urgencias. Y como mujer. La diferencia de género se ceba con las situaciones más precarias. La gran mayoría afecta a las mujeres y las expone a la provisionalidad. “Mi contrato me impide pedir una hipoteca, hacer planes de futuro. No he dejado de trabajar en los últimos 10 años, pero me pueden despedir. Y no estoy dispuesta a perder mi puesto porque se lo gane un estudiante recién salido de la facultad. No puedo ponerme a estudiar. No retengo. No es mi tiempo. Y sobre todo, cuándo estudio si estoy en mi hospital 12 horas al día. Lo mejor que puedo hacer es dedicarme a mi trabajo, incluso ahora, cuando el coronavirus nos ha llevado a sobrepasar todos los límites sin medios ni recursos”.

Estremece pensar qué hubiera sucedido si llega a convocarse un concurso de oposición el pasado 17 de noviembre. Se hubieran colmado las plazas, desde luego, y se habría premiado a los aspirantes de mayor sabiduría teórica, pero se habrían descompuesto los equipos y los servicios que se habían armonizado en las dos últimas décadas. Y se hubiera afrontado la crisis del covid-19 en una situación desesperada.

Se han reforzado las plantillas hasta con 'médicos' que no han terminado la carrera

La pandemia ha requerido de recursos excepcionales. Se han tenido que reclutar sanitarios en justificada situación de interinidad. Se han reforzado las plantillas hasta con 'médicos' que no han terminado la carrera. Y es lógico que se haya producido una contratación temporal y eventual que la Comunidad de Madrid va a recompensar prorrogando los contratos hasta las próximas navidades.

Son 8.600 plazas nuevas expuestas a una justificada caducidad, pero no representan la realidad del problema. Lo hacen mucho más los interinos que trabajan como si fueran fijos desde hace 20 años.

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Agencias

El 31 de marzo, ya con la crisis declarada, había en el Servicio Madrileño de Salud 80.796 profesionales contratados. Fijos eran la mitad (40.748). Interinos y eventuales, el resto, aunque los porcentajes en los servicios de Urgencias superan el 80%. Los datos son elocuentes: de 802 sanitarios contratados, 97 son fijos, 372 son interinos y 333 son eventuales.

Impresionan las cifras, porque remarcan la provisionalidad de todo el sistema. Los sanitarios han trabajado sin medios durante semanas, pero también lo han hecho y lo hacen en condiciones extremas o ilegales de interinidad.