El Gobierno aprieta: las ayudas económicas decaerían y la alarma es "imprescindible"

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no se sale de su baldosa. El estado de alarma, insiste, es "imprescindible" para controlar la movilidad de los ciudadanos, que es el principal vector de transmisión del coronavirus, no hay "alternativa jurídica alguna" dentro de la legislación ordinaria. Para el Gabinete de coalición, como reforzaron este martes la portavoz, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no queda más salida, tanto para seguir combatiendo la pandemia, ahora en un momento tan delicado como la desescalada, como para mantener los "beneficios económicos" que van ligados al estado de alarma.

Es el mensaje del Gobierno, tras la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, a menos de 24 horas de una votación clave en el Congreso, este miércoles. La cuarta prórroga del estado de alarma, que se extendería, de autorizarse, hasta las 00:00 del 24 de mayo. Pablo Casado advirtió este lunes a Pedro Sánchez de que no la apoyaría, y después se descolgó hacia el no ERC, socio de investidura. La Moncloa entonces se volcó en conseguir el respaldo del PNV y Ciudadanos y de los barones del PP, sin dejar de mirar a ERC, con la esperanza de conseguir un giro final. Las últimas horas, como adelantó este diario, han sido frenéticas por el trasiego de llamadas, capitaneadas por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y en las que han participado también la responsable del plan de desescalada, la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, la ministra María Jesús Montero y la portavoz socialista en la Cámara Baja, Adriana Lastra.

El Ejecutivo ha defendido que o se prorroga el estado de alarma o sobrevendrá el "caos" sanitario y económico. No hay salida, subraya, y así lo plasma en la solicitud de extensión al Congreso [aquí en PDF]: "Solo manteniendo la limitación a la libertad deambulatoria en todo el territorio nacional será posible controlar la pandemia y esta limitación, de alcance general a todo el territorio, solo puede establecerse en el marco del estado de alarma. Dicho en términos inversos, solo mediante el mantenimiento del estado de alarma es posible continuar limitando la libertad deambulatoria en el conjunto del territorio nacional, limitaciones que permitirán contener la pandemia. En suma, no existe alternativa jurídica que permita limitar a nivel nacional el derecho fundamental contenido en el artículo 19 de la Constitución española, toda vez que la legislación ordinaria resulta insuficiente por sí sola para restringir este derecho fundamental".

Precisamente ese fue el argumento de fuerza utilizado durante la comparecencia de Illa y Montero, ambos acompañados por el titular de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, y el que más tarde reiteró el propio Pedro Sánchez durante la sesión de control en el Senado: la legislación ordinaria no permite el confinamiento general y no puede impedir que, por ejemplo, un madrileño viaje hasta su segunda residencia en la costa. Porque, según el plan de desescalada aprobado por el Consejo de Ministros hace una semana, los desplazamientos entre provincias solo se permitirán en la "nueva normalidad", cuando la transición haya concluido.

"Principal vector de contagio"

Illa insistió en que los países más afectados por la pandemia —Italia, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y, por descontado, España— se han provisto de instrumentos "similares o idénticos" al estado de alarma español para contener la propagación del virus, tanto en la fase de escalada como en la de desescalada. Explicó que hay razones de todo tipo. Las sanitarias, porque ante la falta de tratamiento eficaz o de vacuna, ha de imperar la "cautela" y la "prevención", y se ha demostrado que la declaración del estado de alarma "ha funcionado", porque el ritmo de crecimiento de los contagios ha pasado del 35% al 0,40% actual. Impuso reglas comunes que buscan el control de la expansión de la enfermedad, lo que ha permitido a todos "entrar juntos y permitirá salir juntos", alegó.

Según siguió el ministro, la segunda razón es de tipo civil, pues hay que limitar la movilidad, "principal vector de contagio", al interior de la provincia o isla o de la unidad territorial básica que se pacte con las comunidades autónomas. Y también es "imprescindible", añadió, mantener la alarma para que perviva la "red de seguridad" creada bajo este marco jurídico, el "escudo social". "No es momento de apostar por experimentos", sostuvo Illa, en línea con lo manifestado el lunes.

"Nadie puede exigirnos que pongamos en riesgo lo que con esfuerzo hemos logrado estas semanas. Lo podemos echar por tierra", avisa Montero

El estado de alarma, abundó Sánchez desde el Senado, es el "único instrumento" que permite al Ejecutivo "luchar contra el covid-19, salvar vidas y defender la salud pública". Así pedía el presidente el apoyo al PP. "No se arrepentirán", le espetó al senador Javier Maroto.

"Poner en valor la participación de las CCAA"

"Nadie puede exigirnos que pongamos en riesgo lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido estas semanas. Lo podemos echar por tierra si nos precipitamos o no hacemos caso de los expertos", sostuvo también Montero. Fue la portavoz la que también advirtió de que, si el Congreso no accede a prorrogar la alarma, "decaerían medidas" tomadas estas semanas que han ayudado a "los más perfjudicados". Bajo este paraguas se han podido facilitar ERTE por causa de fuerza mayor, que han evitado despidos masivos, recordó. Así, "decaerían de forma automática" los "beneficios económicos" aprobados. Ciudadanos, a quien el Gobierno se quiere atraer, insiste en que hay que desligar este tipo de medidas de la continuidad de la alarma.

El Ejecutivo no da detalles de las negociaciones con los grupos que está capitaneando Calvo y en las que participan Ribera, Montero y Lastra

Illa explicó que la ampliación de la alarma se solicita en "los mismos términos" que las anteriores. Solo se "adapta", eso sí, a la nueva etapa de desescalada y "refuerza todos los mecanismos de cogobernanza". "Pone en valor la participación de las comunidades y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con arreglo a los principios de colaboración y coordinación", que han sido hasta ahora, subrayó, "la guía de actuación del Gobierno".

El Gobierno mantiene los contactos con el resto de grupos —especialmente con PNV y Cs— para intentar amarrar los apoyos posibles de cara a la decisiva votación de la prórroga del estado de alarma. Pero Montero no dio más señales de cómo están yendo las negociaciones, sí que se "intensifican" las conversaciones con los partidos, como ocurre cada vez que se somete al escrutinio de la Cámara una iniciativa del Ejecutivo. La comunicación es "fluida y continua", defendió.

El Gobierno lleva la cogobernanza a la solicitud de prórroga y se aferra al TC para justificar la ampliación

En el documento enviado al Congreso [aquí en PDF] se especifica que el titular de Sanidad, Salvador Illa, a propuesta, en su caso de las CCAA y las ciudades de Ceuta y Melilla, y "a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad", podrá acordar el salto de fase (o la regresión de medidas), "sin perjuicio de las habilitaciones conferidas al resto de autoridades delegadas competentes" (los ministros de Defensa, Interior y Transportes). 

"En el marco de las decisiones que se adopten sobre la progresión de las medidas de desescalada, las personas podrán desplazarse por el territorio de la provincia, isla o unidad territorial de referencia que se determine a los efectos del proceso de desescalada, sin perjuicio de las excepciones que justifiquen el desplazamiento a otra parte del territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las instrucciones dictadas por las autoridades sanitarias", señala el punto cuarto de la solicitud. 

Así se plasma la cogobernanza en el documento enviado al Congreso, y que en realidad resume la orden ministerial publicada el pasado domingo en el BOE. El procedimiento es que las CCAA pueden, con una semana de antelación, presentar sus propuestas de cambio de fase. A partir de ahí, se estudia de manera bilateral entre el Gobierno y la comunidad concernida y finalmente se acuerda una solución. Si hubiera discrepancias, decide el Ministerio de Sanidad. 

Además, el texto se agarra a un auto muy reciente del Tribunal Constitucional, de 30 de abril, en el que otorga prelación al derecho a la salud de los ciudadanos. Según la resolución del alto tribunal, "no es posible tener ninguna certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, asi como no existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o menor medida por este virus". 

Y sigue el TC: "Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el artículo 9.3 de la Constitución, las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración de los estados excepcionales en el año 1981".