El sargento de hierro de la Guardia Civil: "Que vayan a comprar vuestras mujeres"

El sargento jefe del cuartel de la Guardia Civil del puesto de Robledo, en Madrid, pegó un cartel en las dependencias policiales para regir la actuación de sus agentes durante el estado de alarma. El escrito, expuesto pocos días después de la entrada en vigor de las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno, sin embargo, no se limitaba a señalar lo que tenían que hacer los funcionarios con los ciudadanos que incumplían esas restricciones, sino que pretendía ir más allá. En concreto, entraba en la vida personal de los guardias que residían en el acuartelamiento.

Fuera de servicio, ordenaba el responsable del puesto, "no se debe salir más que para lo meramente imprescindible, como cualquier ciudadano". "Y en el caso de que la salida la pueda hacer nuestra mujer, lo deben hacer ellas para evitar el contagio, ya que un contagiado puede ser fatal para el resto", añadía el mando de la Guardia Civil de un cuartel en el que todos sus componentes son hombres. "Para comprobar el cumplimiento de esta orden y como medida excepcional debido a la situación actual, se debe avisar al comandante de puesto cada vez que se vaya a salir del domicilio, especificando el motivo y el tiempo que se abandone el mismo", establecía el sargento, cuyo precepto pronto tuvo consecuencias.

Según informan desde la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), días después de colgar el cartel, el sargento pidió un informe a uno de los guardias que reside en el acuartelamiento para que en 72 horas explicara por qué había salido a la calle. Le indicó que si se negaba a hacerlo, sería apercibido por infringir un precepto de la Ley de Seguridad Ciudadana e incluso un artículo del Código Penal por desobediencia a la autoridad. La misma agrupación profesional cuenta que el pasado 18 de abril el mismo agente tuvo que salir "a comprar medicamentos y al médico", y así se lo trasladó al jefe del puesto, quien esperó a que el funcionario llegara de realizar sus tareas para pedirle justificantes de compra y de asistencia sanitaria.

Según fuentes de la corporación, el sargento incluso trató de cachear al subordinado. "El responsable del cuartel está vulnerando el derecho constitucional de los guardias civiles, pues sin amparo legal está obligando a los agentes a comunicarle sus movimientos fuera de servicio; esa orden no la ha dado el Gobierno; los guardias civiles tienen las mismas limitaciones que el resto de ciudadanos", denuncian desde la AEGC, asociación que considera además que el sargento está metiéndose en "la vida personal de sus guardias y en la de su familia al establecer que debe ser su mujer la que tiene que ir a la compra". "Una de ellas está embarazada", añaden otras fuentes.

Desde AEGC aseguran que hay "varios" miembros del puesto que ya se han dado de baja. "No entendemos por qué los que viven en el acuartelamiento tienen que estar sujetos a restricciones y controles excepcionales que no sufre el resto de componentes de la Guardia Civil", asegura un portavoz de la agrupación profesional, que no ha sido la única que ha protestado por la dureza de las órdenes del sargento. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, también ha elevado la voz. En concreto, el mismo 18 de abril, remitió un escrito a la directora general del instituto armado, María Gámez, que aún no ha sido respondido por la máxima responsable de la corporación.

En el texto, firmado por el secretario jurídico de la asociación, Eugenio Nemiña, AUGC pregunta si el cartel pegado en Robledo, que posteriormente sí fue retirado, refleja órdenes establecidas por el jefe del puesto o por el contrario se trata de indicaciones de la cúpula del instituto armado. "Desde que se declaró el estado de alarma, la Guardia Civil ha entrado en una especie de barra libre donde existen carreras por ver quién es el mando que más derechos limita", subraya el escrito. "Lo que empezó con la anulación de vacaciones y permisos continuó con los DAS y terminó con el descanso semanal en alguna comandancia", recuerda el responsable jurídico, que asegura que la orden de Robledo "devuelve" a los funcionario a los años ochenta, cuando "para salir de la demarcación había que pedir permiso al comandante".

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Nemiña recuerda que varias sentencias de los tribunales militares y civiles defienden la libertad de residencia y de circulación. "Algunos mandos parecen dispuestos a devolver a la Guardia Civil a esos tiempos en que la mujer era la que cuidaba de los hijos, hacía la compra y la comida mientras su marido trabajaba", valora el representante sindical, que cita en su escrito las normas que permiten a los guardias desplazarse por todo el territorio nacional. "Evidentemente, en un estado de alarma como en el que nos encontramos, los guardias civiles tenemos limitados nuestros derechos, pero en idénticas condiciones que el resto de ciudadanos", añade. "El estado de alarma decretado no establece como requisito para poder salir del domicilio el comunicarlo al jefe de unidad; la citada limitación es arbitraria, abusiva e injustificada", resume.

Prohibido salir a comprar

"La supuesta justificación en el riesgo para terceros en caso de contagio es cuanto menos llamativa", valora Nemiña, quien recuerda que el riesgo es el mismo, dado que la mujer y el hombre conviven, e incluso presenta supuestos que muestran, a su juicio, el poco sentido que tiene el escrito del sargento cuando impide a los agentes salir en su tiempo libre. "¿Si va a comprar se puede contagiar pero si sale de patrulla no?", se pregunta el secretario jurídico de AUGC. "¿Si llama a su jefe para decirle que va a comprar ya está por eso libre de contagios? ¿Qué fin persigue obligar a los agentes a llamar antes de salir para indicar el motivo y la duración? ¿Podrá el jefe de la unidad denegar la salida?", cuestiona el responsable de la misiva no respondida, que solicita conocer quién da las órdenes últimas que hay detrás del escrito, en qué normas se ampara y cómo grabará la superioridad lo que pase en las horas libres de los funcionarios.

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Desde la comandancia de Madrid, de la que depende el puesto de la Guardia Civil de Robledo, explican que el cartel que en un principio el sargento incluso obligó a firmar a todos sus subordinados ya ha sido retirado. "Lo quitaron incluso antes de que AUGC enviara la carta", aseguran desde la comandancia, y definen el escrito como "un exceso de celo del sargento". Recriminan las mismas fuentes que el agente que supuestamente "se sintió cacheado" tenía que haber resuelto sus diferencias en casa y sostienen que en ningún momento el escrito obligaba a las mujeres de los funcionarios a ir a la compra. "Es un cuartel compuesto por hombres; lo hizo para evitar que los agentes fueran a otros focos de infección y se expusieran más de lo necesario", afirman.

El escrito, además del mencionado párrafo polémico, establece también una serie de pautas que deben seguir los guardias civiles cuando patrullen. Asegura que "lo más urgente" es introducir en el día todos los incumplimientos de las limitaciones establecidas por el estado de alarma, que lo demás queda en un segundo plano. "Los otros cometidos no son urgentes y pueden ser grabados en días posteriores", añade. "El mayor tiempo de servicio se va a realizar a pie, apuntando en la papeleta e interrogando a las personas que se encuentren por la vía que informen del motivo de encontrarse en la misma", agrega el escrito, que también establece un duro control a los ciudadanos.

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"Deben comprobarse todas las excusas que utilicen; por ejemplo, si dicen que van a la farmacia, que presenten receta, o si vienen del médico o del supermercado, que presenten el justificante", ordena. "Quien diga ir a dar [sic] de comer a su padre que es mayor, se debe comprobar si es cierto o pretende engañarnos", decreta el sargento, que establece que "no se permite ya el ir a comprar una barra de pan o un paquete de tabaco o minucias varias".

Esto, a juicio de AEGC, es ir "más allá" de lo establecido por el Gobierno en el decreto del estado de alarma. Por eso, la asociación ha incluido esta orden en una denuncia presentada también ante la directora general del cuerpo, en la que habla además del resto de asuntos mencionados y de otras polémicas relacionadas con el mismo sargento. En su escrito, AEGC detalla incluso los ilícitos en los que, a su entender, habría incurrido el mando. "Su conducta podría ser constitutiva por lo menos de una falta muy grave tipificada en el artículo 7.7 de la Ley Orgánica 12/2007 del régimen disciplinario de la Guardia Civil, sobre el abuso de atribuciones que causen grave daño a los ciudadanos", defienden desde la agrupación profesional.