Presión hospitalaria, tasa de contagios... estos son los parámetros para la desescalada

"Esta vez, sí que estamos doblegando la curva". Salvador Illa, ministro de Sanidad, se permitió este viernes un primer mensaje de cierta esperanza en la lucha contra el coronavirus después de días y semanas advirtiendo de un paisaje bastante más sombrío. Sin dejar de apelar a la "cautela" y a la "prudencia", sin cesar de repetir que España entera deberá seguir confinada hasta el 10 de mayo, con el único alivio permitido para los menores de 14 años que hasta ahora tenían que estar encerrados en sus casas sin pisar la calle. El Gobierno cambia de modo y va preparando el terreno para cuando arranque formalmente la desescalada, no antes de dos semanas. Lo hace tanto con mensajes algo más alentadores como puliendo los parámetros que definirán cómo cada zona, cada territorio, podrá orientarse hacia la salida.

Este viernes, Illa y la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, que pilota el equipo que dibuja la transición hacia la "nueva normalidad", presiden el Consejo Interterritorial de Salud, que reúne al Ejecutivo central y a las comunidades autónomas. Una cita monográfica en la que se abordarán los "criterios y marcadores que tienen que fijar el marco" para la desescalada.

Son cuatro las categorías que el Gobierno central propondrá como referentes, según enunció el ministro:

1. Nivel de capacidades asistenciales que han de estar preparadas cuando se inicie la desescalada (o sea, saturación de los hospitales y, en particular, de las UCI).
2. Vigilancia epidemiológica. O sea, tasa de nuevos contagios, para saber cómo evoluciona la pandemia en cada territorio.
3. Mecanismos de identificación precoz y tratamiento de aquellos eventuales nuevos casos que puedan surgir. Aquí juega un papel relevante la atención primaria.
4. Medidas de protección colectiva que hay que tener en marcha para evitar nuevos contagios.

El Ejecutivo compartirá estos criterios con las comunidades autónomas, "escuchará" sus aportaciones y en base a ellos, y "bajo la dirección del Gobierno" central se trabajará en el diseño de la transición, precisó Illa en la Moncloa, en la rueda de prensa telemática al término del Consejo de Ministros de este viernes, que aprobó la prolongación del estado de alarma por otros 15 días, hasta las 00:00 del 10 de mayo, tras recibir el plácet del Congreso.

Se diseñará la fase de descompresión en función de los criterios acordados, y se actuará "bajo la dirección del Gobierno", no de las CCAA

Sanidad considera que, igual que fue "acertado" en marzo adoptar medidas homogéneas de confinamiento en toda España para la lucha contra la pandemia, ahora cree idóneo que, para la fase de descompresión y camino hacia una "nueva normalidad", se plantee un escenario "asimétrico". Así, hay que tener en cuenta la situación epidemiológica de cada territorio. Y, como ya advirtiera Pedro Sánchez el pasado sábado, la desescalada no tiene por qué tener en cuenta como unidades territoriales las comunidades autónomas. Pueden ser provincias o incluso zonas más pequeñas.

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Abrir y cerrar el grifo

Illa dejó muy claro que aunque este proceso se quiere coordinar con las CCAA, y ellas tendrán un papel "muy importante" en la fase "compleja" que comenzará a partir del 10 de mayo, será el Gobierno central quien dirija. La autoridad, pues, es la misma. No ha cambiado porque la declaración de alarma, que ha sido prorrogada por tercera vez (extensión que mañana sábado publicará el BOE), reconoce al Ejecutivo central como única autoridad al mando. Sanidad ve positivo que las empresas y las administraciones —Canarias presentaba este viernes su plan de desconfinamiento, por ejemplo—, pero será el Gobierno quien fije el marco y decida en colaboración con las CCAA. Las palabras de Illa eran una advertencia directa al 'president' de la Generalitat, Quim Torra, quien sigue insistiendo en que debe ser el Govern el que diseñe la pauta y tutele la salida.

Illa no pone fecha a las elecciones congeladas en Euskadi y Galicia: "Ojalá" puedan celebrarse, pero dependerá de la evolución de la pandemia

El ministro tampoco quiso anticipar qué territorio arrancará la escalada y cuál será el último. Dependerá de la situación epidemiológica, de sus capacidades asistenciales, de la seguridad de que se pueden tomar ciertas garantías y de que no se reproducirá un nuevo brote. Es más, la modificación del decreto de alarma que autorizó el Congreso el miércoles —y que aprobó definitivamente el Consejo de Ministros en su reunión extraordinaria de este viernes— habilita a Illa para abrir y cerrar el grifo. Relajar y restringir medidas y determinar su alcance y ámbito territorial.

De cómo vaya progresando el combate contra el covid-19 dependerá, lógicamente, la convocatoria de las elecciones autonómicas en País Vasco y Galicia, previstas para el 5 de abril y que tuvieron que ser congeladas por la emergencia sanitaria. "Ojalá" se puedan celebrar esos comicios pospuestos, dijo Illa, pero de nuevo la fecha la dirá "la situación de la epidemia", para que puedan tener lugar con completa seguridad. Este viernes, el 'lehendakari', Iñigo Urkullu, planteó que las urnas se abran en julio, porque en el otoño puede haber un nuevo rebrote. El presidente de la Xunta, el popular Alberto Núñez Feijóo, sí habla "con cierta frecuencia" con el jefe del Ejecutivo de Vitoria, pero las elecciones "no forman parte" de la agenda de su Gobierno, informa Europa Press.

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Zonas comunes, igual que espacios públicos

El domingo entrará en vigor la orden ministerial firmada por Illa que permitirá a los niños pisar la calle. Los menores de 14 años podrán salir de 9:00 a 21:00, durante una hora, acompañados de un adulto y a una distancia de un kilómetro de sus casas. Como máximo, cada adulto podrá vigilar a tres pequeños. Es decir, la regla, sintéticamente, es 1-1-1-3. Tras la rueda de prensa de ayer jueves del ministro con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quedó la duda de si los críos podrían esparcirse en las zonas compartidas de las comunidades de vecinos.

El estudio de seroprevalencia arrancará el lunes "en casi todas las CCAA. No será necesario esperar a las tres oleadas para tener los primeros datos

"Los espacios comunes de vecinos son espacios privados, objeto de regulación comunitaria —apuntó Illa este viernes—. El Gobierno va a especificar unos criterios, pero van a ser los mismos que para los espacios públicos: los niños no podrán estar en grupos superiores a tres, deberán estar permanente acompañados de un adulto, no es aconsejable que estén más de una hora y no pueden coincidir en espacios de juego conjuntos".

"Trabajamos sin descanso"

Illa también precisó que el estudio de seroprevalencia que ha diseñado el Instituto de Salud Carlos III con el INE para estudiar la penetración del covid-19 en toda España comenzará "este lunes en casi todas las comunidades autónomas". "No hay un retraso en el estudio", defendió este viernes el ministro, quien ayer, en la Comisión de Sanidad del Congreso, aseguró que arrancaría la próxima semana, pero no necesariamente el 27 de abril. Sanidad esgrime que será un macrosondeo que permitirá obtener "una fotografía" de la evolución de la pandemia bastante ajustada. No será necesario esperar a la conclusión de las tres oleadas para conocer los primeros datos, especificó. Esa foto sí se puede "usar como un indicador más para ir guiando la transición hacia la nueva normalidad", explicó.

Montero descarta tensiones interna: "Somos un Gobierno cohesionado, fuerte", y también "extremadamente cauteloso", que "sabe escuchar"

Con Illa compareció la ministra portavoz, María Jesús Montero. Ella misma fue rectificada posteriormente por el asunto de las salidas de niños, ya que tras el Consejo de Ministros ordinario del martes apuntó a un criterio más restrictivo y polémico, pues suponía que los pequeños solo podían salir de casa para ir a la compra, al banco o a la farmacia. Iglesias admitió "errores" de comunicación. Montero descartó tensiones entre los dos socios del Ejecutivo: "Somos un Gobierno cohesionado, fuerte, que trabaja sin descanso".

La portavoz apuntó que el Gabinete es "extremadamente cauteloso, prudente", pero "sabe escuchar". Y recordó que desde el mismo martes el Consejo de Ministros facultó al ministro para tomar decisiones sobre relajación o restricción de medidas.

Respaldo a Iglesias en su pugna con el Poder Judicial: sus palabras caben en la "libertad de expresión"

María Jesús Montero reaccionó como se esperaba cuando se le preguntó por su respaldo al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en sus críticas al Poder Judicial. La portavoz del Gobierno se limitó a manifestar el "respeto" del Ejecutivo a las resoluciones de los jueces, pero también enmarcó las declaraciones del líder de Unidas Podemos en la "libertad de expresión". 

La polémica se arrastra desde el miércoles, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) condenó a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, a 19 años de prisión por atentado a la autoridad, lesiones leves y daños a raíz del intento de frenar un desahucio en Lavapiés en 2014. "Mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso", dijo primero en Twitter el vicepresidente segundo. 

El jueves, incidió en la crítica, ya en rueda de prensa: simplemente expresó, dijo, lo que muchos piensan, que la Justicia "no siempre es igual para todos y que muchas veces los corruptos se han ido desgraciadamente de rositas". Después, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lanzó un durísimo comunicado en el que manifestó su "absoluto y rotundo rechazo" a las palabras de Iglesias por propalar una "sospecha inaceptable" sobre el proceder de la Justicia. A partir de ahí, se desató una lluvia de reproches de Unidas Podemos hacia el CGPJ y su presidente, Carlos Lesmes.  

Montero apuntó que no puede hablarse de "escalada de enfrentamientos" entre el Gobierno y el Poder Judicial, de mayoría conservadora. El Ejecutivo, dijo, tiene un "absoluto respeto a la separación de poderes y acata las sentencias". Ahora bien, las palabras de Iglesias "probablemente se enmarcan dentro de la libertad de expresión", como la tiene el CGPJ, dijo, al emitir su nota. 

Pero "respeto absoluto" a la Justicia, insistió. "Este Gobierno ha dado muestras claras de que no solamente lo expresa sino que así lo cumple", añadió. 

Por otra parte, la portavoz volvió a insistir en la necesidad de pacto entre los partidos para propiciar la reconstrucción económica y social del país. "Estamos convencidos de que este acuerdo verá la luz si conseguimos que los que participamos nos veamos representados en los resultados, y todos debemos ceder un poco para que gane el país", rubricó. 

Pedro Sánchez ofrece ese entendimiento a partidos políticos, agentes sociales, comunidades y ayuntamientos, y espera "generosidad y altura de miras" por parte de todos. Y, como hiciera el presidente en el pleno del miércoles, Montero apuntó que esa voluntad de pacto ha de extenderse a autonomías y municipios, "gobierne quien gobierne". 

En ese punto, recordó que hay dirigentes socialistas que han ofrecido mano tendida a sus Ejecutivos regionales. Lo han hecho ya Ángel Gabilondo (Madrid), Susana Díaz (Andalucía) o Luis Tudanca (Castilla y León), como lo ha planteado el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, a su oposición. Sí puso el ejemplo de un dirigente autonómico del PP que se ha mostrado dispuesto al pacto, el jefe de la Junta, Juanma Moreno, como muestra de que en el PP hay "voluntad de esta línea de acuerdo".

"Es el único camino", concluyó Montero, apremiando a Pablo Casado al acuerdo.