Sanidad compró a una firma sin licencia de importación 144 respiradores que no llegaron

Los test defectuosos chinos comprados por 17,1 millones de euros y los dos millones de mascarillas 'fake' no son los únicos problemas que ha tenido el Gobierno con sus proveedores sanitarios durante la crisis del coronavirus. Sanidad también tuvo que resolver un contrato de compra de 144 respiradores con la empresa española Hyperin Grupo Empresarial de 3,31 millones de euros porque la compañía no fue capaz de suministrar los dispositivos. El reintegro del dinero, que se pagó por adelantado, ya ha sido solicitado por el Ministerio de Sanidad, pero la empresa aún no lo ha hecho efectivo.

La elección de una empresa como Hyperin para un contrato de esta relevancia sorprende porque la mercantil tiene como objeto social "la fabricación de elementos de yeso para la construcción" y fue creada hace solo un año, según el registro mercantil. Nunca ha presentado cuentas. Su representante legal, Javier de Juan Roncero, asegura a El Confidencial que no han devuelto los fondos porque está pendiente de recibir el dinero de la empresa americana Avante Health Solutions, que fue con la que acordaron a su vez el suministro de los aparatos. No obstante, el administrador asegura que consignará el dinero en Sanidad la próxima semana.

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Hay otra singularidad detrás de este contrato firmado por el departamento de Salvador Illa. Roncero admite a este diario que no tiene licencia de importación. Su intención era valerse de las licencias extraordinarias que está facilitando el Ministerio de Sanidad para efectuar el suministro. Independientemente de que exista un trámite abreviado, estas autorizaciones requieren la documentación adecuada que garantice unos procedimientos de calidad para la correcta distribución de los suministros.

Según explica el propio Roncero, fue él mismo quien se ofreció a Sanidad para la entrega de estos respiradores. Argumenta que las empresas importadoras están colapsadas y que por ese motivo el Gobierno está ayudándose de compañías sin autorización para introducir mercancía en España. El responsable de Hyperin insiste en que el fallo fue de la empresa americana, que no habría proporcionado información correcta sobre el plazo de entrega.

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Roncero está vinculado a muchos otros negocios, sobre todo, del sector inmobiliario. En la mayoría de las sociedades coincide con un familiar, Roberto de Juan González, que está en el centro de una polémica operación con 14 bloques de viviendas de la Iglesia. Los inmuebles, en el centro de Madrid, tenían su origen donaciones benéficas a la Iglesia pero esta decidió deshacerse de ellos en julio de 2019, dejando en el aire los alquileres de las 200 familias que viven en ellos.

Cada uno de los bloques fue comprado por una sociedad limitada distinta creada expresamente para ese fin. Fueron adquiridas a un vivero de sociedades limitadas para ocultar al verdadero titular de las acciones. Las 14 mercantiles están administradas por el socio del suministrador fallido de los respiradores, pero como informó eldiario.es, las mercantiles tienen como dirección para notificaciones la vivienda de la hermana de Alejandro Agag, Ana, en la que esta vive junto a su marido Álvaro Portanet, alto directivo de Barclays.

Sanidad rechazó respiradores alternativos

Tal y como muestra el contrato de suministro de los respiradores, publicado este martes en la Plataforma de Contratación del Estado, la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia suscribió un acuerdo de emergencia el 24 de marzo con Hyperin Grupo Empresarial S.L "para suministrar dispositivos de ventilación mecánica (VMI), cuyo importe total es de 2.736.000 euros (3.310.560 euros IVA Incluido)". El contrato estableció "una entrega inmediata de los 144 respiradores", modelo Breas-Vivo 65, y aceptó el pago a Hyperin por anticipado de los 3,31 millones de euros, que se hizo efectiva un día más tarde.

Sin embargo, una semana más tarde empezaron los problemas para Sanidad. Javier de Juan Roncero comunicó el 2 de abril "la imposibilidad de suministrar los dispositivos modelo Breas Vivo 65, poniendo como alternativa el suministro de respiradores modelo Avante MVP", ofrecimiento que fue rechazado por el ministerio "por no responder los nuevos equipos ofertados a las condiciones y requerimientos exigidos".

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Cinco días más tarde, el 7 de abril, "ante la negativa del Ministerio de Sanidad a aceptar la alternativa propuesta", Javier de Juan Roncero se puso en contacto con el ministerio para "renunciar al contrato del suministro (...) y proceder a la devolución de las cantidades abonadas". Una semana más tarde, Sanidad envió un burofax a Hyperin para solicitarle el reintegro de los 3,31 millones de euros, cantidad que aún no ha sido reintegrada al Tesoro público, de acuerdo a la carta de pago sin el sello del banco y según lo confimado por el propio Roncero, a diferencia de lo ocurrido con los 17,1 millones de euros de los test defectuosos contratados a Interpharma.

Esta información proviene después de que el Ministerio de Sanidad empezara a publicar ayer los contratos del Covid-19 tramitados por la vía de emergencia como consecuencia del decreto del estado de alarma el 14 de marzo. Durante más de un mes, el departamento de Salvador Illa se negó a revelar una y otra vez los proveedores sanitarios y los importes pagados por los suministros. Sin embargo, un informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado –dependiente de Hacienda– dado a conocer por El Confidencial puso de manifiesto la obligatoriedad de publicar la adjudicación y formalización de estos contratos de emergencia en la Plataforma de Contratación del Estado.