Bélgica archiva la demanda de Puigdemont contra el juez Llarena 20 meses después
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Impone al expresident el pago de costas

Bélgica archiva la demanda de Puigdemont contra el juez Llarena 20 meses después

El tribunal concluye que debe aplicarse en el caso del juez español la inmunidad de jurisdicción que es de aplicación entre estados miembros

placeholder Foto: El juez Pablo Llarena, en una imagen de archivo. (EFE)
El juez Pablo Llarena, en una imagen de archivo. (EFE)

En agosto de 2018, en plena instrucción por rebelión contra el Gobierno de Carles Puigdemont, el expresident y los consellers huidos en Bélgica dedicieron demandar ante los tribunales belgas al juez Pablo Llarena. Abrieron un procedimiento civil que, ahora, 20 meses después, ha sido archivado. Según el texto de la resolución del tribunal civil de Bruselas que ha dado carpetazo al asunto, a la que ha tenido acceso El Confidencial, debe aplicarse en el caso del juez español la inmunidad de jurisdicción argumentando que es de aplicación entre estados miembros. Impone, además, a Puigdemont el pago de las costas.

La demanda acusaba a España de violar de forma sistemática y desde "hace años" los derechos fundamentales de "los miembros de minorías que persiguen una acción política a favor de la independencia de su región". El Estado español, "delincuente" en sus acciones y comparable, por ejemplo, a Kazajistán, cuenta con un sistema judicial "incapaz de tratar la cuestión catalana de manera imparcial", decía. Sobre el juez, destacaba "su falta de imparcialidad y acciones que han atentado contra el derecho al honor de estos cinco acusados en la causa sobre el 'procés'" aludiendo a unas declaraciones efectuadas a la prensa.

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El comportamiento del juez Llarena expresa "lo que ya fue denunciado respecto a los oponentes políticos vascos", un sistema judicial que "compara el proyecto y las convicciones políticas de los investigados con una concepción penalmente reprensible", indicaba. La resolución entiende que las acusaciones que se vertían contra el magistrado quedan amparadas por la citada inmunidad de jurisdicción.

Tras una agria polémica en la etapa en la que la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dirigía el Ministerio de Justicia, el departamento acabó encargando al bufete belga Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick la representación legal del Estado español y del juez y detalló que destinaba una provisión de fondos de 450.413,22 euros, más otros 94.568,78 en concepto de impuestos. En total, 544.982 euros. En su resolución, el tribunal belga rechaza, además, la pretensión de los denunciantes de plantear una cuestión prejudicial. Fuentes cercanas al expresident han destacado que recurrirán en casación la decisión.

Puesta en escena "abusiva y falaz"

Puigdemont superponía la acción del Estado a la del juez Llarena y dice que las órdenes de arresto estuvieron salpicadas por una puesta en escena "abusiva y falaz" y basadas en calificaciones "elegidas por el magistrado". También aseguraba que con su presentación y posterior retirada se violó su derecho a la libertad de expresión, a la no discriminación, a un tribunal imparcial y al principio de legalidad en materia penal.

Denunciaba, además, que no pudo contar con acceso a un abogado cuando la primera jueza que le investigó, Carmen Lamela, rechazó escucharle, ya desde Bélgica, por videoconferencia y que se había violado su derecho a la presunción de inocencia. La magistrada le citó junto a otros acusados de rebelión, como el propio Oriol Junqueras, y él decidió escapar del país y refugiarse en el extranjero.

En cuanto a sus acusaciones contra Llarena, al que atribuía falta de imparcialidad por haber intervenido en distintos cuatro actos mientras debería haberse abstenido de cualquier declaración o actividad pública, indicaba que "estas violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales por parte de la jurisdicción española" se enmarca, asegura, en una persecución muda que ha sido denunciada en otros organismos europeos. El procedimiento arrancó con la citación del magistrado el 4 de septiembre tras la presentación de una demanda civil por parte de Carles Puigdemont y otros 'exconsellers' en la que se cuestionaba la imparcialidad del juez.

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