El Gobierno ultima un decreto de ayudas en puertos tras vetar Hacienda el primer texto

El Gobierno está ultimando un decreto ley para rebajar las tasas que pagan las empresas por usar los puertos de interés general, los que dependen de Puertos del Estado, según fuentes conocedoras del procedimiento. Las empresas reclaman esta rebaja al haberse desplomado el tráfico con el Covid-19. Un borrador de este decreto fue rechazado hace semanas por el Ministerio de Hacienda porque tal y como estaba redactado podía ser considerado ayuda de Estado en Bruselas. El decreto incluía también fórmulas para obligar a trabajar a los estibadores después de que durante dos días amenazasen el funcionamiento del puerto de Algeciras, uno de los mayores de Europa.

Las noticias se repiten en todos los grandes puertos: las empresas piden rebajas de las tasas que pagan por ocupar las instalaciones por el desplome del negocio. En Vigo, unas 50 empresas, de embalaje, logística y exportadoras, piden rebajar las tasas que pagan al puerto porque su actividad ha caído un 50%; en Cartagena, la autoridad portuaria ha flexibilizado el pago; mientras que el de Tarragona se ha negado a hacerlo. Los puertos de interés general, no los pequeños puertos deportivos, dependen de Puertos del Estado, del Ministerio de Transportes.

El documento incluye una reducción de tasas tanto de buques de larga estancia como para empresas que prestan servicios en los puertos

El departamento que dirige José Luis Ábalos ha preparado un decreto ley "de medidas urgentes para garantizar la continuidad de la gestión en los puertos de interés general y paliar el impacto económico de la crisis sanitaria del Covid-19 en los operadores portuarios". El documento incluye una reducción de tasas tanto de buques de larga estancia como para empresas que prestan servicios en los puertos.

Además, en un borrador, incluía medidas para impedir que los estibadores pudieran paralizar la actividad. Hace unas semanas, ya con la pandemia, los de Algeciras no acudieron a un turno y todas las alarmas saltaron en el Ejecutivo. Al final, regresaron al turno siguiente. La estiba ya fue una fuente de conflicto para el primer Gobierno de Pedro Sánchez, que sudó para aprobar un decreto ley sobre la materia, y decretar sobre la estiba es siempre polémico.

Pero el primer borrador fue tumbado por el Ministerio de Hacienda. La Comisión Europea vigila con interés estas normas para que no supongan ayudas de Estado incompatibles con las normas comunitarias. El departamento que dirige María Jesús Montero consideró que ese texto no pasaría el filtro de Bruselas y lo devolvió a Transportes. Finalmente, el Gobierno está a unto de dar luz verde a un decreto ley, otro, en la crisis sanitaria.