la oposición reclama explicaciones

El debate de los bulos le estalla a Sánchez: un órgano de Moncloa vigila las 'fake news'

El Ejecutivo lleva un mes alimentando el debate sobre las noticias falsas para desacreditar los ataques por su gestión de la crisis, pero la estrategia se volvió contra Moncloa este domingo

Foto: Pedro Sánchez, el pasado miércoles, en el Congreso. (Reuters)
Pedro Sánchez, el pasado miércoles, en el Congreso. (Reuters)

La crisis del coronavirus ha disparado la circulación de mensajes virales, pero ninguno había alcanzado hasta ahora la dimensión del que estalló este domingo, a las 12:37, en la rueda de prensa que ofrecen diariamente en Moncloa los miembros del comité de expertos del Covid-19. El representante de la Guardia Civil, el general Santiago, explicó cómo combatía su cuerpo la proliferación de 'fake news'. Apenas fueron unos segundos: “Estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas estas series de bulos. Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno”.

Tres horas después, el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, desmintió que la Guardia Civil estuviera contrarrestando las informaciones críticas con su Gobierno y dijo que el general había cometido un lapsus, pero ya había un incendio en las redes sociales y los partidos de la oposición no tardaron en pedir aclaraciones en sede parlamentaria. Por la noche, el ministro abundó en la tesis del equívoco, acusó a PP y Vox de utilizar la Guardia Civil para atacarle y admitió que, de existir esa orden, sería “ilegal”.

El debate de los bulos le estalla a Sánchez: un órgano de Moncloa vigila las 'fake news'

Las explicaciones de Grande-Marlaska no apagaron el fuego, que se prolongará al menos hasta las sesiones de control al Gobierno en el Senado, el martes, y en el Congreso, el miércoles. El propio Ejecutivo lleva un mes colocando la lucha contra la desinformación en el centro del debate político. Hace dos semanas, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció incluso una reforma del Código Penal para perseguir esa supuesta nueva tipología delictiva. La semana pasada, el CIS echó gasolina en ese frente al incluir en su barómetro una pregunta que abría la puerta a la limitación del derecho a la información para combatir los bulos. Y el jueves, el PSOE cerró la ronda poniendo una denuncia contra Vox ante la Fiscalía por la supuesta difusión de noticias falsas.

La estrategia del Gobierno para desacreditar las críticas de la oposición saltó por los aires este domingo. Más allá del posible error del general, que se ha convertido en portavoz del cuerpo contra su voluntad por la enfermedad de su superior, el organigrama de Moncloa no ayuda a espantar las acusaciones del centro derecha. El principal organismo dedicado a la lucha contra la desinformación tiene en la cúspide de su cadena de mando a Iván Redondo, el jefe de gabinete y asesor áulico de Pedro Sánchez. Se trata de la Oficina de Coordinación Cibernética (OCC) del Ministerio del Interior, que opera bajo el paraguas del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC). Decenas de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se dedican desde la OCC a detectar la difusión de noticias falsas o bulos que atenten contra el funcionamiento del Estado y puedan poner en riesgo la paz social.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el titular de Justicia, Juan Carlos Campo. (EFE)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el titular de Justicia, Juan Carlos Campo. (EFE)

Este organismo fue activado por primera vez por la Secretaría de Estado de Seguridad con motivo de las elecciones generales de abril de 2019, siguiendo las recomendaciones de Bruselas para evitar la desinformación en los comicios al Parlamento Europeo que se celebraron un mes después. En las generales de noviembre, Interior volvió a montar ese dispositivo de ciberpatrullaje para detectar posibles injerencias externas en el proceso electoral. Y el pasado marzo, coincidiendo con el decreto del estado de alarma, el departamento de Grande-Marlaska recurrió otra vez a este grupo de especialistas para rastrear posibles 'fake news' relacionadas con el Covid-19.

Aunque se trata de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y están encuadrados en el Ministerio del Interior, los efectivos de la OCC tienen orden de comunicar inmediatamente cualquier hecho relevante vinculado con la desinformación al Departamento de Seguridad Nacional, un organismo dependiente de Presidencia del Gobierno que, desde enero, coordina Iván Redondo, responsable también de la Secretaría de Estado de Comunicación. Es decir, que la persona que diseña la propaganda de Moncloa también persigue los bulos.

Los servicios de Información

Hay otros organismos implicados en la guerra contra las noticias falsas. También están peinando las redes los grupos de Información de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Su objetivo principal son posibles mensajes que inciten al odio contra colectivos concretos. Pueden actuar de oficio, sin esperar a la denuncia de los perjudicados. También buscan publicaciones de carácter violento que estén vinculadas con grupos organizados e incluso organismos o servicios de inteligencia extranjeros con supuestos fines de desestabilización.

Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, ante Pedro Sánchez e Iván Redondo. (EFE)
Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, ante Pedro Sánchez e Iván Redondo. (EFE)

Un trabajo parecido están realizando, en otro nivel, los agentes de la lucha contra la ciberdelincuencia de Guardia Civil y Policía Nacional. Como sus compañeros, buscan posibles delitos de odio e investigan 'fake news'. Por su pericia técnica, están especialmente capacitados para analizar las cuentas desde las que se vierten las informaciones falsas y descubrir posibles campañas organizadas, ya sea con fines partidistas o geoestratégicos.

Ninguna norma legal ampara la utilización de las Fuerzas de Seguridad del Estado (ni del CNI, que también vigila las redes) para “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”. La Guardia Civil emitió un comunicado a última hora de la tarde para despejar cualquier tipo de sospecha. “La labor de monitorización (…) está destinada exclusivamente a detectar aquellos bulos y desinformaciones que generan un gran nivel de estrés y alarma social, especialmente en temas de salud. Se hace siempre con escrupuloso respeto al derecho a la libertad de expresión y a la crítica. Se monitorizan los bulos que pretenden generar alarma social, nunca la libertad de expresión. La Guardia Civil es uno de los principales garantes de la libertad de expresión”.

La insistencia del Gobierno en avivar el debate de las 'fake news' en pleno estado de alarma contrasta con la escasa incidencia real de la amenaza. Interior admite que apenas hay mensajes en las redes sociales que encajen en las categorías de delitos de odio o bulos organizados. Los primeros exigen que las publicaciones atenten contra grupos concretos, por ejemplo, grupos étnicos, movimientos LGTBI, seguidores de un credo... Atacar a PSOE, Podemos o PP no entraría en ese supuesto. Difícilmente también referencias genéricas a la 'izquierda' o la 'derecha'.

Las noticias falsas tampoco tendrían trascendencia penal, a no ser que incurran en calumnias o injurias, por ejemplo. El caso más reciente es una fotografía difundida en las redes sociales por Vox en la que se ve la Gran Vía de Madrid repleta de ataúdes. El PSOE la ha incluido en su denuncia contra el partido de Santiago Abascal. Sin embargo, fuentes policiales creen que será complicado encontrar algún tipo penal que castigue ese contenido. Más que un bulo, sería un fotomontaje, tan burdo que no parece posible demostrar que el autor quería que pasara por auténtico.

Ante la ausencia de efectos penales, las fuentes consultadas aseguran que las falsedades que encuentran Policía, Guardia Civil y la OCC suelen canalizarse hacia los departamentos de comunicación oficiales para desmentirlas en redes sociales. Las campañas orquestadas con riesgo de alteración del orden público sí podrían motivar operaciones policiales, pero no hay antecedentes en España. Si esas informaciones amenazaran la convivencia, tuvieran fines políticos o se difundieran mediante redes controladas por agentes o Estados extranjeros, la OCC tiene orden entonces de avisar al Departamento de Seguridad Nacional que comanda Redondo.

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