La UE pide limitar los poderes excepcionales

Moncloa sigue con "estados de alarma sucesivos" tras pedir Bruselas relajarlos

La CE rechaza la extensión de este tipo de medidas y pide garantizar la responsabilidad democrática para garantizar los derechos fundamentales y el respeto al Estado de derecho

Foto: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (EFE)
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (EFE)
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El Ejecutivo de Pedro Sánchez prepara una tercera prórroga del estado de alarma que ampliará las medidas excepcionales actualmente vigentes hasta mediados del próximo mes de mayo. La ampliación extenderá el confinamiento en los hogares y los límites de la circulación hasta el mes y medio, y el Ejecutivo ya lo estudia pese a las recomendaciones lanzadas desde Europa contra los modelos de control de expansión de la pandemia basados en limitaciones de derechos constitucionales. La Comisión Europea acaba de advertir contra este tipo de prácticas en unas directrices que pretenden unificar la actuación de Europa ante la pandemia y en las que, pese a no citar a ningún país miembro de la UE, hace una referencia expresa a una situación que ya es una realidad en el caso español.

El aviso del organismo dirigido por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, llegó este miércoles en forma de advertencia. "Los estados generales de alarma que confieren poderes de emergencia excepcionales a los gobiernos deberían ser reemplazados por intervenciones más específicas de los ejecutivos de acuerdo con sus arreglos constitucionales. Esto garantizará la responsabilidad democrática y la transparencia de las medidas tomadas y su amplia aceptación pública, así como garantizará los derechos fundamentales y el respeto del Estado de derecho", indicaba el documento.

Moncloa sigue con "estados de alarma sucesivos" tras pedir Bruselas relajarlos

España no es el único país de la UE que ha recurrido a estados excepcionales para hacer frente a la crisis. También ha tomado esta vía Portugal, donde, el 18 de marzo, Marcelo Rebelo de Sousa declaró la emergencia en todo el país, eso sí, con la aprobación inicial de todo el Parlamento. El primero en hacerlo fue Italia. Por su parte, Hungría ha tomado la vía más expansiva. El Parlamento húngaro aprobó a finales de marzo una propuesta del Gobierno del ultraderechista Viktor Orbán en la que se autorizaba al Ejecutivo a prolongar la alarma de forma indefinida y sin ningún límite temporal.

El presidente Pedro Sánchez ya admitió que el plan del Gobierno implicaría la declaración de una sucesión de estados de alarma que seguirían al inicial. En su comparecencia desde Moncloa el pasado 4 de abril, anunció 15 días más para evitar la propagación del coronavirus, hasta el 26 de abril. Indicó por entonces que si los datos acompañaban, habría tras ese plazo un inicio de desescalada e indicó que se irían decretando "sucesivos estados de alarma", modulados pero consecutivos.

Alarma versus excepción

El estado de alarma supone una limitación temporal de derechos y libertades, aunque no una suspensión. Al menos sobre el papel. En las últimas semanas, han comenzado a surgir voces críticas respecto de la interpretación que realiza el Ejecutivo de lo dispuesto en la ley. La norma regulada en la Ley Orgánica 4/81 de 1 de junio contiene determinadas previsiones muy específicas que, según la interpretación de varios juristas, se están viendo superadas para adentrarse en el sitio de los estados, el de excepción. Este último implica una suspensión de derechos que el primero solo congela de forma temporal.

La alarma, prevista de forma específica para "crisis sanitarias, tales como epidemias", permite al Gobierno implementar la excepcionalidad por decreto, si bien necesita el respaldo del Congreso de los Diputados para sus prórrogas. Además, contiene una serie de escuetas previsiones que nunca han sido en realidad desarrolladas, ya que solo se declaró una alarma anterior desde que la ley vio la luz, provocada por la huelga de los controladores aéreos de 2010, y que solo se prolongó durante unas horas.

Prevé, en concreto, que el Gobierno se convierta en la autoridad competente y ponga bajo su mando a todas las autoridades civiles, los integrantes de los cuerpos de Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Resume en cinco puntos las atribuciones especiales del Ejecutivo central en el periodo afectado. Este puede limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos; practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias; intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres —con excepción de domicilios privados—; limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, e impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción.

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