El Gobierno renuncia a los PGE de 2020 y busca ligar los de 2021 a los acuerdos de país

Definitivamente, no habrá Presupuestos Generales del Estado de 2020. Las últimas cuentas aprobadas, las que defendió el popular Cristóbal Montoro en 2018, son las que seguirán vigentes todo este ejercicio. El Gobierno, como se daba ya por descontado, renuncia a presentar el proyecto de ley para este año porque no tendría sentido, ya que la senda de déficit que aprobaron Congreso y Senado ha quedado "absolutamente desfasada". La salida es que los PGE de 2021 se llevarán a la Cámara Baja "en tiempo y forma", y espera que pueda reflejar aquello que se consensúe en los nuevos Pactos de la Moncloa perseguidos por el presidente, Pedro Sánchez.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejó este jueves más despejado el escenario obvio, dada la agudeza de la crisis provocada por el coronavirus, que ha destrozado todos los pronósticos del Ejecutivo y modificado de manera radical el curso de la legislatura que tenía trazada la coalición. Como ella misma dijo, aquello que se tenía sobre la mesa hace poco más de un mes —el Gobierno se había dado de máximo hasta mayo para convencer a ERC y poder presentar así los PGE de 2020—, ya no vale. Es papel mojado. Así que no queda otra que recalcular la hoja de ruta.

Las Cámaras validaron, muy poco antes de la declaración de alarma, la senda de estabilidad presupuestaria el trienio 2020-2023. Así, preveía cerrar el déficit este año en el 1,8%, en el 1,5% en 2021, del 1,2% en 2022 y del 0,9% en 2023. Y preveía un crecimiento del PIB del 1,6%. Ya todo ha saltado por los aires. El cuadro macroeconómico ha quedado "totalmente desactualizado". Si quisiera tener unos PGE para este año, el Consejo de Ministros tendría que aprobar la nueva senda, que lo respaldaran Congreso y Senado y, a partir de ahí, redactar un nuevo proyecto de ley que estuviera listo para llevar al Congreso en mayo, a fin de que las cuentas, tras tres meses de tramitación, estuvieran en vigor para el 1 de septiembre.

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Esos planes, que manejó el Gobierno, son inviables. No hay tiempo material para hacerlo ni la prioridad es esa, sino atender la pandemia. Y, como dijo Montero, Hacienda no tiene "el suficiente conocimiento" como para augurar cómo se va a comportar el PIB este año y el próximo. Ella misma ya dijo el pasado martes que los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que pronosticó una caída del PIB de un 8% y un paro del 20,8% para 2020, eran aproximaciones, nada más, una previsión "muy precoz".

La senda de estabilidad aprobada preveía un crecimiento del 1,6% del PIB y un déficit para 2020 del 1,8%. Números desbordados por la pandemia

No obstante, cuando la tormenta escampe, el Gobierno será ágil a la hora de redactar el proyecto, prometió: dado que Hacienda preparó los de 2019, tumbados por el Congreso, y estuvo "a punto" de poner de largo los de 2020, ya tiene "entrenamiento", de modo que cuando sea necesario elaborará la senda de estabilidad, el "esqueleto" de las cuentas públicas, pero "ya será para 2021".

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Perspectivas "más seguras"

¿Y cuándo estarán en la Cámara Baja? "Nos adaptaremos a las fechas y cronogramas habituales de tramitación de los Presupuestos y esperamos que podamos seguir año tras año presentando los PGE en tiempo y en forma", agregó. Si se respeta eso, el Gobierno tendría que presentar los PGE antes del 30 de septiembre de este año. Pero hacer cábalas ahora mismo es prácticamente imposible. España espera disponer antes de perspectivas macroeconómicas "mucho más seguras" que las actuales. "Tendremos que presentar una senda de estabilidad acorde a la situación económica y las presentaremos para los Presupuestos de 2021", explicó.

Las nuevas cuentas respetarán, en principio, el "cronograma habitual", pero el Gobierno se centra ahora en atajar la pandemia y armar los acuerdos

En todo caso, los PGE de 2021 no centran ahora mismo el trabajo inmediato del Ejecutivo de coalición. Ahora mismo está en superar la pandemia y poner en pie los acuerdos de país en los que tanto insiste Sánchez, y que persiguen concertar a partidos políticos, comunidades, ayuntamientos y agentes sociales. Ambas cuestiones son la prioridad para el Gobierno. Pero ese gran pacto nacional se encuentra más que verde, ya que falta por saber si el PP se sumará a él o no.

Montero intentó proyectar optimismo durante la comparecencia en la Moncloa que compartió con la titular de Industria, Reyes Maroto, al asegurar que el acuerdo "avanza" y "está cada vez más cerca", pues este jueves varios grupos —Unidas Podemos (que forma parte del Gabinete), Ciudadanos, PNV, Compromís, Más País y, con matices, JxCAT; el BNG ha pedido horas para reflexionar— mostraron su "disposición" al diálogo. Este viernes seguirá la ronda con ERC, EH Bildu, el Grupo Mixto (Coalición Canaria, Nueva Canarias, PRC, Teruel Existe, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias) y el PSOE. Ahora bien, no hay fecha para la esperada cita del líder socialista con Pablo Casado, aunque la Moncloa no deja de insistir en que el encuentro se producirá "cuando quiera" el PP, pero anhela que sea "cuanto antes" para que los partidos comiencen a trabajar ya.

El Ejecutivo pretende que los PGE de 2021 recojan las "prioridades" que defina el pacto nacional, al que llama a partidos, CCAA y agentes sociales

La portavoz apuntó que si los trabajos de esa mesa de reconstrucción económica y social se hallan avanzados para cuando se presenten los PGE, lo lógico es que esos puntos de consenso tengan su reflejo en el proyecto de ley, y contendrá por tanto las "prioridades" de los distintos sectores que se marquen de cara a 2021.

"Si se presentan, las cuentas públicas deberían de fundamentarse en ese entorno"; rubricó Montero. Lo que espera el Gobierno es las cuentas del Estado róximas se puedan "inspirar" en "aquellas cuestiones donde haya consenso y acercamiento entre las distintas fuerzas políticas". ¿En qué sectores piensa el Ejecutivo? Desde luego, en el reforzamiento del sistema sanitario, pero también en la reactivación de los ámbitos que quedarán muy dañados por la pandemia, como el turismo, la hostelería y la restauración y la industria. La prioridad será el apuntalamiento del Estado del bienestar, sentar las "bases" del futuro de España "a medio plazo", sin "dejar a nadie atrás" y teniendo como guías la transformación digital, la transición ecológica y la eficiencia energética.