El CIS de Tezanos pregunta sobre limitar la libertad de información para frenar bulos

"¿Cree Ud. que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?". El barómetro especial de CIS del mes de abril sorprendía este miércoles planteando el grado de adhesión de la población a restringir la libertad de información, blindada en el artículo 20 de la Constitución como un derecho que no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa, para limitarla solamente a canales oficiales.

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El organismo que dirige José Félix Tezanos ofrecía a los encuestados dos respuestas. Si "cree que habría que restringir y controlar las informaciones, estableciendo sólo una fuente oficial de información" o, si por el contrario, "cree que no debe restringirse ni prohibirse ningún tipo de información". La Constitución española establece asimismo que "solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial".

Ante esta pregunta, auspiciada por el incremento de bulos relacionados con la crisis sanitaria del coronavirus a través de redes sociales y herramientas de mensajería como WhatsApp, el 66,7% se inclina por la restricción y control de la información y el 30,8% por evitar dichas restricciones. Por variables políticas según recuerdo de voto, aumenta el porcentaje de personas favorables a las restricciones entre los votantes del PSOE (76,1%) y disminuye entre los de PP ( 57,4%), Vox (56,7) y Ciudadanos (62,1%). Los de Unidas Podemos se sitúan en la media (66,2%).

Las encuestas de este barómetro especial se han realizado, por primera vez, de forma telefónica y no presencial. El organismos informa que "no dispone en estos momentos de un sistema para la realización de encuestas telefónicas", por lo que "se contrató su realización mediante procedimiento de emergencia, después de pedir cuatro presupuestos a empresas especializadas". La empresa seleccionada, según se prosigue, fue Intercampo, "empresa formada por un equipo de profesionales con una amplia trayectoria en la investigación de mercados y opinión pública".

El lunes de la pasada semana, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó en rueda de prensa que se habían detectado casos "de utilización criminal" de las redes sociales durante estos días. Ante el incremento en la difusión de bulos a través de las redes sociales desde que se decretó el estado alarma ha puesto en alerta al Gobierno, informó también que las fuerzas de seguridad están monitorizando esta actividad con el objetivo de poner en el conocimiento de la Justicia aquellos mensajes que puedan tener un contenido delictivo.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que acompañaba a Marlaska en dicha rueda de prensa, fue más allá planteando la necesidad de revisar los instrumentos legales necesarios "para impedir que no se vayan de rositas aquellos que contaminan la opinión pública". En esta línea, explicó que se están estudiando mecanismos para garantizar el derecho constitucional a recibir información veraz en un contexto de emergencia como el actual, también a través de las redes sociales, aunque sin avanzar cuáles. Su encaje sería complejo para no limitar otro derecho constitucional, el referente a la libertad de expresión.

La compañía Twitter ha asegurado haber detectado más de un millón y medio de cuentas sospechosas de manipular información sobre el coronavirus y en las últimas dos semanas ha procedido a borrar 1.100 mensaje con información considerada engañosa. Sin embargo, son los programas de mensajería instantánea, principalmente WhatsApp, donde más se están difundiendo este tipo de contenidos.