Un juez avala requisar material sanitario y amenaza la importación de firmas privadas

Las polémicas incautaciones de material sanitario a empresas privadas con el estado de alarma han recibido un aval judicial. El Juzgado de Instrucción 1 de Logroño autorizó el pasado 1 de abril a la Guardia Civil que interviniera todas las mascarillas, geles hidroalcohólicos y guantes de nitrilo que una mercantil afincada en La Rioja estaba ofertando a través de su página web. Dos redadas anteriores, una en Jaén a una proveedora de la Junta andaluza y otra en Usera, acabaron mal porque muchos distribuidores dejaron de importar por miedo a sufrir la incautación por parte del mando único. Aunque Sanidad ha insistido en que no hay requisas, el caso de Logroño pone en alerta al sector.

El 20 de marzo, agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial del instituto armado registraron la sede de la sociedad y se llevaron 15 mascarillas, 525 botes de un litro de gel higienizante de manos y tres garrafas de cinco litros cada una del mismo producto. Los dueños de la empresa, que piden que no salga su nombre, recurrieron la decisión, pero el juzgado argumentó que de la investigación realizada por la Guardia Civil se desprende indiciariamente que los dueños de la mercantil, dedicada a la venta 'online' de dispositivos electrónicos, hicieron pedidos de material sanitario a proveedores "antes y después de la declaración del estado de alarma" y luego lo ofertaron en la web de la empresa "para su venta a particulares por cantidades muy superiores al precio original", que fuentes de la investigación aseguran que se multiplicaban incluso por 10.

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EFE

La empresa lo niega y afirma a través de su abogado que los geles los sacaban a la venta a menos de 18 euros el litro, "uno de los precios más bajos del mercado", lo que apenas dejaba un margen de cinco euros. "En todas las plataformas de venta 'online' y en las mismas fechas se comercializaba el mismo producto pero de medio litro a 20 euros", sentencian las mismas fuentes.

"Ahora mismo, en cualquier farmacia 'online' o a pie de calle se venden mascarillas cuatro veces más caras sin contar el IVA, y lo mismo pasa con otros productos, que están a precios muy superiores a los ofertados por nosotros; basta con mirar las páginas de venta 'online", argumentan. "No ha existido ni existe limitación de precios en los referidos productos, incluso se constata que, si dichos artículos son considerados de primera necesidad, deberían estar gravados al 4%, cuando lo son al 21% de IVA, lo que demuestra que es el propio Gobierno el que encarece de forma muy importante los precios en este momento", sostiene la defensa, que considera que las autoridades policiales y judiciales "han actuado con total negligencia", instruyendo "con prisas, sin contrastar datos y con absoluta falta de seriedad".

Los farmacéuticos han pedido a Sanidad que intervenga el precio de estos productos por la pandemia y el departamento que dirige Salvador Illa anunció que lo estaba estudiando. El desabastecimiento de mascarillas en las farmacias es general, aunque el lunes entra en vigor la obligación de usarlas para ir al trabajo coincidiendo con la vuelta al tajo de la industria. El colegio de farmacéuticos ya ha avisado de que no habrá 'stock' si alguien acude a comprar y el Ejecutivo prometió distribuir 10 millones de 'mascarillas higiénicas' en el metro y transportes públicos.

Por eso, el caso de Logroño es relevante. Los importadores privados están suministrando canales al margen de los hospitales. Pero ahora están investigados los responsables de la empresa. Estos se negaron a declarar y fueron puestos en libertad provisional. La web de la sociedad sigue funcionando, aunque ya no vende los productos sanitarios. El juzgado considera que todos ellos podrían haber incurrido en un "delito relativo al mercado y consumidores" contemplado en el artículo 281 del Código Penal, al haber detraído supuestamente del mercado "productos de primera necesidad con la intención de perjudicar gravemente" a los ciudadanos. El auto judicial se refiere a la más alta pena, ya que apela a la "modalidad agravada" del ilícito contemplado en la normativa, que entiende que la pena debe ser mayor cuando existe "situación de grave necesidad o catastrófica", como considera que hay en este momento de crisis sanitaria.

El juzgado ha autorizado que todo el material intervenido por la Guardia Civil sea remitido a las autoridades sanitarias de La Rioja "para su reutilización según corresponda a los efectos intervenidos". Los agentes del instituto armado habían solicitado al juzgado entregar los geles, las mascarillas y los guantes al hospital San Pedro de Logroño "para el uso que considerara". La empresa perderá de este modo todos los productos mencionados que intervino la Unidad Orgánica de Policía Judicial el pasado 20 de marzo y no sacará rédito comercial de ellos. El juzgado, según explican desde la defensa, ha solicitado a la Guardia Civil un atestado que amplíe los hechos denunciados, sobre todo en relación con el precio de venta de los productos, la forma de entrega y el pago de los mismos.

"La empresa cumplió la orden del Ministerio de Sanidad del 15 de marzo al declarar en tiempo y forma toda la información requerida, a pesar incluso de que no era sujeto obligado al no ser fabricante ni importador", argumentan desde la defensa, que justifica asimismo que "los productos requisados fueron comprados durante el mes de febrero y los primeros días de marzo, antes del estado de alarma". "En ese momento, todas las comunicaciones del Ministerio de Sanidad y sus departamentos nos insistían en que no había ningún foco de infección", sostienen los investigados a través de su representante legal. "Para hacernos una idea, eran momentos en los que el portavoz del Ministerio de Sanidad Fernando Simón decía que 'en España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad' y los demás representantes del Gobierno iban en la misma línea", sostiene la defensa, que también señala las declaraciones del ministro Salvador Illa el 25 de febrero. "Nosotros ya hemos tomado las medidas que hay que tomar para garantizar que donde son necesarias las mascarillas y donde son necesarios otros productos sanitarios van a estar disponibles; no tenemos un problema de desabastecimiento de este ni de otros productos sanitarios en los centros hospitalarios y en los centros médicos", sostuvo.

Apenas 3.100 euros en geles

Las declaraciones, a juicio del mencionado letrado, "demuestran que había suficiente 'stock' en toda España de estos productos y la empresa de mis clientes adquiría los mismos en establecimientos comerciales de La Rioja y del resto del territorio nacional; en ningún momento hicieron acopio de mercancías para detraerlas del mercado y alterar los precios". "El propio atestado policial aporta las facturas de compras de estos productos, que suman 3.100 euros", continúa la defensa, que considera que, "según la Guardia Civil, esta es una inversión importante de dinero para esta empresa cuando resulta que, como muestran nuestras cuentas, representa menos del 1% del total de compras anuales".

Según estas mismas fuentes, los geles requisados iban destinados a "consumidores privados, ayuntamientos, fuerzas de seguridad y personal sanitario". "Las 15 mascarillas eran para uso del personal de la empresa", aclaran. "Es evidente que de lo actuado se han originado daños a esta empresa, que reclamará en el momento procesal oportuno", anuncia la defensa, que censura con dureza la publicidad que la Guardia Civil dio a la 'operación' de entrada y registro.

Durante estos días, y desde que el Gobierno decretó el estado de alarma, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han registrado diferentes empresas con el fin de incautarse de material sanitario no sin polémica. Así ocurrió en el caso de la fábrica de mascarillas de Jaén a la que accedieron agentes de la benemérita el pasado 15 de marzo. La empresa fabricaba mascarillas para un pedido que había realizado la Junta de Andalucía y que iba destinado a hospitales de la comunidad autónoma, como recriminó el propio Gobierno regional al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En la misma línea, apenas cuatro días después, la Policía Nacional intervino 20.000 mascarillas y otro tipo de productos sanitarios durante una serie de registros que hizo en el polígono industrial de Fuenlabrada Cobo Calleja —centro neurálgico del comercio chino— y en un establecimiento del mismo origen de Madrid. Todo ese material, según contó a El Confidencial la presidenta de la Cámara para la Cooperación Hispano China, Leticia Chen Lain, fue posteriormente devuelto por la Policía a sus dueños. La comunidad china mostró su malestar tras la intervención, dado que además durante esos días decenas de ciudadanos asiáticos habían donado productos sanitarios a incontables comisarías por todo el país y la operación policial fue entendida como una traición.

En este último incidente, según reveló Chen Lain, hasta tuvo que intervenir la embajada china en España, que intermedió con el fin de que volviera a reinar la paz entre la Policía y la comunidad china y que promovió la devolución de las mascarillas y del resto de material sanitario que había sido objeto de discordia. Ni el Ministerio del Interior ni la Dirección General de la Policía hicieron declaración alguna sobre la polémica.