Los partidos limitan el margen y el poder de Sánchez en el estado de alarma

El Parlamento en democracia cumple tradicionalmente tres funciones básicas: la legislativa, la de control al Gobierno y la deliberativa. Y en las tres, los partidos han recortado en estas semanas margen y poder a Pedro Sánchez, en pleno estado de alarma y de conmoción política por la pandemia del coronavirus.

Poco a poco han ido forzando al presidente a rectificaciones en estrategias y en actuaciones concretas, en un viraje político permanente que, de momento, le ha llevado al refugio improvisado de la propuesta de pacto de Estado, como reedición de los mitificados Pactos de la Moncloa. Se trata de una limitación de hecho, progresiva y forzada del presidencialismo que Sánchez asumió en el inicio de la crisis provocada por la pandemia.

Aún tienen los grupos parlamentarios, los de la oposición y los que apoyaron la investidura del presidente del Gobierno, margen suficiente para seguir recortando ese poder.

Esa situación de desgaste y reducción de los apoyos y de los márgenes del Gobierno se puso de manifiesto este jueves en el largo pleno del Congreso del Jueves Santo, en el que Sánchez ha comprobado la irritación y la presión de todos los partidos sin excepción, con distinto grado de virulencia. Desde la desmesura de Vox y la extrema dureza del PP, a la dura crítica de PNV y ERC, que apoyaron la investidura en enero. Pero con reproches de todos.

También quedaron patentes la falta de apoyo a sus medidas y su debilidad parlamentaria, porque un decreto de medidas económicas solo tuvo el voto a favor de los partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), con más abstenciones que síes.

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La función de control es quizá la más evidente en la rectificación de las últimas semanas. Sánchez se ha sometido ya a dos debates sobre la alarma, porque le obligan a hacerlo la Constitución y la ley. Pero, finalmente, el PSOE en el Congreso ha tenido que ceder y rectificar para levantar la suspensión de todos los plazos del Congreso que se decretó al inicio del estado de alarma. Esta suspensión de plazos hacía que las preguntas que el Gobierno debe responder por escrito eran presentadas en el registro, pero no había plazo para que los ministerios contestaran.

También ha rectificado al convocar para la próxima semana un pleno con sesión de control al Gobierno, con preguntas a todos los ministros, que no estaba previsto antes y que pedían unánimemente todos los demás partidos.

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El presidente ha insistido en el pleno en que es falso que se haya sustraído al control del Parlamento en este tiempo, tal y como insiste en denunciar la oposición. Sin embargo, la rectificación al convocar un pleno de control la próxima semana supone admitir que, como mínimo, sí era posible someterse al escrutinio parlamentario. La prueba del nueve de la falta previa de control es la rectificación.

Sánchez, no obstante, denunció con razón en el pleno que el PP y Ciudadanos no aplican ese criterio de exigir control al Ejecutivo en comunidades que gobiernan, empezando por la Comunidad de Madrid, donde permanece cerrada la Asamblea. Ese argumento es inapelable.

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En la función de control al Gobierno, la oposición aún tiene margen, porque el presidente no informa del resultado de una cumbre europea desde la de junio de 2019, pese a que la ley le obliga a hacerlo inmediatamente después de cada una. Hace una semana, el Gobierno notificó al Congreso la petición para comparecer y dar cuenta de la última y trascendente cumbre, realizada por vía telemática, pero no hay convocatoria aún de ese pleno.

El PP mantiene la presión para crear una comisión de seguimiento de la crisis, como la creada en Francia, con opciones para que comparezcan diferentes ministros y con posibilidad de presentar propuestas y recabar información. PSOE y Unidas Podemos bloquean esta petición, pero la batalla seguirá con una futura solicitud de comisión de investigación con la que ha amagado Pablo Casado en varias ocasiones.

Y está pendiente la convocatoria en el Senado de la llamada Comisión General de Comunidades Autónomas, con presencia del Gobierno central y ejecutivos autonómicos, que fue apoyada por el PNV, tras ser solicitada por el PP.

En la función legislativa, el Gobierno se ha visto obligado a rectificar por la vía de hecho, por la de comprobar que carece de mayoría suficiente para gobernar sin buscar acuerdos para cada iniciativa. Empezó la crisis con decretos cuya aprobación no consultó ni con sus socios, y se ha encontrado con dificultades para convalidarlos. Por eso, ha tenido que rectificar y abrir negociaciones con PNV y ERC, y también con Ciudadanos, que se ha convertido en sorprendente aliado de Sánchez. El PNV, incluso, forzó al Ejecutivo a rebajar por la vía de los hechos el decreto de la llamada 'hibernación' cuando ya estaba aprobado y en vigor.

La rectificación legislativa le viene también forzada por los votos (o la falta de ellos) en el Congreso, porque ha tenido que aceptar que todos sus últimos decretos se tramiten como proyectos de ley. Ya tuvo que hacerlo en el anterior pleno porque perdió una votación, y ahora se ha sumado a la fuerza a la opinión mayoritaria que no podía combatir.

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Esa rectificación obligada supone que necesitará negociación y acuerdos sobre cada punto de esos decretos cuando se tramiten como proyectos de ley, aunque ya hayan estado en vigor. De la unilateralidad pasa en esto a la obligada tramitación parlamentaria pactada y con riesgo de perder votaciones que modifiquen sus decisiones legislativas. En esto también se ha visto limitado su presidencialismo, en favor del parlamentarismo.

El estado de alarma le da poderes excepcionales, pero finalmente no tanto como para gobernar por decreto y sin pasar luego por el trámite de Congreso y Senado. Y la deliberativa viene de la evidente realidad de someterse a debates como el del Jueves Santo, en los que escuchan a todos los partidos criticar, con diferentes grados de dureza, la gestión del Gobierno durante la crisis.

El Gobierno ha pasado en esto de asegurar que en estas circunstancias hay que estar al lado del Ejecutivo a tener que escuchar esos reproches y a confrontar, como hizo este jueves Sánchez en su dura réplica, alejada del tono institucional del discurso de arranque y el del debate de la declaración del estado de alarma, cuando dijo lo de que esperaría al fin de la crisis sanitaria para defenderse y confrontar. Al margen de la desmesura de algunas de las expresiones que escuchó de la oposición.

También en eso ha rectificado. Y se une esta rectificación a la de las comparecencias ante la prensa, aunque eso ya ocurre fuera del Congreso, pero también xupone una limitación del presidencialismo.