Permisos de residencia y jubilados: los vetos de Iglesias para apoyar el decreto del campo

El decreto de Agricultura aprobado este martes en el Consejo de Ministros para garantizar la suficiencia de mano de obra en el campo, mermada debido al cierre de fronteras por el coronavirus, ha generado un nuevo choque en el Gobierno de coalición. El sector morado del Ejecutivo se opuso durante el debate al texto defendido por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asociando su apoyo a que se excluyese a los jubilados de la posibilidad de realizar estos trabajos agrícolas, tanto por cuestiones físicas como preventivas para que no corran riesgo de contagio. La propuesta presentada en el Consejo de Ministros contemplaba la opción de que, como ocurre ya en el ámbito sanitario, los jubilados del sector se pudiesen incorporar a estos trabajos de forma extraordinaria. El pasado lunes, en la reunión del pacto social, los sindicatos habían puesto objeciones a esta posibilidad.

Finalmente, serán solamente desempleados, con o sin subsidio, migrantes con permiso de trabajo que expire durante el periodo comprendido entre la declaración de estado de alarma y el 30 de junio de 2020 y jóvenes inmigrantes de entre 18 y 21 años quienes puedan trabajar en la temporada de recogida de cosechas. Se planteó también por parte de los ministros de Unidas Podemos que se ofreciesen permisos de residencia permanentes a los migrantes que se incorporasen a estas labores, aunque el decreto publicado en el BOE mantiene que se facilitarán los permisos solamente durante el tiempo que dure el contrato de trabajo. Con todo, no se descartan modificaciones futuras en esta línea durante su tramitación. De los 300.000 asalariados temporales que emplea aproximadamente este sector, la mitad son extranjeros, según los propios datos que maneja el ministerio.

En Francia, para hacer frente a estas mismas necesidades de mano de obra por el cierre de fronteras, se hizo el pasado 17 de marzo un llamamiento generalizado a la población para trabajar en el campo, incluidos jubilados. Sin embargo, posteriormente se priorizó a los desempleados y se recomendó evitar las contrataciones de jubilados por cuestiones de salud preventivas.

Otra de las modificaciones que se exigieron, concretamente desde Trabajo, tiene que ver con restar capacidad al empresario de acelerar la contratación con menos requisitos de los habituales y formalizándose con un acuerdo entre las partes. Cambios que se produjeron en el texto final del decreto publicado en el BOE, por lo que todos estos contratos deberán ajustarse a convenio o, en todo caso, respetar el salario mínimo interprofesional (SMI), actualizado en enero.

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Los empleadores también estarán obligados a buscar mano de obra procedente de la localidad donde se sitúe la explotación agrícola o de municipios cercanos para limitar los desplazamientos y por tanto disminuir los riesgos en la salud pública. Serán las propias empresas agrarias quienes efectuarán su solicitud de mano de obra en coordinación con los servicios autonómicos de Empleo y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Desde Agricultura, se ha cifrado entre 75.000 y 80.000 el número de trabajadores necesarios para garantizar la producción agrícola y mantener el abastecimiento durante los próximos meses, a la espera de que paulatinamente puedan irse levantando las fronteras. Un parón en la producción, según ha advertido este martes tras el Consejo de Ministros el titular de Agricultura, generaría una subida generalizada en el precio de los alimentos por la disminución de la oferta en los mercados, "especialmente frutas y hortalizas".

Los desempleados que se incorporen a estos trabajos conservarán el cobro del subsidio por desempleo que están percibiendo. Además, este trabajo se compatibilizará con todos los subsidios, tanto de paro como agrarios, a excepción de aquellos que hayan sufrido un ERTE o cesado de su actividad como autónomos, por lo que las prestaciones asociadas al coronavirus no se aplicarán a este contexto, según ha matizado el ministro Planas. Con todo, cobrar el paro y recibir al mismo tiempo un jornal por trabajar temporalmente en labores agrícolas es algo "absolutamente excepcional", según ha matizado el ministro. Esta medida se extenderá solo hasta el 30 de junio.