EL DÍA ANTERIOR HABÍAN REPARTIDO PRODUCTOS

Interior devolvió las mascarillas intervenidas en Cobo Calleja tras el malestar de China

El 19 de marzo, la Policía incautó material de protección en el centro neurálgico en España del comercio asiático, lo que provocó protestas de la comunidad china que llegaron a la embajada

Foto: Agentes de la Policía Nacional, en Cobo Calleja, el pasado 19 de marzo. (DGP)
Agentes de la Policía Nacional, en Cobo Calleja, el pasado 19 de marzo. (DGP)

La operación que el pasado 19 de marzo llevaron a cabo los servicios centrales de la Policía Nacional sobre varias empresas del polígono industrial Cobo Calleja, el centro neurálgico del comercio chino en España, tuvo consecuencias en la comunidad asiática. Los días previos a la actuación policial —que se centró en la inspección de varios establecimientos y la intervención de material de protección en algunos de ellos—, ciudadanos chinos de todo el país habían donado miles de mascarillas, guantes y otros productos a decenas de comisarías.

Los propios sindicatos policiales, que llevaban días quejándose del escaso material que les proporcionaba el Ministerio del Interior, se hicieron eco de la generosa acción de la comunidad china a través de las redes sociales. Algunos funcionarios en particular incluso se deshicieron en elogios hacia estos ciudadanos, que sin embargo no cabían en sí de asombro cuando vieron la respuesta de la Policía apenas unos días después. La intervención en Cobo Calleja fue vista por estos comerciantes como una traición. Así lo admiten fuentes de esta comunidad, que ahora negocian con algunos sindicatos policiales el suministro de material y que han decidido incluso rebajar las cantidades que están dispuestos a vender cuando han sabido que los destinatarios serán policías.

El malestar fue tan generalizado que incluso provocó un incidente diplomático hasta ahora desconocido entre China y España. Así lo explica la presidenta de la Cámara para la Cooperación Hispano China, Leticia Chen Lain, quien detalla a El Confidencial que tuvo que intervenir la embajada de Pekín en Madrid para acercar posturas entre ambas partes. "Le han devuelto al empresario lo que le quitaron", asegura Chen Lain, quien admite que la Policía incluso ha pedido disculpas al propietario de la mercancía. "Fue un malentendido", añade la consultora de negocios entre ambos países, que explica que el Gobierno chino les mandó el material para su protección y "la Policía se creyó que nosotros lo íbamos a revender".

La operación fue publicitada por la Dirección General de la Policía, que el mismo 19 de marzo emitió un comunicado a los medios en el que señalaba que agentes de la corporación se habían personado en el polígono industrial Cobo Calleja (en Fuenlabrada), habían hecho varias inspecciones y se habían incautado de 19.600 mascarillas, 12.880 botellas de soluciones hidroalcohólicas, 1.280 gafas protectoras, 498.000 guantes de nitrilo, 468 botellas de alcohol y 150 batas desechables. Los funcionarios, según completó El Confidencial, ejecutaron de ese modo la orden que previamente les había dado la superioridad. En concreto, la Comisaría General de Policía Judicial —los servicios centrales del instituto armado—, que hizo esta intervención en paralelo a otra similar desplegada en el barrio madrileño de Usera, en la que un grupo también intervino material de protección en un establecimiento propiedad de una persona de origen chino.

Una agente de la Policía Nacional, en Cobo Calleja. (DGP)
Una agente de la Policía Nacional, en Cobo Calleja. (DGP)

Los productos incautados fueron "puestos a disposición del personal sanitario", rezaba la nota hecha pública por la Dirección General de la Policía, que aludía a una orden previa del Ministerio de Sanidad que determinaba que "todas las empresas privadas y particulares que dispusieran de productos necesarios para la protección" debían comunicar las existencias que tenían y su localización al departamento dirigido por Salvador Illa. "Dada la obligatoriedad de la comunicación, así como lo recogido en la Orden SND/233/2020, los agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo diversas inspecciones, en su mayoría en el polígono industrial Cobo Calleja de Madrid", añadía el comunicado.

Los agentes, continuaba la nota de la Dirección General, "comprobaron que los propietarios de los establecimientos, dedicados a la importación-exportación de materiales, tenían y estaban haciendo acopio de una gran cantidad de material sanitario, y no habían hecho la comunicación preceptiva al Ministerio de Sanidad respecto a la cantidad de material sanitario que poseían". "Además, no facilitaron información sobre el destino que se iba a dar a los artículos, más allá de que era para su venta a particulares", finalizaba el comunicado, que hacía pública de este modo lo que era la segunda gran operación contra el sector privado para intervenir equipos de protección, un bien escaso en estos momentos de crisis sanitaria.

La primera había tenido lugar apenas cuatro días antes. En concreto, el domingo previo, agentes de la Guardia Civil se personaron en un distribuidor de Jaén para decomisar 150.000 mascarillas. Se trataba de un empresario que mostró en todo momento su buena disposición y que incluso se ofreció a poner toda su maquinaria en funcionamiento todo el tiempo que pudiera para seguir suministrando producto al Gobierno. La imagen que dejó la intervención policial, sin embargo, le generó un daño reputacional que el propio dueño de la empresa, Pedro Montañés, hizo público. El Ejecutivo andaluz, además, se quejó de que las mascarillas iban a ser remitidas a hospitales de la comunidad autónoma, pues correspondían a un pedido de la Consejería de Sanidad.

Ambas intervenciones, de hecho, tuvieron una repercusión directa en el sector privado, que comenzó a ver al Ejecutivo de Pedro Sánchez como requisatorio. El propio Ministerio de Sanidad tuvo que emitir un documento para intentar calmar al sector. "No se ha previsto actividad de incautación, confiscación o requisa alguna", subrayaba el escrito firmado por el ministro Illa, que aclaraba también que la orden del Gobierno era que los proveedores españoles dieran a conocer "el 'stock' existente" de los productos que tenían, así como "prohibir" su comercialización fuera de España.

El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía han sido consultados por El Confidencial para conocer sus respectivas versiones sobre los hechos relacionados con la devolución del material a las empresas de Cobo Calleja y la relatada intervención de la embajada china para mediar. Sin embargo, ambos organismos han rechazado contestar al requerimiento.

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